A través del Decreto 286/2035, el Gobierno inició el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

Como primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se realizará mediante concurso público nacional e internacional.

Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica.

El objetivo de esta modalidad es “garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”. La privatización total de Enarsa fue definida como “el medio más idóneo” para “asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva”.

De acuerdo a lo que se indica en los considerandos del decreto, en las condiciones actuales “resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados” para mejorar su funcionamiento.

El texto añade además que “la intervención estatal a través del desarrollo de actividades propias del sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado Nacional y la gestión de los servicios públicos”.

En ese contexto, se señala que en 2023 el Estado Nacional realizó aportes a la empresa por “la suma aproximada de pesos un billón doscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y ocho mil ($1.234.888.578.000)”.

Finalmente, se establece que “la referida propuesta no prevé el otorgamiento de preferencias -contempladas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias- ni la aplicabilidad de un programa de propiedad participada”. Esto implica que el proceso de privatización no contemplará beneficios especiales para los actuales accionistas, como Pampa Energía, ni para los trabajadores de Enarsa”.

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