El Ministerio de Minas y Energía, conducido por Diego Mesa y secundado por Miguel Lotero, decidió postergar hasta el 26 de abril la fecha límite para la rúbrica de los contratos PPA entre comercializadores y generadores adjudicados en la subasta de energías renovables, llevada a cabo el año pasado.

El plazo máximo estaba fijado para el viernes 18 de marzo pasado, pero, tal como anticipó este medio, desde la cartera de Energía estaban analizando esta prórroga dada la cantidad de solicitudes de comercializadores.

En principio, algunas de estas empresas se mostraban reacias a firmar estos contratos, por considerarlos caros. Sin embargo, ocurrió un giro. Muchas de ellas comenzaron a recibir ofertas por parte de otras comercializadoras que les están queriendo comprar estos volúmenes de energía limpia adjudicadas en la subasta.

Esto ocurre porque, tal como indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los comercializadores deberán llegar al 10% del consumo con renovables a partir del 2023. Y hay empresas que no estaría llegando, de ahí el interés de estas compras de energía.

Es que la subasta de renovables es prácticamente la única herramienta que tienen para lograrlo. Los comercializadores del mercado no regulado no tienen más opción que esta. En cambio, a los que atienden el mercado regulado también se les computa la energía tranzada en el SICEP, pero –según explican las empresas a este medio- allí ellos no saben qué fuentes de energía están comprando hasta tanto no se cierran las negociaciones.

Es decir, podrían cerrar volúmenes de energía que no sean aplicables al 10% que exige el PND, lo que les genera una gran incertidumbre al momento de ir a negociar allí para satisfacer este fin.

Otro mecanismo contemplado por el PND son los instrumentos que habilitaría la Resolución CREG 114 (hasta ahora los presentados por Derivex y la Bolsa Mercantil), que permiten el traspaso de contratación de energía bilateral al mercado regulado. Pero éstos todavía no están activos para este fin.

Según pudo saber Energía Estratégica, la expectativa del Ministerio de Minas y Energía es que ambos mecanismos estén en funcionamiento a partir del segundo semestre de este año.

El pedido de los comercializadores

Según informó la cartera energética a través de la última circular informativa sobre el proceso de la subasta (ver), el pedido de extensión de la fecha límite para la firma de los PPA lo hicieron formalmente cinco empresas comercializadoras.

Una de ellas fue Franca Energía. Otra fue Italener, que argumentó en su pedido de prórroga: “Nos encontramos analizando oportunidades de nuevos proyectos que nos permitan balancear el impacto de los contratos de la presente subasta”.

ISAGEN, otra de las compañías que hizo extensivo su pedido de una ampliación en la fecha límite para la rúbrica de los PPA, fue más directa: “Hemos sido abordados por algunos distribuidores de energía, interesados en ser cesionarios de los derechos de adjudicatario (como compradores de energía), que fueron otorgados a ISAGEN mediante asignación del mecanismo complementario”.

Por su parte, tanto CEMEX Energy como MESSER Energy Services, pidieron al Gobierno que el plazo máximo sea hasta el 15 de mayo próximo, argumentando el mismo motivo que las otras compañías comercializadoras.

El Ministerio fue contemplativo, pero tampoco tanto: La fecha límite para la firma de contratos entre partes será ahora el martes 26 de abril de este año. Con esta postergación, desde la cartera energética confían que cerrarán exitosamente esta tercera subasta a largo plazo de energías renovables.