El cambio de gobierno en Honduras tras las recientes elecciones reordenó el tablero energético y volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de liberalizar el mercado eléctrico.

Aunque la licitación internacional por hasta 1500 MW ya había sido lanzada por la gestión anterior, el nuevo enfoque político la resignifica y reactiva expectativas en el sector privado, en particular entre desarrolladores de energías renovables con almacenamiento.

“Sus planes para el sector energético han planteado un cambio radical, orientado a volver a la senda original de la Ley General de la Industria Eléctrica, ha despertado muchas expectativas”, señaló el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, al analizar el nuevo contexto institucional.

Más allá del proceso licitatorio en sí, el principal elemento que reconfigura el escenario es la posibilidad de avanzar hacia un mercado más abierto y competitivo, con mayor participación privada.

En ese sentido, desde la CREE observan que el marco regulatorio ya contempla mecanismos para habilitar cambios en la estructura actual, hoy dominada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como comercializador único.

La licitación contempla que el 65% de los bloques correspondan a proyectos renovables con almacenamiento, bajo la modalidad BOT (Build, Operate and Transfer). Este esquema implica que las plantas deberán ser transferidas al Estado tras 15 años de operación, una condición que introduce complejidades adicionales en la estructura de costos y dificulta la definición de precios de referencia, especialmente en un país sin antecedentes bajo este modelo contractual.

Ese diseño también plantea interrogantes sobre el impacto tarifario, dado que las inversiones terminarían siendo financiadas por la demanda. En ese marco, la definición del precio tope será uno de los ejes más sensibles del proceso, en un contexto donde la autoridad regulatoria debe equilibrar competitividad, sostenibilidad financiera y protección al usuario final, tomando como referencia los valores actuales de los contratos de compraventa de energía (PPA).

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En paralelo, el nuevo clima político reactivó el interés de distintos actores del mercado. Se observa una mayor participación en las consultas por parte de consorcios nacionales que hasta ahora no habían logrado avanzar con sus proyectos, así como de empresas internacionales, tanto en tecnologías renovables como convencionales. La lectura generalizada es que el cambio de administración abre una ventana de oportunidad para reposicionar inversiones en el sector eléctrico hondureño.

El debate de fondo, sin embargo, excede la licitación. El foco está puesto en la posibilidad de romper el esquema de monopolio comercial, permitiendo que grandes consumidores negocien directamente su suministro.

“Se vislumbra la intención del Gobierno y la opinión del sector privado en abrir nuevamente el mercado para permitir que los consumidores más altos puedan tranzar su energía directamente con generadores privados y estatales”, afirmó Deras, al describir el rumbo que podría tomar el sector.

Según el comisionado, tanto la CREE como el Operador del Sistema (ODS) ya desarrollaron la mayor parte de las normativas previstas en la Ley General de la Industria Eléctrica y su reglamento, lo que permitiría avanzar técnicamente hacia ese esquema sin necesidad de reformas legales de fondo.

No obstante, el principal condicionante sigue siendo la situación financiera de la ENEE. La empresa estatal enfrenta dificultades para garantizar el pago de nuevas inversiones, arrastra pérdidas técnicas y no técnicas que no han sido corregidas y opera bajo una estructura tarifaria que solo reconoce costos, sin margen operativo. Esa combinación limita su rol dentro de cualquier esquema de transición hacia un mercado más competitivo.

Para que la apertura sea viable, el sector deberá corregir los errores que impidieron el desarrollo del mercado desde 2015, modernizar la gobernanza interna de la ENEE y lograr una coordinación efectiva entre las cuatro instituciones del sistema eléctrico, cumpliendo estrictamente con lo que establece la ley. Con el nuevo gobierno, ese proceso vuelve a estar sobre la mesa, esta vez con expectativas renovadas.

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