Una denuncia del Sindicato de Petroleros de la Patagonia Austral ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut alertó sobre una situación de tensión que involucra a la operadora Pecom Energía y a un conjunto de empresas de servicios que acusan a la petrolera de retener pagos, generando una situación que amenaza el pago de salarios, aguinaldos y la estabilidad laboral de trabajadores.

Pero el episodio tiene un trasfondo más amplio en la Cuenca del Golfo, en la cual los gremios vienen denunciando despidos y cierre de fuentes de trabajo como consecuencia de la reestructuración productiva que atraviesa la producción convencional de gas y petróleo en la provincia, y a lo que por estas jornadas se suma la preocupación por una eventual demora de los pagos de aguinaldos, salarios de junio y acuerdos paritarios.

La empresa de energía del grupo Pérez Companc, asumió en enero la titularidad como operador del 50% de la concesión Campamento Central – Cañadón Perdido en Chubut, luego de la aprobación formal por parte del gobierno provincial del acuedo con YPF. De esta manera, con la incorporación realizada en octubre de 2024 de “El Trébol-Escalante”, se completó la adquisición de las áreas adjudicadas la petrolera estatal que decidió el proceso de desinversión a través del Proyecto Andes.

La situación de conflicto con Pecom se formalizó con la presentación del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, presentada por su Secretario General, José Dante Llugdar, en una denuncia que incluye a las empresas San Antonio Internacional, Geovial, Talleres Integrales Patagónicos, SerPecom, SEIP, Montajes Industriales Obras y Servicios y Venver.

El gremio acusa a la compañía de retener la facturación de los trabajos realizados por esas empresas de servicios, en “una decisión unilateral que afecta directamente los puestos de trabajo jerárquicos” y que la operadora no habría cumplido con acuerdos previos, tomando medidas económicas sin el consentimiento de las partes.

La advertencia gremial

La consecuencia de esta retención de fondos es la imposibilidad de las empresas de servicios para abonar los salarios de junio de 2025, el aquinaldo del primer semestre y los acuerdos paritarios recientes. El sindicato enfatiza que estas retribuciones son de carácter alimentario y que, de no regularizarse la situación, instruirá a los trabajadores jerárquicos a ejercer su derecho individual de retener servicios ante los incumplimientos contractuales de Pecom.

Además, el sindicato también puso en «stand by» los traspasos y movimientos de personal, contratos y modificaciones de diagramas hasta que Pecom resuelva el conflicto por escrito y brinde garantías de estabilidad. Advierten que, de no cumplirse estas condiciones o de realizarse movimientos sin consenso, se verán afectadas las operaciones propias de Pecom y de otras operadoras donde preste servicios.

Fuentes vinculadas a las empresas afectadas explicaron un caso que muestra la raíz del conflicto, en el cual Pecom dio de baja uno de los tres contratos que mantenía con la empresa de servicios San Antonio Internacional, lo que llevó a una negociación directa entre la operadora y los empleados de su contratista para un acuerdo de desvinculación informal.

Según las fuentes, la operadora acordó el pago de retiros indemnizatorios del 120% sobre los salarios del personal afectado, sin aplicar tope, y el monto total de este acuerdo se estima en unos US$ 3,9 millones.

Sin embargo, para la empresa de servicios San Antonio, la visión es diferente, porque argumentan que si hubieran aplicado el “Fallo Vizzotti» (por el cual la Corte Suprema en 2004 limitó el tope indemnizatorio) y el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por falta o disminución de tareas, el costo estimado para ellos habría sido de US$ 1,1 millones.

La situación se complejiza cuando San Antonio afirma que Pecom les envió los fondos por los u$s 3,9 millones para liquidar rápidamente las indemnizaciones antes del «acuerdo de paz social» firmado el 9 de junio. Sin embargo, una vez realizado el pago, la operadora habría frenado otras certificaciones y pagos a San Antonio por un total de US$ 4 millones, exigiendo la devolución de los retiros y rchazando la contrapropuesta de hacerse cargo del 50% del costo y en cuotas.

Un complejo escenario más amplio atraviesa la actividad hidrocarburífera en la Cuenca, por el declino de actividad en los campos maduros y la migración de varias empresas de la provincia hacia las operaciones en el no convencional de Vaca Muerta, afectando un entramado productivo que busca un proceso de reformulación, en lo posible evitando el cierre de prestadoras y despidos.

En procura de aportar a la búsqueda consensuada de una salida auspiciosa en la provincia, Estado, empresas y sindicaros firmaron el 9 de junio, en Comodoro Rivadavia con la presencia del gobernador Ignacio Torres, un Acuerdo de Competitividad y Paz Social para el Fortalecimiento de la Actividad Hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Ese compromiso demanda a las empresas a disponer situaciones de despidos sin antes agotar instancias de diálogo, de la misma manera que limita al sector sindical a llevar adelante medidas de acción direta.

, Ignacio Ortiz