Durante su intervención en el FES Colombia, María Fernanda Suárez, CEO de Banco Popular, expuso con crudeza uno de los principales cuellos de botella del sistema energético colombiano: la ejecución. No basta con tener planes; lo que está fallando es su implementación. Las demoras en proyectos de transmisión, que en algunas regiones alcanzan hasta 8 años, reflejan que la planeación está siendo desbordada por la realidad institucional y territorial.
La situación se agrava por una mala distribución de riesgos entre el sector público y privado, que desalienta la inversión y termina trasladando los costos al usuario. En este esquema, el capital privado asume riesgos para los que no tiene control, mientras las entidades públicas no asumen responsabilidades claras.
“Las demoras tienen que volverse inadmisibles”, expresó durante el panel.
El escenario se agrava con una creciente imprevisibilidad regulatoria y fiscal, que ahuyenta a los inversionistas. Para Suárez, si el país no garantiza reglas del juego estables, la inversión se va a frenar, sin importar lo ambiciosa que sea la hoja de ruta energética. Esto será especialmente sensible de cara a 2026, cuando los desafíos de abastecimiento eléctrico serán aún más visibles.
Desde el punto de vista técnico, propuso abandonar la narrativa de transición energética como sustitución y adoptar una mirada de adición energética. La demanda crecerá inevitablemente, tanto por la electrificación del transporte como por el consumo asociado a la inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Por lo tanto, Colombia debe incorporar más energía, no simplemente reemplazar una fuente por otra.
El sector privado, subrayó Suárez, ha sostenido la operación del sistema en medio de la incertidumbre. A pesar de las trabas regulatorias y territoriales, las empresas han continuado invirtiendo y presentando soluciones que han evitado crisis de suministro. Esa capacidad de respuesta, según la CEO, es uno de los principales activos para generar confianza en el sistema.
Desde el sistema financiero, Suárez identificó un patrón de debilidad estructural en los proyectos renovables: muchos no llegan bien estructurados, sin estrategias claras para mitigar riesgos técnicos y comerciales. Esto impide que sean aprobados por los comités de crédito. “Vemos muchas veces proyectos que vienen cojos desde el punto de vista financiero”, advirtió.
Además, anticipó que en los próximos 18 meses entrará en vigencia la regulación SARASOC, impulsada por la Superintendencia Financiera, que definirá nuevos criterios para la evaluación de riesgos en proyectos. Según Suárez, quienes logren alinear sus proyectos con esta metodología, tendrán más posibilidades de acceso a financiamiento.
Finalmente, alertó sobre la pérdida de narrativa pública del sector energético frente a intereses particulares, que bloquean proyectos a nivel territorial. Aunque el sector cuenta con empresas fuertes y múltiples gremios, no ha logrado comunicar de manera efectiva los impactos negativos que estas barreras generan sobre el bienestar colectivo.
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