Air-e, distribuidora que atiende a 1.300.000 usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, atraviesa su momento más crítico desde su creación en el año 2020. Pese a la intervención estatal iniciada un año atrás, el 11 de septiembre de 2024, sus pasivos superan los 3,6 billones de pesos y el recaudo mensual apenas cubre el 74% de la facturación, lo que genera un déficit operativo cercano a $185000 millones cada mes.

Este hueco financiero ha obligado al uso de recursos del Fondo Empresarial para pagar a generadores y mantener la operación, pero la deuda sigue en aumento.

Desde el sector subrayaron que la situación tiene un potencial efecto sistémico. «La regulación obliga a los generadores a seguir suministrando energía aun en mora, trasladando el riesgo financiero a toda la cadena», aseguraron fuentes cercanas a Energía Estratégica. 

«Es decir que si la compañía no logra recuperar liquidez, podrían verse afectados los pagos a generadores térmicos y renovables, con riesgo de que plantas reduzcan o paren su operación», agregaron. 

Además, la región Caribe es el polo de desarrollo de proyectos eólicos y solares más importante de Colombia. Y Air-e fue pionera en subastas privadas de energía limpia, adjudicando alrededor de 200 MW de nueva capacidad.

Por lo que una eventual liquidación pondría en suspenso esos contratos, afectando la bancabilidad y el cierre financiero de los proyectos, lo que podría retrasar el ingreso de nueva energía renovable al sistema.

Asimismo, se advierte también la falta de transparencia, ya que a más de un año de intervención, no hay reportes completos de cartera ni de pasivos, lo que dificulta evaluar si las medidas han surtido efecto.

«Incluso las tensiones entre el Ministerio de Minas, la Superintendencia y los agentes interventores, con rotación de funcionarios, complica la continuidad del plan de rescate», indicaron desde el sector. 

Escenarios posibles y alertas para el sector

Los escenarios en el corto plazo van desde un plan de saneamiento con apoyo adicional del Estado y nuevas reglas de contratación que reduzcan la exposición a la bolsa, hasta la liquidación de la empresa y reasignación de la operación a otro operador. En cualquiera de los casos, los generadores deben:

  • Monitorear de cerca los comunicados de Superservicios y la Contraloría.
  • Revisar las garantías de pago y condiciones de sus PPAs.
  • Evaluar coberturas financieras para proteger el flujo de caja.
  • Preparar planes de contingencia para conexión de proyectos y cronogramas de obra.

Las inversiones comprometidas por desarrolladores (Mainstream, ABO Wind, Cox Energy, entre otros mencionados en los acuerdos) podrían peligrar ante la falta de un comprador solvente de la energía.

Además, la continuidad de programas de autogeneración y energía distribuida impulsados por Air-e en la región (por ejemplo, conexión de clientes con paneles solares) quedaría en el limbo.

La crisis amenaza con frenar la incorporación de fuentes limpias en la Costa Caribe, un revés tanto para las metas nacionales de transición energética como para el desarrollo local sostenible.

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