Colombia atraviesa un momento decisivo para atraer inversiones en generación, almacenamiento y nuevas tecnologías, y el mensaje del Future Energy Summit (FES) de Bogotá evidenció que el país tiene demanda, recursos y oportunidades, pero está enviando señales insuficientes para movilizar capital.
Así lo planteó Raúl Lancheros, director de Asuntos Sectoriales y Regulación de ACOLGEN, quien centró su intervención en el eje: “Lo que realmente acelera o frena la transición es que las reglas para invertir sean claras, coherentes y predecibles”.
En un escenario regional donde competidores directos como Brasil, Chile y Perú actualizan sus marcos normativos para atraer fondos internacionales, Colombia corre el riesgo de quedar rezagada si no fortalece la previsibilidad regulatoria.
Datos recientes muestran la magnitud del desafío y la oportunidad. Según la International Energy Agency (IEA), las inversiones en energía limpia en América Latina alcanzaron los US$ 70 mil millones en 2025, y Colombia estuvo entre los países con mayor crecimiento anual.
Sin embargo, Lancheros remarcó que los inversionistas —locales y extranjeros— requieren claridad sobre los tiempos, criterios y metodologías que la regulación aplicará en los próximos años, especialmente cuando se trata de proyectos con CAPEX intensivo y retornos prolongados.
El directivo explicó que el país ingresó en una etapa de “adición energética”, donde la demanda crece de forma sostenida y obliga a sumar tecnologías diversas: renovables, hidráulicas, térmicas, almacenamiento y nuevas soluciones flexibles.
“La pregunta ya no es si la oferta será suficiente, sino si estamos generando las condiciones para atraer la inversión que realmente necesitamos”, afirmó.
En este marco, ajustar los procesos regulatorios para que las empresas puedan participar con confianza en la próxima subasta del cargo por confiabilidad será determinante para financiar nuevas plantas y asegurar energía firme hacia 2028–2029.
Las resoluciones 66 y 69 —actualmente en discusión— introducen cambios que podrían afectar la energía que los generadores pueden declarar y, por lo tanto, el apetito inversor en el proceso.
Lancheros insistió en que las normas que regulan la expansión deben acompañarse de análisis de impacto normativo sólidos, periodos de consulta adecuados y lineamientos claros que reduzcan la exposición a ajustes posteriores.
Para los agentes, la incertidumbre se traduce en mayores costos financieros, demoras en el cierre de proyectos y cautela por parte de la banca comercial e instituciones internacionales.
Asimismo, mencionó que la modernización del mercado eléctrico es una condición indispensable para activar inversiones en almacenamiento, energías renovables y servicios complementarios.
Señales de precios horarios, esquemas de remuneración acordes para tecnologías flexibles y un diseño que permita capturar el valor real de nuevas soluciones son, en su visión, elementos esenciales para que Colombia resulte competitiva.
“El país tiene ventajas naturales y recursos; lo que falta es actualizar el diseño de mercado para que las nuevas tecnologías puedan cerrar sus modelos financieros”, enfatizó el especialista.
En el FES Colombia se evidenció un consenso transversal: la transición energética avanza cuando el sector privado tiene reglas claras y confianza para comprometer inversiones de largo plazo.
Un estudio del Stockholm Environment Institute (SEI) estimó que el país necesitará más de US$ 92 mil millones en inversiones para cumplir las metas de expansión solar y eólica establecidas en su hoja de ruta hacia 2052.
En 2024 se movilizaron cerca de US$ 9 mil millones solo en proyectos de energías renovables, reflejando un apetito creciente por parte de fondos internacionales, utilities regionales y desarrolladores locales que ven en Colombia un mercado con alto potencial, pero aún condicionado por la calidad de sus señales regulatorias.
Y según Lancheros, estos desafíos no surgieron ahora, sino que responden a una acumulación de señales confusas a lo largo del tiempo: “Desde hace cinco o seis años hemos perdido predictibilidad, y no ha sido solo con este gobierno; es un problema de cumplimiento de agenda regulatoria que se ha venido acumulando”.
Para el director de Asuntos Sectoriales y Regulación de ACOLGEN, la salida no es compleja en términos conceptuales, pero sí exige voluntad institucional: recuperar la disciplina regulatoria, ordenar la agenda de trabajo y enviar señales predecibles que permitan a los inversionistas estructurar proyectos con confianza. Solo así —subrayó— Colombia podrá movilizar el capital que necesita para crecer y asegurar la energía firme del próximo ciclo.
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