El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 695/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, oficializó la autorización para iniciar el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la generación nuclear del país. Esta medida responde a la política de reducción del déficit fiscal del gobierno y tiene como objetivo principal asegurar la financiación futura y la eficiencia operativa de la compañía mediante la incorporación de capitales privados.La decisión de privatización se impulsa para obtener financiamiento complementario para proyectos estratégicos de gran envergadura y coste elevado. Específicamente, NASA requiere fondos para la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, cuya reincorporación al sistema eléctrico se anticipa para el año 2027, y para la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una obra crucial que permitirá la continuidad de la operación de la Central Nuclear Atucha II.
El Estado mantendrá el control mayoritario
El plan de desinversión ha sido diseñado para respetar la Ley N° 27.742, que establece la obligatoriedad de que el Estado Nacional mantenga la participación mayoritaria en el capital social de NASA. La venta de acciones se instrumentará mediante un mecanismo dual. Por un lado, el cuarenta y cuatro por ciento (44%) del capital social se ofrecerá a inversores privados a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. Por otro lado, un cinco por ciento (5%) de las acciones será reservado para la organización de un propgrama de propiedad participada, brindando preferencia de adquisición a los empleados de la empresa.
Una vez concretadas estas operaciones, el cincuenta y uno por ciento (51%) del paquete accionario de NASA seguirá en poder del Estado Nacional, distribuido entre la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De esta forma, el gobierno se garantiza la conservación del control estratégico sobre la actividad nuclear nacional.
El Ministerio de Economía ha sido designado como la Autoridad de Aplicación del proceso, y deberá dictar todas las normas operativas y complementarias que resulten necesarias, contando con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformaciòn de Empresas Pùblicas. Asimismo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá intervenir para expedirse sobre la factibilidad de la implementación del Programa de Propiedad Participada. El decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.