América Latina y el Caribe enfrentan un desafío estructural: la energía renovable crece, pero la red eléctrica no acompaña. En 2024, se vertieron más de 53.000 GWh por falta de capacidad para evacuar la generación, lo que equivale al 3,2% de toda la electricidad producida en la región. Esos vertimientos significaron una pérdida directa cercana a los USD 7.000 millones. Energía limpia, generada y pagada, que nunca llegó a los usuarios.
Esta situación está lejos de ser excepcional. Con la electrificación del transporte y la industria en marcha, las renovables en expansión y los eventos climáticos extremos más frecuentes, la red ya no es solo un canal de conexión: es el corazón del sistema energético. Pero ese corazón está saturado.
Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea que la infraestructura de transmisión debe ser tratada como una política de desarrollo, no solo como un componente técnico del sistema. Las demoras en ejecución, la falta de planificación anticipada y la rigidez de los marcos regulatorios están frenando inversiones y comprometiendo objetivos climáticos.
Para enfrentar este cuello de botella, el estudio recomienda una transformación profunda en la forma de planificar. Se propone dejar atrás los esquemas lineales y centralizados, y avanzar hacia modelos de planificación resiliente, multisectorial y con visión territorial. Esto incluye anticiparse a la demanda futura, incorporar criterios climáticos y articularse con autoridades ambientales, financieras y sociales desde el inicio de los proyectos.
Además, pone sobre la mesa soluciones tecnológicas concretas que hoy están subutilizadas. Las llamadas Grid Enhancing Technologies (GET) —como sensores, automatización y controladores de flujo— pueden aumentar la capacidad de las líneas existentes sin necesidad de grandes obras. Son más rápidas de implementar y menos conflictivas desde el punto de vista ambiental y social. Sin embargo, los marcos regulatorios actuales no las consideran parte de los planes de expansión, lo que desalienta su adopción.
El salto de escala en la red necesita respaldo financiero. Según el informe, la región debería invertir entre USD 6000 y 8000 millones por año hasta 2030 para sostener el crecimiento renovable. A 2050, esa cifra podría triplicarse. Pero los niveles actuales están muy por debajo: en 2022 se movilizaron apenas USD 3300 millones para transmisión.
El problema no es solo fiscal. El modelo de negocio de la transmisión no está atrayendo capital privado, en parte porque los ingresos no son previsibles, los procesos licitatorios son lentos y los esquemas de remuneración siguen anclados en la infraestructura física, sin premiar eficiencia ni desempeño. El BID propone actualizar estos marcos, incorporar mecanismos de mitigación de riesgo y aprovechar instrumentos financieros climáticos.
A esto se suman los cuellos de botella normativos. El licenciamiento ambiental y social sigue siendo uno de los grandes desafíos. La falta de digitalización, los trámites redundantes y la baja capacidad técnica de las autoridades generan incertidumbre jurídica, desincentivan inversiones y dilatan obras clave. Según el estudio, hay oportunidades claras para acelerar sin comprometer estándares, a través de procesos más transparentes, reglas claras y participación temprana de las comunidades.
Por último, el informe pone el foco en la integración energética regional. Conectarse entre países no es solo una cuestión de eficiencia: es una garantía frente a los riesgos climáticos y una herramienta clave para reducir costos. Se estima que una mayor interconexión permitiría bajar hasta un 15% el costo de generación regional. Pero hoy, los avances son marginales. Faltan planificación coordinada, reglas armonizadas y voluntad política.
“Los intercambios transfronterizos se convierten en un componente clave no solo para la eficiencia económica sino para la seguridad energética y la resiliencia del sistema”, advirtieron los autores del informe.
Más allá del diagnóstico, el mensaje es claro: sin transmisión, no hay transición. El informe concluye que invertir en redes no debe verse como un gasto sectorial, sino como una apuesta estructural por un desarrollo económico resiliente, equitativo y territorialmente integrado. La pregunta es si los gobiernos y reguladores de la región están listos para tratar a la red como lo que es: la columna vertebral de la energía del siglo XXI.
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