En medio de una transición energética marcada por restricciones fiscales y una inflación aún elevada, el Gobierno nacional avanza con una redefinición profunda del esquema de subsidios a la energía.
Los datos de mayo 2025, publicados en el informe “Tarifas y Subsidios – Mayo 2025” elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), una institución conjunta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), revelan un cambio estructural en la relación entre gasto público, precios mayoristas y tarifas finales que impacta de forma directa sobre millones de hogares argentinos.

Menos subsidios, más señal de precio

El gasto en subsidios energéticos cayó un 66% interanual real en abril de 2025, confirmando una tendencia descendente que ya había sido anticipada en los primeros meses del año. Este ajuste —motorizado tanto por aumentos tarifarios como por recortes en los segmentos altos— llevó el desembolso acumulado a abril a US$ 1.560 millones, frente a los US$ 4.660 millones del mismo período en 2024.
Este retroceso devuelve los niveles de asistencia al rango observado en 2019, año que marcó el fin del anterior ciclo de contención tarifaria.
El impacto es doble: por un lado, se libera presión sobre las cuentas públicas —el gasto en subsidios representó solo el 0,9% del PBI en el primer cuatrimestre—; por otro, se traslada progresivamente el costo real de la energía al usuario final.
El 95% del gasto en subsidios energéticos corresponde a los segmentos de electricidad (60%) y gas (36%). El resto se distribuye entre el Fondo Compensador al Interior (transporte y distribución) y otros programas menores.
En el caso de la electricidad, la cobertura estatal sobre el precio mayorista cayó al 30%, mientras que en el gas se ubica en torno al 40%, lo que implica que los usuarios residenciales y comerciales afrontan una proporción cada vez mayor del costo real. A esto se suman segmentaciones geográficas (como la exclusión automática de urbanizaciones premium) y climáticas (zonas frías), lo que introduce una diferenciación más refinada en el reparto de beneficios.

El ascenso de las tarifas reales

En paralelo, las tarifas reales —ajustadas por inflación— comenzaron a recuperar terreno tras años de congelamiento. Las estimaciones de la Secretaría de Energía muestran un aumento de más del 60% en términos reales respecto a abril de 2024, lo que se traduce en una mayor carga sobre los hogares de ingresos medios y altos, que han dejado de recibir compensaciones generalizadas. Para los hogares N1 (ingresos altos), la quita de subsidios ya es prácticamente total. En el caso de los hogares N2 (ingresos bajos), se mantiene una cobertura de entre el 80% y el 85%, mientras que los N3 (segmento medio) enfrentan un esquema intermedio, con quitas progresivas que dependen del consumo y la localización geográfica.

Subsidios focalizados y ahorro fiscal

El nuevo régimen establece un tope de consumo subsidiado para los usuarios N2 y N3, medido en kWh/mes para la electricidad y en m³/mes para el gas, por encima del cual rige el costo pleno. Esta política busca inducir eficiencia, contener el gasto público y reducir la regresividad del sistema anterior, donde los hogares de mayores ingresos recibían proporcionalmente más transferencias que los sectores vulnerables.

En los primeros cinco meses del año, el superávit fiscal primario se consolidó en parte gracias al recorte de subsidios energéticos, que explican buena parte del ahorro registrado por el Tesoro. Si bien persisten tensiones sociales derivadas de los aumentos, el Gobierno sostiene que el esquema vigente representa una senda sostenible tanto económica como ambientalmente.

Una política que se ancla en números

• Gasto en subsidios acumulado enero–abril 2025: USD 1.560 millones.
• Gasto equivalente enero–abril 2024: USD 4.660 millones.
• Reducción interanual real: –66%.
• Peso sobre el PBI (estimado anual 2025): 1.1%.
• Distribución: Electricidad 60%, Gas 36%, Otros 4%.
• Tarifa real promedio: +60% vs. abril 2024.
Lejos de constituir un ajuste silencioso, la transformación del régimen de subsidios energéticos representa un giro de fondo en la estrategia fiscal y energética del país. La convergencia hacia precios reales, la focalización del gasto y la desregulación parcial de tarifas configuran un nuevo escenario donde la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad económica vuelven a ocupar el centro del tablero.

¿Será capaz el sistema de sostener esta trayectoria en medio de un invierno que se anticipa riguroso y con presiones sociales en aumento? La respuesta dependerá no solo del termómetro, sino de la consistencia de las decisiones políticas.