Con la firma de la Big Beautiful Bill, el gobierno de Donald Trump dejó en claro hacia dónde quiere orientar el futuro energético de Estados Unidos. La ley, firmada el 4 de julio, desarma gran parte de los mecanismos fiscales que favorecieron la transición energética impulsada por el gobierno del ex presidente Biden, y propone un marco nuevo centrado en capacidad instalada nacional y reducción de la dependencia de China.
El paquete es extenso y toca múltiples sectores, pero el impacto más inmediato y estructural se da en el energético. Se eliminan o restringen incentivos clave para renovables, se apuesta fuerte por nuclear e hidrocarburos.
Incentivos bajo revisión
La ley modifica los principales beneficios fiscales que habían sido establecidos en la Inflation Reduction Act de 2022. En términos prácticos, eso significa que proyectos de energía solar, eólica o almacenamiento eléctrico solo podrán acceder a los descuentos impositivos federales si comienzan su construcción antes de julio de 2026 y entran en operación antes de fines de 2027. Estos beneficios estaban diseñados para estimular la producción de electricidad con baja emision de c02 y, en muchos casos, podían representar entre un 30 % y un 50 % de ahorro sobre el costo total del proyecto.
Después de ese plazo, cualquier desarrollo que utilice componentes fabricados por entidades consideradas “de preocupación extranjera” (una categoría que incluye a muchas compañías chinas) queda automáticamente excluido. Esto afecta directamente a las cadenas de suministro de tecnologías como los paneles solares, baterías,turbinas eólicas, etc. donde la participación china es dominante.
Por otro lado, la ley introduce restricciones al mecanismo de transferencia de beneficios fiscales, que permitía a las empresas vender esos créditos a terceros —por ejemplo, a fondos de inversión— para financiar parte del proyecto sin necesidad de contar con una gran carga tributaria propia. Este mecanismo había sido clave para movilizar capital privado en proyectos limpios a gran escala. A partir de 2027, esa posibilidad se limita en sectores como la manufactura de componentes para energías renovables, lo que debilita el atractivo de instalar fábricas de baterías, paneles u otros productos asociados a “energías limpias”.
Qué se promueve
Mientras se recortan los incentivos para renovables, la ley extiende beneficios para proyectos nucleares e hidrocarburiferos a 2033. También se reformula el programa de reinversión en infraestructura energética para priorizar proyectos que puedan aportar oferta firme y previsible. Esto apunta a gas, principalmente, aunque el crecimiento en esa área está limitado por los cuellos de botella en la cadena de fabricación, almacenamiento y distribución.
Además, se revocan fondos de programas de electrificación, eficiencia energética, redes de transmisión y financiamiento de innovación, y se elimina el Loan Programs Office (ente encargado de proveer fondos a proyectos y “start-ups” al sector renovables) del Departamento de Energía.
Cambio de enfoque
Para la administración Trump, el objetivo declarado es recuperar el control industrial y evitar depender de proveedores extranjeros en sectores críticos. los cambios introducidos en la OBBBA buscan fortalecer la base manufacturera nacional y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en un contexto de alta demanda.
Pero para buena parte de la industria energética, especialmente la que apostó por desarrollos renovables y cadenas locales de suministro, el nuevo marco introduce incertidumbre fiscal, riesgo regulatorio y pérdida de competitividad. Empresas que habían planificado nuevas fábricas en EE.UU. para aprovechar los beneficios de la IRA están revisando inversiones o paralizando proyectos.
La matriz americana y el “there and back again…”
La ley genera un reacomodamiento de incentivos que afecta también al posicionamiento global de EE.UU. Hasta ahora, el país venía atrayendo capital extranjero: europeo, coreano, japonés, interesado en fabricar componentes para baterías, vehículos eléctricos o paneles solares en territorio norteamericano. Con las nuevas reglas, parte de ese flujo se puede desviar hacia otras regiones, como el sudeste asiático o Europa, donde todavía se mantienen incentivos estables.
La pregunta de fondo es si el recorte de créditos fiscales, incluso con un plan de sustitución nacional, logrará fortalecer la seguridad energética o si, por el contrario, podría dejar a EE.UU. más expuesto a las mismas cadenas globales que busca evitar. Ya lo dijo Hillary Clinton en su primer debate con trump en 2016, las renovables son de interes nacional, no por agendas verdes o cubrir demanda, sino para no quedarse atras y perder mercados.
La ley apuesta por una matriz más firme, menos dependiente del clima y más integrada al aparato industrial doméstico. Pero lo hace a costa de reducir herramientas que habían generado dinamismo, empleo y atracción de inversión en sectores estratégicos. En un mundo que compite por posicionarse en la transición energética, la BBB implica un fuerte golpe a la “agenda verde” americana
