El Ministerio de Energía de Chile presentó la versión definitiva del Plan de Descarbonización, documento estructural que marca la hoja de ruta para el retiro de centrales termoeléctricas a carbón, la transformación del mercado eléctrico y la consolidación de un sistema energético más flexible, renovable y moderno.
Con 28 medidas distribuidas en cuatro ejes, el plan representa el núcleo técnico de la Agenda para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Desde 2019, el país ha retirado 11 centrales a carbón, lo que representa una reducción de 1679 MW de capacidad instalada, y para 2026 se estima que otras 9 unidades estarán disponibles para su retiro o reconversión, por un total adicional de 2,2 GW.
No obstante, autoridades del Ministerio de Energía advirtieron que en la segunda etapa se deben reemplazar “atributos operacionales deseables”, como por ejemplo inercia, potencia firme o control de frecuencia, que tradicionalmente entregaban las centrales a carbón.
Ante este escenario, el plan avanza hacia una transformación estructural del diseño de mercado eléctrico. Una de las principales reformas es la creación de un mercado mayorista de energía basado en ofertas, que transitará desde el actual sistema de costos auditados hacia uno más competitivo, eficiente y transparente.
Para lograrlo, se propone la implementación progresiva de un esquema “day-ahead” financieramente vinculante, que permita a los agentes del mercado gestionar riesgos, enviar señales de precios más claras e incentivar inversiones.
Este nuevo modelo considera una etapa intermedia de transición, que habilitará gradualmente la operación de un mercado de ofertas sin comprometer la seguridad del sistema. Se evaluarán mecanismos para reducir las brechas entre el mercado diario y el de tiempo real, incluyendo la posibilidad de incorporar agentes financieros y ofertas virtuales, como ocurre en mercados más avanzados.
Otro punto central del Plan de Descarbonización es la revisión de los modelos de contratos de largo plazo, esenciales para financiar tecnologías de almacenamiento y flexibilidad. Se propone incorporar esquemas como contratos por diferencias, Cap and Floor y la coordinación con contratos por Servicios Complementarios (SSCC).
“El objetivo es viabilizar el apalancamiento de múltiples fuentes de ingresos, una práctica conocida como revenue stacking, que ha demostrado ser efectiva en países como Reino Unido o Australia”, señala el documento.
En paralelo, se avanzará en una reforma integral del mercado de Servicios Complementarios, con la redefinición de sus categorías, incorporación de la demanda como actor activo y la eliminación de barreras de entrada. Una agenda de corto plazo se desarrollará en 2026 y se complementará con una propuesta de modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos en 2027, lo que da cuenta de un cronograma de implementación claro y escalonado.
El rol de la transmisión eléctrica también se pone en la mira como habilitante estructural del nuevo sistema eléctrico chileno. Para ello, se propone modificar la Ley General de Servicios Eléctricos incorporando el concepto de “necesidades estratégicas de capacidad de transmisión”, alineado con los Escenarios Energéticos de planificación de largo plazo.
A su vez, se reforzará el uso del Informe de Criterios y Variables Ambientales y Territoriales (ICVAT), y se iniciarán estudios para valorar económicamente variables sociales y ambientales en la planificación.
El documento también plantea la mejora del régimen de acceso abierto a la red de transmisión, con criterios adicionales para evitar especulación en las solicitudes de conexión.
Sumado a que se busca habilitar la inversión privada a riesgo en infraestructura de transmisión y se desarrollará un Estudio de Remuneración de la Transmisión en 2026, además de una propuesta de reforma legislativa en ese mismo año.
Las reformas regulatorias vendrán acompañadas por la presentación de un proyecto de ley que crea un régimen transitorio acelerado para la descarbonización, el cual prevé agilizar la tramitación de permisos sectoriales y ambientales para los proyectos considerados estratégicos.
“Estamos en una etapa de modificaciones regulatorias – normativas que habiliten y den las señales adecuadas para incentivar la inversión y tener esos atributos a través de otras tecnologías”, subrayaron desde el Ministerio de Energía.
Además, se contempla una revisión obligatoria del Plan dentro de cinco años, lo que permitirá ajustar medidas en función del avance real del proceso. Esta revisión marcará el ingreso a una tercera etapa, orientada a consolidar el retiro de todas las centrales a carbón operativas, siempre que los atributos de respaldo ya estén asegurados por nuevas tecnologías.
Nuevos incentivos económicos y fiscales para impulsar la descarbonización
Junto con las reformas regulatorias, el Plan propone una serie de instrumentos de incentivo que apuntan a viabilizar el reemplazo del carbón mediante energías limpias y almacenamiento. Uno de los más relevantes es la modificación al impuesto a las emisiones en fuentes fijas, con un aumento gradual del impuesto verde y su incorporación al cálculo del costo marginal, lo que permitirá internalizar el costo ambiental en la operación del sistema.
También se habilitarán proyectos de almacenamiento y reconversión de centrales existentes, facilitando su transición hacia combustibles de bajas emisiones o tecnologías limpias. Asimismo, se reconoce oficialmente a RENOVA como la plataforma de trazabilidad de atributos renovables, lo que permitirá valorizar y certificar la energía verde inyectada a la red.
Finalmente, se impulsarán mecanismos para que los proyectos estratégicos obtengan ventajas competitivas en licitaciones de suministro, uso de terrenos o transmisión, y se promoverán los proyectos comunitarios de generación distribuida, permitiendo una mayor democratización de los beneficios de la transición energética.
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