OPINION

. Comunicado de la Secretaría de Energía del Partido Justicialista

El Gobierno Nacional lleva adelante en materia de energía una clara política de entrega de activos estratégicos y capacidades nacionales, que busca el sometimiento y la renuncia al desarrollo autónomo, soberano y libre.

Los ejemplos más claros son la destrucción del sector nuclear y la privatización ruinosa de las centrales hidroeléctricas del Comahue.

A pesar de planes con nombres grandilocuentes -pero vacíos de contenido-, el sector nuclear atraviesa un proceso de paralización, despidos y desguace. La gestión actual abandonó el CAREM, pequeño reactor modular de diseño argentino, que tenía un avance superior al 70 por ciento, uno de los mayores a nivel mundial para proyectos de este tipo, lo que le daba un enorme potencial exportador.

En su lugar, las actuales autoridades decidieron impulsar otra iniciativa, desde cero, con pocos antecedentes, cuya patente es compartida con una empresa extranjera. De esta manera se evidencia el interés geopolítico y la pérdida de autonomía que esconde esta decisión.

Asimismo, resulta preocupante la suspensión de otros proyectos fundamentales como la construcción de las centrales nucleares Atucha III y IV, que contaban con financiamiento chino y transferencia de tecnología que iba a permitir por primera vez el desarrollo de centrales nucleares de uranio enriquecido, mientras se demora la extensión de vida de Atucha I, iniciada durante el gobierno anterior.

Sin dudas, el objetivo de todas estas acciones es la entrega de capacidades nacionales -acumuladas durante décadas y reconocidas internacionalmente- para ponerlas al servicio de un modelo de sometimiento que condena y posterga a nuestro pueblo.

El desarrollo nuclear argentino es hijo de la visión estratégica de Juan Domingo Perón, que creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1949, antes incluso que grandes potencias, y puso en marcha en 1974 la primera central nuclear de Latinoamérica.
Este complejo nuclear pudo resistir las políticas neoliberales de los años ´90 gracias al compromiso de su trabajadores, hasta la reactivación que impulsó Néstor Kirchner en 2006, con el logro de la finalización de Atucha II, tras años de parálisis.

A su vez, la privatización de las represas del Comahue tendrá consecuencias gravosas por los próximos 30 años, en tanto se dolarizan los ingresos de los concesionarios y se actualizarán por la inflación de Estados Unidos, lo que va a encarecer el costo de la energía para nuestras industrias, hogares y comercios, además de someter a nuestro país a juicios internacionales debido a la insostenibilidad del actual régimen cambiario.

De la misma manera, el nuevo esquema dará a los nuevos administradores de las centrales la posibilidad de que puedan disponer luego de una cantidad de años de toda la energía producida sin la obligación de venderla al Mercado Eléctrico, lo que implica que el sistema nacional pierde un recurso fundamental.

Es por ello que además de denunciar esta grave situación, exigimos se desista del desarme del sector nuclear y la entrega vil de las represas del Comahue, que sin dudas constituyen un pilar fundamental de un proyecto nacional soberano, de empleo y desarrollo para todos los y las argentinas.