Mientras los cortes se multiplican y la calidad del servicio se degrada, Enel consolida ganancias récord en Sudamérica, apoyada en una estrategia regional que privilegia la rentabilidad de corto plazo sobre la inversión en infraestructura. La laxitud regulatoria, la debilidad de los organismos de control y el bajo costo político de incumplir contratos en Sudamérica configuran un terreno fértil para eludir exigencias, apelar sanciones y maximizar dividendos.
La eventual venta de Edesur aparece como una hipótesis cada vez más presente en el escenario argentino, aunque todavía envuelta en ambigüedad política y regulatoria. Para Enel, una desinversión permitiría reducir exposición a un activo social y políticamente conflictivo, con elevados pasivos en materia de imagen y aumento de las exigencias de inversión, en un país donde la rentabilidad futura dependerá tanto de tarifas como de la tolerancia estatal a un servicio deficiente.
Sin embargo, lcualquier operación de venta estaría condicionada por el aval del Estado (poder concedente) y del regulador, por la definición previa del marco tarifario y por la necesidad de garantizar continuidad del servicio, lo que reduce el universo de compradores que pretendan “hundir” capitales en un negocio típico de flujo de caja, con alto riesgo regulatorio.
En ese sentido, más que una salida inminente, la venta podría funcionar ser una estratégica de Enel como carta de negociación frente al regulador y al gobierno, que algo deberá hacer frente a los reclamos y a la mala calidad del servicio.
El corte de siempre
El apagón masivo de Edesur y el aumento tarifario son dos caras de una misma experiencia social: el deterioro del servicio eléctrico de la distribuidora italiana en un contexto de ajuste tarifario. El hecho de que casi un millón de personas, el penúltimo día del año, quedaran sin luz en una madrugada de calor extremo, mientras se oficializaba un nuevo cuadro tarifario, refuerza una percepción de desprotección del usuario y de disonancia entre discurso oficial y realidad cotidiana.
Desde el punto de vista institucional, se percibe una doble falla. Por un lado, la técnica —histórica y consuetudinaria— de Edesur que dejó en evidencia la falta de inversiones que fragilizan la infraestructura y la deficiente capacidad de respuesta ante eventos críticos. Por otro, la falla regulatoria y comunicacional: el colapso de la web del ENRE en el momento de mayor demanda de información simboliza la desidia del propio Estado como regulador y garante efectivo del cumplimiento del contrato de concesión frente al desinterés de las concesionarias.
En términos económicos, la paradoja central del ajuste: se incrementan las tarifas —tanto en distribución como en el precio mayorista de la energía— sin que ello se traduzca, al menos de manera inmediata y visible, en mejoras de calidad o confiabilidad del suministro. El aumento aparece así no como una herramienta para fortalecer el sistema, sino como una mera transferencia de recursos del usuario a la multinacional que agrava el malestar social.
Corte a la italiana
Durante la primera semana de marzo de 2025, se registraron dos cortes masivos de energía eléctrica en el mismo día y en concesión de EDESUR, que afectaron a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El primer apagón, ocurrido en horas de la mañana, dejó sin suministro a aproximadamente 550.000 usuarios y el segundo apagón afectó a unos 622.000 usuarios, lo que equivale a aproximadamente dos millones de personas. El apagón afectó a los tres poderes de la nación: la Casa de Gobierno, el Congreso y el Palacio de Tribunales.
Este corte también fue atribuido a fallas en una o dos líneas de alta tensión que impactó en varias subestaciones. Las zonas más afectadas incluyeron barrios porteños como Almagro, Balvanera, San Nicolás y Barracas, así como localidades del sur del conurbano, entre ellas Dock Sud, Avellaneda, Lanús, Gerli y Wilde.
El apagón generalizado coincidió con una jornada de muy altas temperaturas, lo que incrementó la demanda de energía y agravó la situación para los usuarios afectados. Con 44 grados de sensación térmica, sin semáforos, y sin energía en las antenas repetidoras de señal de telefonía celular, Buenos Aires fue un caos.
Crisis permanente
La mala calidad del servicio de Edesur se remonta a las postrimerías de las privatizaciones. Una permanente crisis operativa encuentra su origen en una serie de factores estructurales y operativos desde la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem y, pese a los compromisos asumidos, la calidad del servicio nunca mejoró.
