El futuro del sector energético se consolidó como uno de los temas centrales de cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica en febrero de 2026.
Durante el 5to Informe de Competitividad Nacional organizado por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, los principales candidatos y candidatas expusieron sus propuestas, con un enfoque transversal: la necesidad urgente de reformar el sistema eléctrico y avanzar hacia una matriz más diversa, eficiente y abierta a la inversión privada.
Natalia Díaz Quintana, candidata por el Partido Unidos Podemos, propuso armonizar el sector eléctrico, impulsar la exploración e importación de gas natural y fortalecer la energía geotérmica. También defendió la implementación efectiva de la ley de generación distribuida como una herramienta para mejorar la competitividad empresarial mediante la reducción de costos energéticos.
Desde el Partido Avanza, José Aguilar Berrocal planteó modernizar la red eléctrica y permitir una mayor participación privada. Resaltó el impulso a paneles solares y energías limpias, junto con la necesidad de explorar nuevas fuentes como el gas natural. Sostuvo que abrir el mercado eléctrico es esencial para fomentar la inversión y dinamizar el aparato productivo.
Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, vinculó su propuesta energética a una reforma del entorno institucional. Planteó universalizar la ventanilla única de inversión y simplificar los trámites como vías para acelerar proyectos. Además, propuso transformar colegios académicos en técnicos y crear un plan nacional de certificaciones que permita preparar el talento humano para los desafíos del sector energético.
Tania Molina Rojas, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberal Progresista, incluyó entre sus prioridades eliminar la burocracia que frena la productividad. Propuso reducir la carga patronal del 26% al 19%, medida que podría generar mejores condiciones para la formalización de empresas del sector renovable y facilitar nuevas inversiones.
Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, hizo hincapié en reducir las brechas urbano-rurales como un paso necesario para democratizar el acceso a servicios como la energía. Propuso una política nacional de seguridad con articulación entre los tres poderes del Estado, y reactivar el Consejo Presidencial para la Seguridad Nacional como herramienta para garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible.
Desde el Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes se enfocó en la educación y la conectividad. Apoyó el uso de fondos de Fonatel para conectar hogares desde donde también se pueda estudiar y trabajar, lo que podría ser aprovechado para fomentar el acceso a tecnologías vinculadas a la eficiencia energética.
Reforma eléctrica: necesidad política y urgencia estructural
Las propuestas se dan en un contexto clave: Costa Rica acaba de presentar su mayor plan de expansión renovable en plena COP30, con una hoja de ruta que contempla nuevos proyectos solares, eólicos y más de 100 MW de geotermia firme entre 2026 y 2034. También se prevé incorporar 120 MW de almacenamiento energético con cuatro horas de duración para el período 2031–2034. Sin embargo, aún no existe un marco tarifario que reconozca esta operación.
Aunque la Ley 10086 de 2022 habilitó el autoconsumo y la creación de comunidades energéticas, persisten barreras regulatorias, tarifarias y de interconexión que limitan el avance. Según Energía Estratégica, la consolidación de la geotermia permitiría incrementar la oferta de energía firme y gestionable en la matriz, pero su integración plena depende de condiciones normativas aún en construcción.
En este marco, el consenso entre el sector empresarial fue claro: el modelo actual ya no responde a las necesidades del país.
Karla Martínez Lozano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI-Corporación Multi Inversiones Capital y fiscal de la Junta Directiva de ACOPE, sostuvo que “Costa Rica debe reformar su sector eléctrico para abrir el mercado y fortalecer su competitividad. La energía es la base del desarrollo y atraerá inversión en múltiples áreas.” Añadió que “la ley de armonización habilita la competitividad al abrir un mercado donde los distintos actores pueden participar con reglas claras.”
Desde una perspectiva técnica, Rodrigo Cubero propuso una apertura y regulación inteligente del sistema eléctrico como una de las claves estructurales para avanzar en competitividad. También sugirió revisar el modelo de financiamiento de la seguridad social para aliviar cargas patronales y liberar recursos hacia infraestructura crítica como la energética.
Lorena Arce Quirós, vicepresidenta de Banca de Empresas y Patrimonial de BAC, relacionó directamente el desarrollo económico con la eficiencia energética. Enfatizó que las economías más avanzadas sostienen su éxito sobre el nivel educativo, pero también sobre costos operativos competitivos. Señaló que las limitaciones actuales en puertos y redes elevan los costos logísticos y energéticos.
Guillermo Ulate Artavia, de Cementos Progreso Costa Rica, identificó a la red vial cantonal como un punto de rezago con impacto directo en la competitividad del país. Destacó la infraestructura del agua como otro componente fundamental para la planificación energética, especialmente para el desarrollo de proyectos industriales sostenibles.
En representación del sector comercio, Montserrat Bonilla Garro, directora legal de Walmart Centroamérica, se refirió a la disponibilidad y acceso al agua como un factor crítico para la operación de grandes empresas. También resaltó la necesidad de infraestructura vial y portuaria adecuada, y propuso la digitalización de trámites para eliminar barreras que hoy dificultan el crecimiento de sectores como el energético.
Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, remarcó que la educación ha sido históricamente un pilar para el país, pero advirtió que se están normalizando muchos de sus problemas estructurales. Llamó a recuperar una visión articulada de la educación superior y propuso retomar la enseñanza sistemática del inglés desde la infancia, un punto crítico para el desarrollo del talento en sectores como el de las energías renovables.
Giovanni Artavia, socio de Deloitte, apuntó que el país necesita mejorar su infraestructura vial y fortalecer el dominio del idioma inglés si desea mantenerse competitivo en sectores que requieren personal calificado, como la energía limpia.
En el cierre del encuentro, Carlos González Jiménez, presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad, afirmó que “la productividad se ha concentrado, las brechas se siguen ampliando y la competitividad del país se sostiene sobre bases frágiles.” Aseguró que revertir esta tendencia exige una visión compartida de largo plazo: “La Costa Rica de 2050 no se improvisa: se construye desde ahora, con evidencia, constancia y sentido de propósito. Hagámoslo juntos.”
La entrada Reforma eléctrica y diversificación energética: el debate que marca las elecciones costarricenses de 2026 se publicó primero en Energía Estratégica.
