En el marco de la negociación del Régimen de Transición, el Ente Regulador aplicó el aumento promedio del 17% del Precio Estabilizado de la Energía determinado por la Secretaria de Energía, la adecuación del 41% en promedio para el segmento de Transporte y del 4% para las distribuidoras. En este sentido, la adecuación tarifaria para el 2022 tendrá un impacto, en las Personas Usuarias del AMBA, del 22% promedio.
Como conclusión de la Audiencia Pública celebrada los días 17 y 18 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aplicó lo determinado por la Secretaria de Energía de la Nación, entorno a los valores definidos para el Precio Estacional de la Energía aprobado mediante la Resolución N° 105/2022 de la Secretaria de Energía de la Nación.
Asimismo, luego de analizar la postura de las empresas concesionarias de transporte y distribución de energía eléctrica y con el objetivo de brindar una adecuada solución de coyuntura atendido la demanda de las personas usuarias, expuestas en la Audiencia Pública. Mediante las Resoluciones ENRE N° 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 y 76/2022 y bajo la premisa de sostener “la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”, según lo dispuesto por el Decreto N° 1020/2020.
El Ente otorgo un incremento para el corriente año del 4% de la tarifa promedio de las personas usuarias de EDENOR y EDESUR, y del 41% promedio para las empresas Transportistas, que regirán a partir del 1o de marzo del corriente.
Por otra parte, el Ente Nacional Regulador emitió las Resoluciones ENRE 64 y 65/2022 en las cuales reglamento la calidad de servicio que las transportistas y distribuidoras de energía eléctrica deberán aplicar para el periodo marzo 2022 a febrero 2023.
Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos, mediante la aplicación de una política tarifaria que preserve la recuperación de la economía de las familias y acompañe la recuperación de la actividad económica y productiva.