Desde su privatización, Edesur permaneció bajo control de capitales chilenos hasta que, en febrero de 1999, sufrió un apagón de proporciones históricas, consecuencia directa de la falta de inversiones en las redes eléctricas, pese a casi ocho años de tarifas dolarizadas. Este colapso del servicio, que se extendió durante once días —del 15 al 26 de febrero—, dejó sin suministro a miles de usuarios en pleno verano, convirtiéndose en el corte más prolongado registrado en la historia eléctrica argentina.
El impacto de aquel apagón fue devastador para la imagen de la empresa, generando un profundo malestar entre los usuarios y desencadenando una ola de protestas, cortes de calles y fuertes sanciones por parte de las autoridades.
La crisis aceleró cambios en la estructura accionaria de la compañía: hacia mediados de 1999, las acciones de Chilectra fueron absorbidas por la española Endesa, y en 2009, con la adquisición de esta última por parte del Grupo Enel, la multinacional italiana pasó a controlar Edesur junto con otros activos estratégicos a nivel local
Inversiones
El sistema eléctrico de la empresa exhibe un marcado deterioro como consecuencia de la falta de inversiones en mantenimiento y modernización de su infraestructura. Las líneas de alta tensión y las subestaciones, elementos vitales para la estabilidad del suministro, sufren fallas recurrentes debido a su antigüedad y a la ausencia de renovaciones oportunas. Algunas de las líneas subterráneas capitalinas son anteriores a la existencia de SEGBA.
No es extraño, por tanto, que los viejísimos cables soterrados y las instalaciones aéreas, con muchas décadas en funcionamiento, se tornen cada vez más vulnerables ante las altas temperaturas, las sobrecargas y el creciente consumo de energía.
A esta problemática se suma un incremento en la demanda que la compañía no ha sabido abastecer. En jornadas de altas temperaturas, cuando el uso de aires acondicionados y equipos eléctricos se dispara, la red de distribución de Edesur revela su incapacidad para abastecer de manera confiable a todos los usuarios dentro de su área de concesión. La precariedad del sistema, en estos casos, se traduce en interrupciones del servicio que afectan tanto a hogares como a industrias y comercios, generando un impacto negativo en la vida cotidiana y la actividad económica.
Más allá de los problemas técnicos y de capacidad, la gestión empresarial de Edesur ha sido objeto de críticas y sanciones por parte de las autoridades. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha multado en reiteradas ocasiones a la compañía por su incumplimiento en los estándares de calidad del servicio. En este contexto, el Gobierno nacional ha advertido en más de una oportunidad sobre la posibilidad de revocar la concesión, ante la persistencia de cortes masivos y la falta de respuestas efectivas a los reclamos de los usuarios. Asimismo, se ha cuestionado la estrategia financiera de la empresa, que ha sido acusada de privilegiar el reparto de dividendos entre sus accionistas en lugar de destinar los fondos necesarios para el mantenimiento y fortalecimiento de su infraestructura. Frente a esta situación, el Estado y el ENRE evalúan la adopción de nuevas sanciones y medidas regulatorias que garanticen una mejora sustancial en la prestación del servicio. Mientras tanto, la presión de los usuarios y de distintos municipios se intensifica, exigiendo una intervención más firme que impida la repetición de los cortes prolongados y asegure el acceso a un suministro eléctrico estable y confiable.
¿Estrategia de rentabilidad o pésimo gerenciamiento?
La filial sudamericana de Enel, Enel Américas, propietaria de Edesur, presenta un patrón de incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico, marcado por cortes prolongados, deficiencias en mantenimiento e inversiones incumplidas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. La estrategia parece estar enfocada en maximizar utilidades a corto plazo, aprovechando la laxitud regulatoria de los “estados bobos” sudamericanos, lo que permite a la multinacional italiana priorizar la reducción de costos sobre la calidad del servicio y la atención al cliente.
Enel Américas presentó resultados financieros sobresalientes para el año fiscal 2024. La empresa alcanzó un ingreso neto récord de US$ 2.600 millones, lo que representa un incremento significativo en comparación con años anteriores. El EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se mantuvo estable en US$ 3.700 millones, a pesar de los desafíos en sus principales mercados. Como resultado repartió un dividendo total de US$ 800 millones en 2024, triplicando el dividendo por acción en comparación con el año anterior.
Argentina
No obstante las cifras de ganancias, Enel, la propietaria de Edesur, ostenta un compendio de incumplimientos a lo largo del continente que es digno de destacar. En Argentina, además de la mala calidad del servicio de Edesur —generalmente por falta de inversión— se destacan los cortes prolongados en el área metropolitana de Buenos Aires, afectando a miles de usuarios durante períodos críticos, como olas de calor o frío.
