Colombia está en alerta por las nuevas licitaciones que propone el Gobierno nacional para desplegar más renovables en el territorio.
El más esperado: El Ministerio de Minas y Energía anunció la firma del decreto de subastas a largo plazo para energías limpias, cuyo documento aún no se conoce públicamente y su publicación mantiene al sector atento.
El objetivo de la medida es diversificar la matriz eléctrica, reducir la dependencia de fuentes hídricas y térmicas, y avanzar en la meta de reducir 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.
“Esta nueva subasta de largo plazo va a ser determinante, va a ser fundamental para cada vez ir rompiendo de una forma la dependencia de las energías convencionales”, describió Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, Director en Guerrero Ruiz Legal.
Sin embargo, en diálogo con Energía Estratégica, aclaró que los inversionistas requieren más que decretos: “Las necesidades y demandas son sobre todo mensajes tranquilizadores”.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 079 de 2025, que fija la oportunidad para llevar a cabo la subasta de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad para el período 2029-2030.
La norma introduce incentivos para la entrada temprana de proyectos –con remuneración adicional de hasta USD 1,85/MWh si entran antes de 2028–, habilita asignaciones de hasta 20 años para renovaciones tecnológicas y permite la participación de plantas no despachadas centralmente con capacidad superior a 1 MW.
Al respecto, el asesor legal sostuvo que esta subasta “es necesaria, muy urgente e importante porque ello finalmente permite hacer planes, hacer cuentas y hacer proyecciones con una oferta garantizada que satisfaga la demanda”.
Estas medidas llegan en un momento en el que Colombia tiene más de 3 GW de renovables ya incorporados a la matriz y con la expectativa de alcanzar 6 GW hacia 2030 pero con grandes retos administrativos, sociales y de infraestructura por superar.
El país ingresa además a un año electoral que mantiene al sector expectante frente a los rumbos de política energética y a la necesidad de mensajes claros que fortalezcan la confianza de los inversionistas.
“El impulso por las renovables de este Gobierno no se ha traducido en unas señales regulatorias concretas porque hay una desarticulación entre los sectores de minas y energía, ambiente, vivienda, desarrollo territorial y el interior en los procesos de consulta previa con comunidades”, determinó Guerrero Ruiz y añadió: “Hace falta una autoridad energética, tal vez una ventanilla única de trámites del sector, que pudiera precisamente dar esas señales”.
En este sentido remarcó que buena parte de los cuellos de botella no están en las licencias ambientales mayores, sino en los permisos menores tramitados por corporaciones autónomas regionales, así como en la lentitud para otorgar puntos de conexión y resolver solicitudes de ampliación de fechas de entrada en operación.
Aquí reaparece la regulación del uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial, que limita áreas aptas para proyectos.
Con estos anuncios regulatorios, el país refuerza el camino hacia la transición energética. No obstante, el sector espera que junto con las subastas se avance en resolver los retos estructurales que siguen trabando la inversión en renovables: trámites lentos, infraestructura de transmisión insuficiente y falta de certidumbre.
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