España necesita instalar más de 4500 MW de energía eólica terrestre cada año hasta 2030 para cumplir con los objetivos del PNIEC, que prevé alcanzar 59 GW. Sin embargo, en 2024 se instalaron 1186 MW, lo que representa apenas una cuarta parte de lo necesario.
El sector advierte que, al ritmo actual, será imposible alcanzar la meta sin reformas urgentes.
“El crecimiento debería ser más lineal y mucho más intenso”, manifestó Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
El ejecutivo remarca que debería cuadruplicarse el volumen de instalaciones anuales actuales, algo que nunca se ha logrado en la historia del país.
Actualmente, España cuenta con 31.679 MW instalados, y la energía eólica fue responsable del 23,9 % de la generación eléctrica en 2024, manteniéndose como la principal fuente del mix nacional por tercer año consecutivo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024 de la asociación.
La AEE alerta sobre múltiples trabas estructurales, entre ellas, la lentitud en los procesos administrativos, la falta de coordinación entre organismos y la inseguridad jurídica, especialmente en algunas comunidades autónomas.
“Tenemos un problema de gobernanza y de criterios excesivamente conservadores, que no están alineados con las metas europeas”, planteó Márquez.
El caso más crítico es Galicia, donde más de 2500 MW ya autorizados están judicializados, provenientes de 97 parques, según datos del Gobierno gallego.
“Necesitamos que todo proyecto eólico que sea maduro, que esté en avanzado en estado de tramitación o desarrollo, no se pierda por una technicality administrativa de incumplimiento de un plazo, si realmente el incumplimiento del plazo no depende del promotor. Es algo que se planteó y se reguló, de algún modo, en el Real decreto ley 7.25, pero luego no fue convalidado”, analizó Virgilio.
En cuanto a eólica offshore, España aún no cuenta con parques operativos, pero ya actúa como proveedor industrial para el mercado internacional. En 2024, la industria eólica marina creció un 53 % en términos de PIB, gracias a la exportación de aerogeneradores, estructuras flotantes y tecnología asociada.
“Sin tener un solo parque marino, España ya es un actor clave en la cadena de suministro offshore. Pero es hora de acelerar también el desarrollo interno”, subrayó el CEO de AEE.
Despliegue territorial: tres regiones concentran el 83 % de la nueva potencia
En este contexto, el despliegue de nueva potencia eólica sigue estando altamente concentrado en pocas comunidades autónomas. De modo que, en 2024, Castilla y León con 550 MW, Aragón con 246 MW y Navarra con 196 MW representaron el 83 % de la nueva capacidad instalada.
Esta desigualdad territorial refleja los distintos niveles de agilidad administrativa y conflictividad judicial en cada región.
“Queríamos que esta etapa de transición energética equilibrara más el mapa”, señaló Márquez, pero las diferencias entre territorios están generando cuellos de botella que frenan el desarrollo y complican la planificación empresarial.
Presión fiscal, ahorro energético y precios de PPAs
El sector también alerta sobre la elevada carga impositiva que enfrentan los promotores eólicos. En 2024, las empresas del sector tributaron 588 millones de euros, lo que equivale a 232 euros por cada 1.000 facturados. “El sistema fiscal actual penaliza la inversión en renovables. Necesitamos una fiscalidad que esté alineada con los objetivos climáticos y de reindustrialización”, exige Márquez.
En paralelo, la generación eólica ha generado ahorros significativos para los consumidores. En 2024, redujo en 19,88 euros/MWh el precio promedio del mercado eléctrico, lo que supuso un ahorro total de 4.641 millones de euros.
“La eólica no solo reduce el precio del pool, también lo estabiliza, lo cual es clave para los acuerdos de largo plazo”, señala Márquez. En ese contexto, los Power Purchase Agreements (PPAs) se están cerrando en valores promedio de 60 a 70 €/MWh, consolidando a la eólica como una opción estable y competitiva frente a otras fuentes de energía.
El impacto de la energía eólica en la economía española va más allá del sistema eléctrico. En 2024, el sector aportó 3.274 millones de euros al PIB, equivalentes al 0,25 % del total nacional, y generó 37.070 empleos, entre puestos directos e indirectos. Además, el 46 % del valor añadido del sector provino de actividades industriales, como la fabricación de componentes, mantenimiento técnico y exportación.
“La eólica es la única tecnología renovable con una cadena de valor 100 % europea y con fuerte implantación industrial en España. Es un activo estratégico que debemos proteger”, remarcó el entrevistado. Según la AEE, mantener esa capacidad requiere señales claras a largo plazo y políticas que garanticen un entorno atractivo para los fabricantes.
Desde la Asociación Empresarial Eólica insisten en que España tiene los recursos naturales, la cadena de valor, el capital humano y la tecnología para cumplir sus metas. Sin embargo, identifican una serie de retos que, de no ser abordados, podrían poner en riesgo el objetivo de 59 GW eólicos terrestres y 3 GW marinos al 2030.
Entre ellos, acelerar la electrificación de la demanda, mejorar la tramitación administrativa, definir una hoja de ruta clara para la repotenciación y garantizar seguridad jurídica en comunidades con alta judicialización de proyectos. También se requiere una conexión más ágil a la red eléctrica, criterios homogéneos entre administraciones, y una planificación alineada con las capacidades industriales del país.
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