Además, muestra retrasos en las inversiones comprometidas, con claros incumplimientos en las inversiones estipuladas en planes regulatorios, lo cual ha impactado negativamente en la calidad y expansión de la red eléctrica.
Edesur ha sido señalada por su lenta respuesta en la reposición del servicio tras emergencias climáticas, como tormentas, lo que ha generado conflictos con el ENRE y la posibilidad de sanciones más severas, incluyendo la revisión de su licencia.
Enel São Paulo
El futuro de la concesión de distribución eléctrica de Enel São Paulo se volvió particularmente incierto a raíz de la reiteración de apagones masivos que dejaron, una vez más, a millones de personas sin suministro durante varios días en la mayor ciudad de Brasil.
En la Región Metropolitana de São Paulo, área bajo concesión de Enel, un apagón iniciado el miércoles 10 de diciembre se extendió hasta las 22 horas del jueves siguiente y afectó a más de 1,3 millones de usuarios. Este episodio no fue aislado: el corte masivo anterior había ocurrido en septiembre del mismo año, reforzando la percepción de recurrencia y fragilidad del servicio.
En este contexto, en octubre el Ministerio Público Federal se pronunció a favor de una solicitud del Ayuntamiento de São Paulo que reclamaba la suspensión inmediata del proceso de prórroga anticipada del contrato de concesión de Enel con el municipio. La crisis también escaló al plano político. El gobernador estadual, Tarcísio de Freitas, quien había declarado que iba a “luchar hasta el final” para “barrer” a Enel del estado, volvió a cuestionar públicamente el desempeño de la concesionaria. Señaló como problemas centrales la falta de flexibilidad en la atención a los usuarios y el incumplimiento de las inversiones comprometidas en la red. “La concesionaria tiene que invertir, y quien tiene el poder de exigirle eso es el regulador”, afirmó ante la prensa el jueves 12 de diciembre.
En paralelo, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) inició un proceso formal contra la multinacional italiana a raíz del apagón que dejó sin suministro a 3,1 millones de usuarios en São Paulo y su zona metropolitana. El organismo abrió varios expedientes sancionatorios por el “reiterado servicio insatisfactorio a los consumidores en situaciones de emergencia”, en particular durante el fenómeno meteorológico extremo del 11 de octubre, y por el “incumplimiento del plan de contingencia” previsto para ese tipo de eventos.
El informe de la denuncia detalla presuntos fallos y transgresiones que, en última instancia, podrían llevar a la ANEEL a recomendar la rescisión del contrato de concesión. A ello se suman inversiones incumplidas en la red eléctrica, que derivaron en problemas de sobrecarga y fallas estructurales del sistema de distribución, así como la acumulación de multas por deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura, agravando el impacto de los cortes sobre los usuarios.
Enel en Perú
En Perú, Enel Distribución Perú también ha enfrentado diversos incumplimientos y problemas operativos en los últimos años, que incluyen cortes de suministro prolongados, especialmente durante eventos climáticos adversos como lluvias torrenciales o sismos. La reposición del servicio ha sido lenta, lo que ha afectado a miles de usuarios en Lima y otras áreas de su concesión. Estos cortes recurrentes han generado sanciones por parte del regulador peruano, Osinergmin, por no cumplir con los tiempos máximos permitidos para la reposición del servicio.
Enel Perú ha sido señalada por el regulador y por asociaciones de consumidores por deficiencias en el mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica, lo que ha llevado a una mayor frecuencia de fallas en la red, especialmente en sectores vulnerables. Las inspecciones de Osinergmin han identificado problemas de mantenimiento en postes, transformadores y líneas de transmisión, lo que ha resultado en sanciones administrativas y multas para la empresa.
Colombia
En Colombia, Enel Colombia (anteriormente conocida como Codensa) despliega los mismos incumplimientos y problemas operativos observados en otras subsidiarias de Enel en América Latina. Cortes de energía prolongados en Bogotá y Cundinamarca, especialmente durante fenómenos climáticos como lluvias intensas y tormentas eléctricas, han afectado a miles de usuarios, generando malestar y protestas. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha intervenido en varias ocasiones, exigiendo a la empresa que mejore la gestión de incidentes y reduzca los tiempos de interrupción para cumplir con los estándares de calidad del servicio. La SSPD sancionó a Enel Colombia por deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de la red eléctrica, lo cual ha incrementado la frecuencia de fallas en la infraestructura.
