El presidente de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable (CEA), Martín Brandi, renovó su expectativa respecto de una prórroga por 20 años del Régimen que fomenta el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 26.191), que vence a fin de este año.
“Lamentablemente no hemos logrado ése objetivo este año (2025)”, manifestó Brandi en alusión a las gestiones encaradas por la entidad empresaria, ante el Poder Ejecutivo Nacional y en el ámbito del Parlamento, donde una iniciativa en tal sentido llegó a tener dictámen favorable de la Comisión de Energía, pero no llegó a tratarse en el recinto, y caducó.
El directivo, que es CEO de PCR Energy, destacó la importancia de la prórroga de un régimen que ofrece estabilidad fiscal de largo plazo, lo que redundó en “inversiones por más de ocho mil millones de dólares”.
En lo inmediato, la CEA espera que en la Ley de Presupuesto 2026, que habrá de tratarse en las sesiones extraordinarias durante el mes en curso, se incluya un artículo que prorrogue al menos por un año la vigencia del esquema fiscal todavía vigente, mientras se impulse la nueva ley para renovables.
Al respecto, y en el marco de una encuentro organizado por la Cámara, y al cual asistió la Secretaria de Energía, María Tettamanti, Brandi manifestó que “todas las fuerzas políticas (representadas en el Parlamento) han manifestado apoyo a la prórroga solicitada”.
Por su parte, Tettamanti consideró ante los empresarios “muy importante garantizar la estabilidad fiscal en el sector por al menos otros 20 años”. Admitió no obstante un desacople entre los tiempos políticos de la gestión gubernamental y los requeridos por la CEA para resolver la prórroga esperada.
Y destacó la tarea encarada por el gobierno “para lograr una macro ordenada, y un país que sea viable”. Asimismo agradeció la ayuda brindada por el sector generador renovable para el diseño de la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, en proceso de desarrollo.
La escucharon, entre otros, el vicepresidente de CEA y CEO de Genneia, Bernardo Andrews, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz; Adrian Salvatore (Central Puerto), Rodolfo Freyre (PAE), y Gonzalo Jurado (Total Energies).
Impulsada por el gobierno nacional, en 2015 el Congreso sancionó con amplio consenso político la Ley 27.191 de Energías Renovables, fundamental hacia la diversificación y reducción de emisiones de su matriz energética.
La implementación de la ley permitió, en diez años, pasar de una participación prácticamente nula de las energías renovables en la generación eléctrica, a 7,1 GW de capacidad instalada, liderada por la eólica y solar, aunque aún no se alcanzó la meta del 20 % de la producción en la torta energética que había sido prevista en la ley para el 2025. La producción actual ronda el 17 por ciento.
La red de transporte en A.T.
Otro factor clave para la continuidad del desarrollo de energías renovables está dado por la red de transporte en Alta Tensión, que presenta serias limitaciones en su extensión y ampliación de capacidad, lo que está aletargando el desarrollo de nuevas inversiones en el rubro, a la espera de mejoras en la disponibilidad para sumar energía al sistema.
Al respecto, la secretaria Tettamanti volvió a referirse a la intención del gobierno de avanzar con licitaciones para el tendido de nuevas redes, a cargo del sector privado, anunciadas hace varios meses.
En julio último la S.E. dictó la resolución 311/2025, para avanza con la ejecución del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, al definir las tres primeras obras estratégicas que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados.
“Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos”, se indicó.
Consultada al respecto, Tettamanti estimó ahora que en el curso del primer cuatrimestre del 2026 será activada la primera licitación, empezando por la AMBA I.
Las obras seleccionadas son AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40 % del consumo eléctrico nacional.
Luego sería el turno de la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo, a la vez que permitirá evacuar parte de la generación del COMAHUE; y de la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
Estas obras forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria. La planificación se basó en estudios técnicos liderados por la Secretaría de Energía junto a CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.




