El Gobierno mexicano anunció que en enero lanzará la segunda convocatoria pública para proyectos de generación limpia y almacenamiento. En ese contexto, actores del sector valoran positivamente los resultados de la primera ronda, en la que se adjudicaron 3300 MW de capacidad renovable y 1200 MW en almacenamiento.

Uno de los aspectos más destacados fue la celeridad inédita del proceso, posible gracias a que los proyectos seleccionados fueron declarados estratégicos, lo que habilita cronogramas definidos para permisos y construcción.

“El proceso de permisos e interconexión que antes tomaba dos años, lo comprimieron en dos meses. Eso da muchísima certeza a quien financia, a quien construye y a quien compra la energía”, señaló Alejandro Robles, director de MRS Sustentables, en diálogo con Energía Estratégica.

Con este precedente, anticipa que habrá un mayor interés del sector privado en la nueva etapa. “Va a ser muy interesante esta segunda vuelta. Hay jugadores fuertes que quisieron ver cómo se daba la cosa, y ahora se van a animar. Y si se incorporan mejoras, puede ser aún más potente”, planteó.

No obstante, Robles apuntó que para consolidar este esquema y ampliar su impacto será clave introducir mayor flexibilidad en aspectos técnicos, económicos y regulatorios.

“Sería deseable tener una mayor flexibilidad en las convocatorias, en especial en lo que respecta a dónde interconectarte. Que, por ejemplo, te digan: ‘necesito energía en la zona Occidental’, y que además te anticipen el costo de los refuerzos macro, aunque sea aproximado. Así podés ver cómo optimizar tu proyecto para sacarlo adelante”, sostuvo. A su juicio, la falta de esa información limita la planificación eficiente y restringe la participación de nuevos actores.

“Esto es un proceso dinámico, es una nueva ley, un nuevo sector. Creo que todos vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Y para eso, los instrumentos regulatorios también tienen que empezar a incorporar cierta flexibilidad”, remarcó. También sugiere que se permita postular tecnologías distintas a las previstas para ciertas regiones, siempre que estén técnica y económicamente justificadas.

Lejos de plantear una baja en los estándares, Robles aclaró que este pedido apunta a mejorar el alcance del esquema sin afectar su rigor. Por el contrario, destaca que la primera convocatoria sirvió como un filtro que elevó la calidad del mercado. “Solo entran los proyectos serios. Necesitás tener terrenos arrendados, estudios de interconexión avanzados, la manifestación de impacto ambiental y social presentada… y además, poder asumir refuerzos que cuestan cientos de millones de pesos”, puntualizó.

Otro eje relevante fue la incorporación obligatoria de almacenamiento. Todos los proyectos debieron integrar baterías equivalentes al 30% de su capacidad nominal, con tres horas de respaldo para solar y cuatro para eólica. Como resultado, se prevé la instalación de entre 3 y 4 GWh. “El almacenamiento ya no es opcional. Llegó, se va a instalar y será parte de la estructura del sistema eléctrico en México”, afirmó.

Más allá de los proyectos adjudicados, Robles observa una reactivación transversal en el ecosistema energético. Aumentaron las solicitudes de generación distribuida por parte de industrias, especialmente para instalaciones menores a 20 MW.

Además, proveedores de equipos, firmas de ingeniería, consultores financieros y operadores O&M ya comenzaron a movilizarse. “Esto está activando el ecosistema. Va a haber empleos bien remunerados, actividad para proveedores, técnicos y reclutadores”, indicó.

Por último, señala que aún resta completar aspectos normativos clave. Si bien la Ley del Sector Eléctrico se publicó en marzo y en octubre se presentó el nuevo reglamento, todavía falta actualizar manuales de interconexión, reglas de mercado y disposiciones técnicas.

“Falta que todos tengan muy claro cuál es la película. Pero las señales han sido muy positivas”, concluyó.

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