El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 564/2025, formalizó el inicio del proceso de transferencia y venta de las acciones de cuatro sociedades anónimas creadas para operar los complejos hidroeléctricos El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue.

Estas sociedades fueron constituidas por ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA), que posee el 98% del paquete accionario, y por NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (NASA), con el 2% restante. El decreto autoriza la transferencia de las acciones de ENARSA a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que será la encargada de gestionar la venta de estas acciones mediante un concurso público nacional e internacional sin base, es decir, sin precio mínimo establecido para las ofertas.

Las concesiones originales para la operación de estos complejos, que habían sido otorgadas a empresas privadas durante los años 90 por un plazo de treinta años, ya han vencido. Mientras se completa el proceso de venta, las actuales concesionarias AES Argentina Generación (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila) podrán continuar operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete la adjudicación del concurso, lo que ocurra primero.

Para poder mantener la operación en este período transitorio, las concesionarias deben enviar una carta de adhesión en un plazo de cinco días corridos desde la publicación del decreto. En caso de que alguna empresa no adhiera, estará obligada a continuar operando por al menos 90 días hábiles para permitir al Estado Nacional tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad del servicio.

Además, el decreto establece que las concesionarias que continúen operando deberán cumplir con las obligaciones contractuales vigentes, mantener una garantía de cumplimiento equivalente a 4,5 millones de dólares, y abonar las regalías correspondientes a las provincias de Río Negro y Neuquén. También se establece la obligación de presentar informes periódicos sobre el inventario de bienes y equipos y de permitir visitas a los perímetros de las concesiones por parte de interesados en el concurso.

El Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, será responsable de convocar el concurso público en un plazo no mayor a 60 días desde la vigencia del decreto y de dictar las normas necesarias para su correcta ejecución.

El decreto entró en vigencia el 8 de agosto.