Enel Chile
Siguiendo el patrón del resto de los países sudamericanos, Enel Chile enfrenta multas millonarias en los últimos años por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), principalmente debido a cortes prolongados de energía durante eventos climáticos severos, como tormentas y vientos fuertes. En 2021, la empresa fue sancionada con $3.900 millones de pesos por la lenta reposición del servicio tras un sistema frontal que afectó a miles de usuarios en la Región Metropolitana. La SEC ha señalado que estos incumplimientos violan las normativas de calidad del suministro eléctrico, ya que la empresa no ha logrado restablecer el servicio en los tiempos establecidos.
Multas y apelaciones
Enel ha optado por apelar las multas impuestas en los diferentes Estados de América Latina, argumentando que algunas sanciones no reflejan las inversiones ni las mejoras implementadas en sus operaciones. En Brasil, por ejemplo, Enel tiene multas por más de 300 millones de reales (aproximadamente US$ 60 millones) debido a apagones prolongados en São Paulo. La empresa ha confirmado que parte de las multas ha sido pagada, mientras que otras se encuentran en proceso de apelación, siguiendo el procedimiento administrativo brasileño.
Máximas ganancias
La serie de multas y sanciones que Enel ha enfrentado en varios países de Sudamérica por problemas de calidad del servicio, deficiencias en el mantenimiento de la red y falta de inversiones comprometidas sugiere la presencia de un patrón de operación coordinado enfocado en maximizar las ganancias a corto plazo, sacrificando la calidad del servicio. Las estrategias comunes, como la reducción de Capex, demoras en la reposición del servicio y la atención deficiente al cliente, parecen más vinculadas a decisiones corporativas que a simples errores de gestión local.
Sin embargo, la magnitud y frecuencia de los problemas también dejan entrever cierto nivel de inoperancia de las gerencias locales, que no logran anticiparse adecuadamente a las crisis o manejar de forma eficiente las demandas regulatorias. La combinación de ambas características —decisiones estratégicas corporativas y fallas operativas locales— indica un enfoque de Enel en la región que prioriza la reducción de costos y la optimización de utilidades sobre el cumplimiento de los estándares de servicio establecidos en las Reglas Básicas de la Licencia y en el Reglamento del Servicio.
La Armada Brancaleone
En este escenario, el Regulador aparece tensionado entre su función formal y su desempeño efectivo. Como autoridad de control y garante del contrato de concesión, el ENRE tiene la potestad de fiscalizar inversiones, sancionar incumplimientos y proteger a los usuarios frente a un servicio deficiente. Como la armada de Brancaleone, el regulador “marcha”, pero no conduce; “sanciona”, pero no corrige; “comunica”, pero no contiene: los episodios recurrentes exhiben una debilidad estructural en el ejercicio de esas atribuciones.
La reiteración de cortes masivos, la persistencia de fallas en la infraestructura y la lentitud en la respuesta ante emergencias climáticas revelan un regulador que actúa mayormente de forma reactiva, apoyado en multas y advertencias que no logran modificar la conducta de la concesionaria. A ello se suma una dimensión comunicacional crítica: el colapso de sus canales de información en momentos de máxima demanda social refuerza la percepción de un Estado ausente, incapaz de ofrecer previsibilidad, transparencia y contención en situaciones de crisis.
Así, el ENRE queda expuesto no solo como un regulador con herramientas limitadas frente a una empresa dominante, sino también como un actor central en la brecha entre el mandato legal y contractual de control y la experiencia concreta de desprotección que viven los usuarios.
La Commendatrice
Enel sigue navegando las aguas del negocio eléctrico apoyado en la fuerza y capacidad del Estado italiano para hacer lobby: el vínculo entre Enel, Giorgia Meloni y Javier Milei no es directo ni orgánico, pero existe una convergencia clara de intereses y afinidades en el plano político-económico que ayuda a explicar la suerte de Edesur. Enel es una empresa estratégica para el Estado italiano: el gobierno de Italia conserva una participación accionaria relevante y capacidad de influencia política sobre sus decisiones. En ese marco, el ascenso de la liberal Giorgia Meloni no modificó el carácter “nacional-estratégico” de Enel, pero sí consolidó una visión pragmática: defensa de los intereses globales de las grandes empresas italianas, énfasis en rentabilidad, disciplina financiera y respaldo político frente a conflictos regulatorios en el exterior. En América Latina, Enel es uno de los principales vehículos de presencia económica italiana.
