Costa Rica reforzó su posición como líder regional en energías limpias con una estrategia integral que combina nuevas licitaciones, proyectos emblemáticos y reformas regulatorias. Coincidiendo con el inicio de la COP30, la nación centroamericana se presenta con una matriz eléctrica que supera el 98% de generación renovable y un plan robusto para sostener ese liderazgo en el mediano y largo plazo.
“Costa Rica mantiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo”, afirmó Ana Lucía Alfaro Murillo, Projects Director y asesora senior en energía y sostenibilidad en Biomatec, al destacar el reto de sostener esa ventaja competitiva frente al crecimiento de la demanda y los impactos climáticos.
Entre 2026 y 2034, el país desplegará nuevas plantas solares, repotenciará parques eólicos y sumará más de 100 MW de geotermia firme. En concreto, se prevé la entrada en operación de cinco plantas solares privadas y tres públicas a partir de 2027, así como la repotenciación del parque eólico Tejona en enero del mismo año.
A su vez, el proyecto Borinquen I (55 MW) ya se encuentra en construcción, y Borinquen II y PLB-01, también geotérmicos, apuntan a estar listos hacia 2032.
“La consolidación de la geotermia permitirá incrementar la oferta de energía firme y gestionable en la matriz”, destacó Alfaro Murillo.
Para cubrir la demanda durante esta transición, el ICE contempla la contratación temporal de 240 MW de generación térmica entre 2026 y 2028, asegurando confiabilidad mientras avanzan los nuevos proyectos y se moderniza la infraestructura hidroeléctrica existente.
El inicio de la COP30, que se desarrolla desde hoy, encuentra a Costa Rica en una posición activa en la agenda climática internacional. El país buscará ampliar su acceso a financiamiento climático, apelando a su compromiso ambiental, a pesar de su reciente clasificación como país de renta media-alta.
“La cumbre puede fortalecer la movilización de recursos internacionales, facilitar el acceso a tecnología y consolidar una cartera de proyectos bancables”, planteó la ejecutiva, quien resaltó el potencial de instrumentos como los canjes de deuda por clima y el blended finance para financiar geotermia, almacenamiento y eficiencia energética.
Sin embargo, el avance técnico no ha sido acompañado aún por una modernización normativa suficiente. Costa Rica carece de un mercado formal para servicios como regulación secundaria, respaldo de capacidad firme o flexibilidad. En este marco, Alfaro Murillo advirtió: “Se vuelve indispensable definir reglas que valoren la flexibilidad y el almacenamiento”, citando la necesidad de reconocer tecnologías como BESS, hidroeléctricas con embalse y geotermia modulable.
A pesar de que la Ley 10086 (2022) abrió el camino para el autoconsumo y las comunidades energéticas, persisten trabas tarifarias, de interconexión y administrativas. “Aunque se han abierto caminos, aún existen barreras tarifarias, de interconexión y procesos”, señaló la directora de Biomatec, quien propuso un reglamento operativo unificado entre ARESEP, ICE y las distribuidoras.
En paralelo, Costa Rica apunta a incorporar 120 MW de almacenamiento energético con duración de 4 horas entre 2031 y 2034, aunque aún no cuenta con un marco tarifario que reconozca su operación, interconexión y retribución.
Uno de los ejes técnicos del plan nacional es la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión (PET 2024–2034). Esta hoja de ruta contempla nuevas líneas y subestaciones para evacuar la generación variable prevista en Guanacaste, Puntarenas y la Zona Norte, así como el fortalecimiento de la interconexión con el Mercado Eléctrico Regional (MER).
“Es clave integrar el PET con el Plan Nacional de Energía 2025–2035 y los compromisos climáticos”, remarcó Alfaro Murillo, subrayando la importancia del planeamiento energético a largo plazo con criterios de sostenibilidad ambiental y social.
No obstante, la burocracia sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el despliegue renovable, afectando incluso a proyectos estratégicos. “Muchos enfrentan demoras por trámites superpuestos entre MINAE, SETENA, CFIA, municipalidades y el propio ICE”, indicó la entrevistada, quien sugirió una ventanilla única energética o un fast-track verde para dinamizar la inversión nacional y extranjera.
“Estas medidas fortalecerán la competitividad del sistema eléctrico costarricense y facilitarán el acceso a financiamiento climático internacional”, concluyó Ana Lucía Alfaro Murillo.
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