El gobierno de Argentina habilitó la ejecución de obras de transmisión bajo un esquema de concesión, con participación de capital privado y licitaciones abiertas a nivel local e internacional.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 921/2025 y representa un paso clave para el megaplan de 16 obras prioritarias, que implican más de 5600 kilómetros de líneas en 132 y 500 kV, diseñadas para aliviar cuellos de botella, evitar cortes y robustecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El nuevo marco busca atender uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico argentino: la limitada capacidad de transmisión para evacuar energía desde los centros de generación hacia las áreas de mayor demanda. Según el diagnóstico oficial, esta restricción no solo incrementa el riesgo de cortes, sino que también condiciona el desarrollo de nueva generación y la entrada de inversiones.

Las obras definidas como prioritarias se adjudicarán mediante licitaciones públicas bajo la Ley de Concesión de Obra, un modelo que traslada al sector privado la responsabilidad de diseñar, construir, operar y mantener la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos.

El decreto establece que la Secretaría de Energía estará a cargo de conducir los procesos licitatorios —incluida la aprobación de pliegos, la evaluación de ofertas y la adjudicación—, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control. Este diseño institucional busca acelerar los tiempos administrativos y ordenar un segmento que arrastra años de subinversión.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia para normalizar el funcionamiento del sector eléctrico y avanzar en ampliaciones largamente postergadas, en un contexto en el que la transmisión vuelve a ocupar un rol central en la agenda energética. En particular, el esquema de concesiones aparece como una herramienta clave para viabilizar proyectos de gran escala y reducir las restricciones que hoy afectan a usuarios, industrias y regiones productivas del país.

¿Qué fechas se estipulan para iniciar el proceso?

Semanas atrás, la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, le confió a Energía Estratégica que se espera lanzar  la licitación del proyecto AMBA I (la primera gran obra bajo el nuevo esquema) durante el primer cuatrimestre del 2026.

La obra forma parte de un ambicioso paquete de inversiones que redefinirán la infraestructura energética del país. AMBA I contempla más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión, que reforzarán la capacidad de abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional.

El oferente que se adjudique el proyecto recuperará su inversión únicamente una vez que la obra esté concluida y operativa. A partir de allí, se prevé un ingreso tarifario proveniente de los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se beneficien con la nueva infraestructura.

Además, una vez vencido el período de operación y mantenimiento, se proyecta que el concesionario transfiera las instalaciones al Estado Nacional a valor cero, y su administración podrá ser reasignada al transportista correspondiente.

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