Meloni hace eso que Milei detesta: fortalecer el Estado y respaldar a las empresas estatales. El gobierno argentino promueve una agenda de desregulación, reducción del rol del Estado y recomposición tarifaria acelerada, que beneficia objetivamente a grandes concesionarias privadas, incluso cuando su desempeño operativo es deficiente. Para Enel —y particularmente para Edesur— este contexto abre una ventana de oportunidad: mayores ingresos tarifarios, expectativa de menor presión política inmediata y una relación más contractual que social con el Estado.
No hay un acuerdo explícito ni coordinación formal entre los tres actores, pero sí una alineación funcional: Enel como actor económico transnacional protegido por el Estado italiano; Meloni como garante político de los intereses estratégicos italianos; y Milei como presidente que impulsa un marco regulatorio y tarifario favorable a grandes concesionarias. La convergencia no explica los problemas del servicio, pero sí ayuda a entender por qué el desastroso servicio sigue siendo políticamente tolerado.
Reguladores, uníos
Desde la percepción social más inmediata, la unificación de los entes no se interpreta como una mejora institucional sino como un gesto de ordenamiento administrativo. Esa lectura, lejos de ser neutra, produce efectos desiguales. En electricidad, el usuario parte de una experiencia ya deteriorada: cortes visibles, conflictos tarifarios recurrentes y una relación cotidiana de frustración.
En ese contexto, que el regulador se diluya en una estructura mayor apenas modifica la imagen previa del ENRE, ya asociada a distancia o ineficacia. El costo simbólico adicional es bajo. En gas sucede lo inverso: el contacto con el regulador es menos frecuente, pero está cargado de sentido técnico y preventivo —seguridad, inspecciones, habilitaciones—. ENARGAS había logrado encarnar esa especialización. Al unificarse, esa identidad se diluye: el usuario deja de reconocer una autoridad nítida para un servicio que percibe como riesgoso. Ante un incidente grave, el nuevo ente puede ser visto como más lento, más burocrático y menos experto, erosionando un activo crítico: la confianza en materia de seguridad.
Para los usuarios, el saldo es claro: el regulador gasífero pierde más de lo que la electricidad gana. Desde la mirada de inversores y empresas reguladas, la interpretación es más homogénea y menos benévola. La existencia de reguladores sectoriales separados suele leerse como señal de especialización, previsibilidad y autonomía. La fusión, en cambio, se decodifica como recentralización política y pérdida de independencia decisional. Ese mensaje impacta con mayor fuerza en el gas, un sector intensivo en inversiones de largo plazo —upstream, transporte, almacenamiento— donde la estabilidad regulatoria es decisiva, y donde ENARGAS había construido una reputación técnica apreciada. Al perder entidad propia, esa reputación se diluye. En electricidad, la señal negativa existe, pero confirma expectativas ya formadas: el ENRE era percibido desde hace tiempo como un regulador de autonomía limitada. En términos de imagen, el gas sacrifica más credibilidad institucional que la electricidad logra recuperar.
La comparación internacional refuerza este diagnóstico. Allí donde se unificaron reguladores energéticos, los resultados fueron ambiguos o negativos cuando la motivación fue fiscal o política, y solo positivos cuando la fusión formó parte de una reforma integral, con diseño institucional nuevo y legitimidad clara. El Reino Unido logró sostener un regulador único porque creó desde cero una autoridad con identidad fuerte y poderes definidos; no absorbió un ente sólido en otro más cuestionado. Además, entre lores: “One does not tread on another’s prerogatives”. En España, la CNMC mejoró la coordinación macro, pero diluyó la especialización sectorial, y en energía muchos actores perciben una pérdida de foco técnico, especialmente en gas. En América Latina, las fusiones suelen asociarse a recortes y control político, con un efecto recurrente: degradación de la imagen técnica y aumento de la conflictividad regulatoria. La lección es consistente: cuando se fusiona un regulador relativamente sólido con otro más debilitado, el promedio no eleva al más débil; reduce al más fuerte.
Para los usuarios, el servicio de gas pierde una autoridad clara; para inversores y empresas, la señal de previsibilidad se debilita; y en la experiencia comparada, la imagen técnica solo se preserva si la unificación viene acompañada de una reforma profunda, creíble.
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