A las puertas de un nuevo invierno, la estrategia oficial orientada a retirar al Estado de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y transferir dicha función al sector privado ha comenzado a generar resistencias en ámbitos industriales. La Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA) formalizó su inquietud ante la Secretaría de Energía, advirtiendo que el esquema propuesto introduce señales que considera “sumamente distorsivas” en términos de precios, disponibilidad y operatoria.
En una nota firmada por su presidente, Gabriel Pablo Vendrell —quien a su vez se desempeña como gerente de Aluar—, la entidad expresó su preocupación por la eventual asignación de GNL importado en un contexto internacional signado por la volatilidad energética, al tiempo que destacó la pérdida de competitividad que atraviesan diversos sectores de la industria nacional. El planteo se inscribe, además, en un escenario de tensiones entre el Gobierno y actores industriales relevantes, como el empresario Javier Madanes Quintanilla, en el marco del conflicto suscitado por el cierre de FATE.
ACIGRA nuclea a grandes consumidores industriales de gas natural y concentra aproximadamente la mitad del consumo fabril del país. Entre sus miembros se encuentran compañías de peso como Aluar, Aceitera General Deheza, Aceros Zapla, Arcor, Cargill, Peugeot y Profertil, lo que otorga especial relevancia a su posicionamiento.
En la comunicación dirigida a la secretaria de Energía, María Tettamanti, la entidad sostuvo que persiste una falta de comprensión acabada por parte de la demanda respecto de los recientes cambios normativos. En particular, advirtió que la estimación individual de requerimientos de gas por parte de cada industria resulta inviable, dado que depende de variables difícilmente previsibles, tales como las condiciones climáticas, el estado del sistema de transporte y eventuales restricciones locales.
La nota responde a un requerimiento oficial que instaba a las grandes industrias a informar sus necesidades de gas natural para los próximos dos meses. Frente a ello, los industriales manifestaron que no disponen de información suficiente para proyectar volúmenes sin incurrir en riesgos de sobrecontratación.
Asimismo, ACIGRA alertó sobre la posible irrupción de nuevos intermediarios en el mercado, lo que —a su juicio— podría derivar en posiciones dominantes, prácticas abusivas y la captura de rentas extraordinarias que encarezcan el suministro de manera desproporcionada. A ello se suma la advertencia de que numerosas empresas no cuentan con estructuras operativas preparadas para afrontar la complejidad del nuevo esquema de contratación.
En este contexto, la entidad propuso la adopción de un “camino intermedio” para el invierno de 2026. La alternativa sugiere que la Secretaría de Energía conserve la responsabilidad de estimar la demanda, contratar los volúmenes necesarios y organizar su distribución, garantizando a la vez un precio único de GNL y regasificación que sea íntegramente cubierto por los usuarios.
Mientras el sector industrial reclama certidumbre, la empresa estatal Enarsa —cuya participación como intermediaria el Gobierno procura reducir en pos de una mayor eficiencia— avanzó con el proceso licitatorio destinado a seleccionar un “cargador” privado. En la reciente apertura de sobres técnicos se registraron dos ofertas, aunque la conducción de la compañía, a cargo de Tristán Socas, decidió mantener en reserva la identidad de los postulantes.
No obstante, trascendió que las firmas interesadas serían la comercializadora global Trafigura y la empresa Naturgy. Ante los retrasos respecto de los plazos inicialmente previstos, el Gobierno resolvió acortar el cronograma de adjudicación para la semana próxima, considerando que el arribo del primer buque está previsto hacia fines de abril.
Pese a ello, la propia secretaria Tettamanti admitió que, en caso de no concretarse la privatización del esquema de importaciones durante el presente año, su implementación podría diferirse hasta 2027. En paralelo, Enarsa ya dispone de un procedimiento de contratación de emergencia para la adquisición de los dos primeros cargamentos bajo el esquema tradicional, en caso de que el proceso privado no alcance a cubrir los tiempos que impone la llegada de las bajas temperaturas.
El rediseño del modelo se produce, además, en un momento particularmente sensible para el mercado energético global. Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron el precio del GNL hasta los 20 dólares por millón de BTU, prácticamente el doble de los valores promedio abonados el año anterior.
Este encarecimiento plantea un interrogante central en torno a la asignación de costos. Mientras que el gas destinado a la generación eléctrica se canaliza a través de CAMMESA, los precios que pagan hogares y comercios aún no reflejan plenamente estas variaciones, lo que abre la posibilidad de futuros ajustes tarifarios o, alternativamente, de un incremento en los niveles de morosidad.
En un escenario donde la infraestructura de transporte local continúa siendo limitada —y en el que la ampliación del gasoducto Perito Moreno recién se proyecta para 2027—, la dependencia del GNL importado se consolida como un cuello de botella estructural que mantiene bajo presión tanto a la política energética oficial como al entramado productivo nacional.
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