En la actualidad, existen 158 MW de capacidad instalada en Panamá distribuidos entre 5,605 clientes que se acogen al Procedimiento de Autoconsumo con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias. Desde la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) insisten en fijar un porcentaje de penetración que determine el máximo de capacidad a instalar en este ámbito y revisar su regulación y fomento. Por lo que, el debate sobre el futuro de la generación distribuida en Panamá vuelve a encenderse.

La Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES) expresó su preocupación por limitantes como estas que impiden un crecimiento orgánico y eficiente del rubro fotovoltaico en el segmento residencial, comercial e industrial en redes de distribución. Lo hicieron en una reunión llevada a cabo el pasado viernes 6 de junio en oficinas de la ASEP, donde también expusieron los interrogantes que surgen ante posibles modificaciones regulatorias que amenazan la continuidad del net metering.

Los cambios planteados forman parte de una consultoría contratada por ASEP al Grupo de Mercados Energéticos (GME). “Esto es un impuesto al sol. Lo es”, advirtió Juan Andrés Navarro, presidente de CAPES, en referencia a la propuesta en torno a reemplazar el actual esquema de net metering por uno de net billing.

El origen de dicha consultoría, que se remonta al año pasado y terminaría el 30 de junio de este 2025, fue evaluar el límite de penetración de energía solar en las redes, que inició en un 2% pero que de manera temporal se fue elevando a un 3% y un 4%. Sin embargo, desde la Cámara señalan que el proceso se ha desviado de su propósito original, lo cual genera preocupación. “Nosotros sentimos que están hablando de todo menos de eso. Se está prácticamente utilizando la excusa de que estamos debatiendo por el tema del límite, pero estamos cambiando todas las reglas del juego”, sostuvo Navarro en una entrevista con Energía Estratégica.

Desde CAPES comunican su rechazo técnico y legal a toda propuesta que imponga cargos a los usuarios de generación distribuida solar. Estas medidas, según indican, vulneran la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, el principio de confianza legítima –dado que muchos usuarios invirtieron bajo ciertas reglas que ahora se pretenden modificar– y los compromisos internacionales de Panamá en transición energética y justicia climática.

Esto también fue expuesto por la Junta Directiva de CAPES y sus asesores técnicos en la reunión llevada a cabo con la Autoridad y de la que también participaron consultores del GME pero en modalidad remota. Esta instancia fue clave para reiterar las críticas del sector ante la falta de información sustantiva por parte del estudio.

“No hemos visto las datas de parte de ellos que nos diga que estos números que ellos están diciendo que concluyen hacen sentido”, reclama el titular de la Cámara. Además, enfatiza que no existen fundamentos claros que justifiquen la postura de que la generación distribuida acarrea costos adicionales al sistema.

En diálogo con este medio, Navarro destacó que el actual modelo de net metering ha permitido un crecimiento orgánico del sector, a pesar de las barreras existentes. En su opinión, modificarlo ahora sería contraproducente: “El sistema funciona. La energía que tú inyectas te la marca uno a uno y el mercado ha ido creciendo orgánicamente con todo y con las fronteras que hemos tenido que pasar”.

En paralelo, cuestiona la discrecionalidad en la aprobación de proyectos que puede surgir si se adopta el enfoque propuesto por GME. Según el documento preliminar, se contemplaría un tope general de hasta un 10% en casos excepcionales, bajo criterios aún no del todo transparentes.

“Eso sin duda es un peligro jurídico y un peligro para la industria”, afirmó Navarro. “Dejar las cosas a discrecionalidad y no a un regulador me parece que sería un grave error”, subrayó, recordando además que algunas distribuidoras participan activamente en la instalación de paneles solares a través de filiales, lo que podría derivar en conflictos de interés.

Como cambios necesarios más urgentes, el presidente de CAPES puso el foco en los obstáculos burocráticos que enfrenta hoy el mercado panameño. La tramitología actual, señaló, no distingue entre pequeños y grandes sistemas, lo que implica costos y tiempos excesivos incluso para instalaciones residenciales mínimas.

“Si alguien va a instalar un sistema de paneles solares de 1 solo panel, o si es una empresa que va a instalar 400 paneles, tiene que pasar prácticamente por los mismos niveles de burocracia”, describió. El proceso puede tomar entre 45 y 60 días en cada una de las instancias –Bomberos, Municipio y Distribuidora–, lo cual representa un freno para el dinamismo del sector.

Frente a este escenario, la Cámara propone medidas concretas: una evaluación técnica transparente, una mesa regulatoria multisectorial y normas proporcionales que no penalicen al prosumidor. A su vez, destacan la importancia de apoyar el crecimiento de la energía solar como herramienta de eficiencia energética.

“Lo que necesitamos y lo que queremos todos es que impulsen la instalación de energía solar”, enfatizó Navarro. Por eso, desde CAPES mantienen su expectativa sobre el accionar de las autoridades: “Confiamos en la asertividad de la ASEP en pro de los derechos de los panameños”. Y es que, no todo está dicho. Tras la presentación final de la consultora el próximo 30 de junio, se espera que se abra un espacio de consulta pública para considerar aspectos como los que el gremio solar plantea, antes de su aprobación e implementación.

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