El Gobierno Nacional prorrogó la declaración de Emergencia Energética hasta el 31 de diciembre de 2027, y a la vez puso en marcha un nuevo esquema para el abastecimiento durante los meses de mayor demanda, por el cual la importación y la comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) pasarán a ser realizadas por el sector privado mediante competencia, quitando ésa función a Enarsa.

Desde el ministerio de Economía se indicó que la medida, dispuesta a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 49/2026, responde a que no existe actualmente capacidad suficiente de transporte para que todo el gas disponible en cuenca llegue en volumen necesario a los principales centros de consumo, especialmente en el AMBA y el Litoral. Por eso, en invierno es necesario complementar con GNL.

Este cambio se inscribe en la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de ENARSA y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento. En línea con ese objetivo, ENARSA deja de importar y comercializar GNL y el proceso pasa a estar a cargo de operadores privados, bajo un mecanismo competitivo.

Economía argumentó que “hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores internacionales —del orden de 15 a 17 U$S por MMBTU— y luego lo vendía a valores equivalentes al precio del Plan Gas, alrededor de 2,7 U$S por MMBTU, cubriendo esa diferencia con subsidios pagados con recursos de todos los argentinos”. En rigor el precio de los cargamentos variaba de acuerdo con la cotización internacional, y muchas veces la importación fue por debajo del precio señalado por Economía.

El nuevo esquema elimina esa intermediación estatal y traslada la responsabilidad comercial y operativa al sector privado.

A partir de esta medida, se asignará por licitación el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar y quien resulte adjudicado se hará cargo de traer el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer a distribuidoras y generadores eléctricos.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación definirá las condiciones del proceso y los criterios operativos para asegurar previsibilidad. Si el procedimiento no lograra un resultado, ENARSA podrá intervenir de forma transitoria para evitar cualquier riesgo de faltantes.

Para evitar distorsiones en un contexto donde la terminal operativa es única y se vuelve un punto crítico del abastecimiento, el esquema incorpora un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno.

Ese tope se fijará en función de un marcador internacional y un adicional que cubrirá los costos logísticos y operativos —flete, regasificación, almacenaje, comercialización y traslado por gasoducto hasta el punto de entrega en Cardales. Además, ese adicional se determinará mediante un procedimiento competitivo entre empresas, de modo de reflejar eficiencia y asegurar la mejor oferta disponible.

El objetivo, se explicó, es garantizar el suministro cuando más se necesita, ordenar la formación de precios a través de competencia y avanzar en un mercado más transparente, donde el Estado deje de actuar como operador y se enfoque en asegurar reglas y control para el funcionamiento del sistema.