Colombia tiene aprobados 8,3 GW en nuevos proyectos de generación renovable y 98 obras de infraestructura eléctrica en cartera para reforzar el sistema. Sin embargo, la gran pregunta que ronda al sector es cuántos de estos proyectos podrán entrar efectivamente en operación.
“Desafortunadamente hay muchos desafíos frente al avance de las energías renovables en Colombia, porque si bien contamos con ventajas muy importantes, el gran obstáculo es la infraestructura de transmisión y distribución”, advierte María Paula Corrales Mendoza, abogada especialista en el sector eléctrico y asesora de la UPME.
Uno de los ejemplos más claros es el proyecto Colectora, que debía conectar al menos 15 parques eólicos y una planta solar desde La Guajira hacia el Sistema Interconectado Nacional.
“Ese proyecto todavía no ha entrado, y cada vez se aplaza más su entrada en operación. Es clave para el país, pero seguimos sin señales claras del gobierno”, resaltó Corrales, en diálogo con Energía Estratégica.
Sin embargo, el sector continúa creciendo de la mano de la solar, principalmente, y continúa su proceso de maduración donde se puede ver un mercado de contratos de energía que se ha expandido de manera notable.
Según la especialista, “los PPAs actúan como un escudo frente a la volatilidad del mercado energético, pero los inversionistas todavía sienten miedo porque no hay estabilidad en las señales del Estado”.
Esa incertidumbre se refleja en cláusulas contractuales que buscan cubrirse frente a posibles cambios regulatorios, como disposiciones de terminación anticipada, ajustes en las tarifas pactadas si varían los tributos energéticos o garantías adicionales en caso de modificaciones en la regulación del mercado.
Más allá de lo regulatorio, el desafío técnico también pesa. Numerosos proyectos llevan años esperando un punto de conexión para poder entrar en operación, lo que constituye un cuello de botella que aún no se resuelve y que impacta directamente en el futuro de la transición energética.
De esta manera, para Corrales, el gobierno debería priorizar tres medidas urgentes. “Primero, mantener e incluso fortalecer los incentivos regulatorios y tributarios; segundo, invertir en infraestructura de transmisión y distribución; y tercero, resolver el atraso en los puntos de conexión con más capital humano en las entidades”, enumeró.
Hoy, la Ley 1715 y la Ley 2099 han permitido deducciones fiscales de hasta 50% en el impuesto a la renta, y ya se cuentan más de 13.400 solicitudes de proyectos que buscan acceder a estos beneficios. Sin embargo, Corrales alerta: “Los incentivos no bastan si no se acompañan de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria”.
La falta de avances concretos pone en riesgo los compromisos de descarbonización y sentencia: “Cuando las empresas no ven señales claras, su estabilidad financiera se ve impactada y se desincentiva el uso de energías limpias. Yo no veo un panorama muy positivo si esto no cambia”.
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