Panamá ha logrado consolidar una de las matrices energéticas más limpias de la región, con más del 80 % de generación renovable en años de hidrología normal. La base sigue siendo la hidroelectricidad, pero en la última década las tecnologías solar y eólica han ganado un espacio clave dentro del sistema, pasando de representar menos del 5 % a más del 15 % de la generación nacional.
“Hasta 2024, Panamá mantiene una matriz eléctrica con más del 80 % de generación renovable en años de hidrología normal”, detalló Carlos Boya, Scientific Researcher en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Este avance, subraya, se logró gracias al crecimiento sostenido de nuevas fuentes limpias, entre las que destaca la energía solar y la eólica.
La capacidad instalada de energía eólica ya supera los 500 MW, concentrada principalmente en provincias como Coclé y Penonomé. Por su parte, la energía solar fotovoltaica ronda los 600 MW, y se ha extendido de manera descentralizada por todo el país, tanto a gran escala como en proyectos de generación distribuida.
Entre las tecnologías con mayor potencial de crecimiento, Boya destaca a la solar como la fuente más dinámica y con proyecciones sólidas. “La solar es la que registra el crecimiento más acelerado y continuará liderando la expansión renovable”, aseguró. En 2024, ya se superaron los 700 MW instalados, cifra impulsada por condiciones competitivas, disponibilidad de recurso y rapidez en la instalación de proyectos.
Aunque aún hay potencial hidroeléctrico —en cuencas subutilizadas como las de Bocas del Toro— y espacio para expandir la eólica en regiones como Veraguas, la solar se perfila como la tecnología central de la transición energética panameña.
El freno estructural: un marco regulatorio desactualizado
Pese al avance, el crecimiento renovable enfrenta un límite claro: el marco normativo. “El principal obstáculo para la expansión de las renovables y el desarrollo de un mercado energético más dinámico y democrático en Panamá es el marco regulatorio”, sostuvo Boya. A su entender, los desafíos financieros y técnicos solo pueden resolverse una vez que se modernice la base legal que rige al sector.
La Ley 6 de 1997, aún vigente, establece un mercado rígido que no permite tarifas horarias, participación de agregadores ni flujos bidireccionales. Esto limita seriamente el desarrollo de proyectos de almacenamiento, generación distribuida y la figura del prosumidor, elementos que son centrales en sistemas eléctricos modernos.
Además, Panamá enfrenta una brecha técnica considerable: la baja digitalización de su red eléctrica. Esto impide aplicar estrategias de demanda flexible, aumenta los riesgos de sobrecargas y hace más difícil gestionar la variabilidad de las energías renovables, en especial la solar.
“Si no avanzamos hacia una modernización profunda, corremos el riesgo de quedarnos en una ‘industria 3.0’ energética, mientras el mundo ya avanza hacia la industria 5.0”, advierte Boya. Este rezago podría tener consecuencias directas sobre la competitividad del país y su capacidad para atraer inversiones de alto valor agregado, como la industria de semiconductores.
A pesar del progreso logrado, la advertencia es clara: sin una reforma integral del marco regulatorio y sin inversión en digitalización, Panamá podría comprometer su liderazgo en energías limpias. “El mundo ya avanza hacia la industria 5.0”, concluye el investigador, marcando la urgencia de adaptar el sistema energético a los estándares de innovación que hoy demanda el mercado global.
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