Pese al marco legal renovado en el sector energético mexicano, las demoras de implementación concreta generan un vacío regulatorio y operativo. La iniciativa privada advierte una parálisis que impide nuevas interconexiones eléctricas y mantiene en suspenso proyectos listos para su operación.

Aldo Díaz Nuño, presidente nacional del Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica (CPEF), manifiesta que “la Comisión Nacional de Energía tiene funciones o valores que parece ser, van a ser interesantes en su función de organización y control de la energía”. Sin embargo, advierte que la transición desde la extinta CRE “no ha venido acompañada de la publicación de los manuales ni reglas de operación necesarias”.

Desde el sector fotovoltaico, el panorama inmediato es crítico: todos los contratos de media tensión están detenidos. El motivo, según Díaz Nuño, es que “todo contrato arriba de media tensión no puede ser liberado porque requiere una unidad de inspección y esas unidades dependían totalmente de la CRE, hoy inexistente”. La CNE, creada tras el Decreto del 18 de marzo de 2025 firmado por Claudia Sheinbaum, aún tiene pendiente avanzar con estas definiciones.

En diálogo exclusivo con Energía Estratégica, el referente de CPEF precisa que la situación no se limita al segmento de generación distribuida. “En el mercado de utility, sabemos que en los esquemas legados, cuya operación ya no está vigente bajo autoabasto, no hay cambios ni renovaciones en contratos y la CNE no ha tomado las funciones necesarias para liberar estos contratos”.

La reciente reforma, que dio origen a la nueva CNE como ente técnico y regulador del sector energético, fue introducida luego de una batería de leyes secundarias que reforman desde la Ley del Sector Eléctrico hasta la Ley de Planeación y Transición Energética. Esta transformación otorga al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía, un rol rector para guiar los cambios, incluyendo la operatividad de la Comisión Nacional de Energía que estará dentro de su órgano de gobierno y en el cual tendrá una participación activa como parte de su Comité Técnico.

Los desafíos históricos también persisten. El presidente de CPEF recuerda que temas como el almacenamiento energético y la energía solar colectiva “quedaron truncos”, a pesar de haber sido impulsados antes del sexenio actual. Asimismo, la NOM de 2018 —que actualiza estándares técnicos— no ha sido autorizada, manteniendo vigente una regulación de 2012 que “está tronada”.

No obstante, Díaz Nuño reconoce avances: “Ahora tenemos todo un respaldo jurídico para sistemas aislados”, destacando que usuarios que antes podían implementar hasta 0.5 MW, ahora podrán llegar a 20 MW. “Ese pequeño cambio de una liberación a la red es fantástico. Lo vemos como algo muy positivo para nosotros”. Aun así, persiste un cuello de botella: las demoras en la burocracia federal.

En este escenario, CPEF impulsa una estrategia de autorregulación, apuntando a elevar los estándares del sector ante la pasividad institucional. “Cada vez vemos más instaladores en el país que llegan sin conocimiento y esto ha generado un incremento como nunca se había visto en instalaciones fallidas”.

Frente a esta situación, la organización ya trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y 17 estados para establecer, por ejemplo, licencias de vendedor fotovoltaico y certificaciones en sistemas aislados, buscando asegurar criterios sostenibles. “Creemos en una autorregulación”, subraya Díaz Nuño.

El Consejo, que hoy reúne a más de 1.150 socios, proyecta asumir un papel clave en el rediseño normativo. “Nosotros podemos desarrollar lo que serán los estándares para el futuro de este país… Ahora requerimos nuevas herramientas, nuevos modelos no sólo comercial sino también ético”, afirma el directivo.

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