Puerto Rico se encuentra en la antesala de un avance histórico en su transición energética: luego de una década de dilaciones, el país podría superar el umbral del 20% de participación verde en su matriz, una meta originalmente planteada para años atrás.

“En 2026 varios proyectos de energía renovable a gran escala finalmente comenzarán a aportarle energía y almacenamiento a la red”, sostuvo Ramón-Luis Nieves, abogado energético y ex senador de San Juan, quien destacó que muchos de esos desarrollos ya se encuentran en construcción y podrían modificar el escenario energético nacional.

Mientras tanto, la generación distribuida mantiene un crecimiento sostenido y sin precedentes a nivel global.

Puerto Rico busca romper su aislamiento energético con una interconexión de 700 MW con República Dominicana

Según el último informe de LUMA Energy presentado al Negociado de Energía de Puerto Rico, al cierre de septiembre de 2025 se contabilizaban más de 180000 clientes bajo medición neta, con una capacidad instalada superior a los 1335 MW. El ritmo de nuevas conexiones —unas 4150 altas mensuales— permitirá superar los 200000 abonados durante el primer trimestre de 2026.

Actualmente, más del 10% de los usuarios del sistema eléctrico ya cuenta con generación solar, en su mayoría acompañada de baterías. Este nivel de adopción posiciona a Puerto Rico como líder mundial en generación distribuida residencial y comercial, tanto por la proporción de usuarios como por la velocidad de expansión.

Además de los desarrollos privados a gran escala, los proyectos de base comunitaria ganan protagonismo. Impulsados por cooperativas y organizaciones sociales, muchos de ellos nacieron tras el paso del huracán María en 2017. Hoy exhiben capacidad técnica, financiación y visión estratégica, consolidándose como actores permanentes del ecosistema renovable.

“Creo que los proyectos de base comunitaria están entrando en una etapa interesante de madurez y experiencia, trascendiendo el modelo basado en la emergencia”, explicó Nieves, al destacar que estas iniciativas están dejando atrás la lógica asistencial para integrarse a los modelos de generación sustentable.

En paralelo, el Proyecto Hostos, que busca conectar a Puerto Rico con República Dominicana a través de un cable submarino, podría avanzar durante 2026 si se destraban aspectos regulatorios clave. Esta infraestructura abriría una nueva etapa en la integración energética regional.

Entre retrocesos federales y una regulación sin dirección

El marco regulatorio enfrenta cuestionamientos por su escasa capacidad de ejecución. La Ley Núm. 1-2025, que establece un objetivo del 100% de energías renovables para 2050, dejó sin mecanismos concretos para alcanzar metas intermedias. Nieves remarcó que al Negociado de Energía le faltó un mandato expreso para conducir ese proceso, y advirtió que desde la sanción de la ley en 2010 no se han cumplido los objetivos legales de transición.

En ese contexto, el nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR) será clave. Su discusión comienza este año, y el especialista señala que, pese a la falta de exigencias explícitas, el regulador podría fijar nuevas metas técnicas vinculantes. De ser así, se abriría una hoja de ruta para reactivar el cumplimiento de la ley.

Otro frente de conflicto es la política de incentivos. La eliminación progresiva del Investment Tax Credit (ITC), decidida por la administración Trump, impuso un plazo acotado para que los desarrolladores logren permisos y conexión antes de perder el beneficio. Desde el Ejecutivo, tanto la gobernadora Jenniffer González Colón como el zar energético Josué Colón activaron órdenes y gestiones para acelerar los procesos regulatorios.

A su vez, se discute en la Legislatura una propuesta que eliminaría la exención contributiva para la compra de paneles solares y baterías, lo que encarecería significativamente la transición energética y afectaría el acceso de los hogares y comercios a la autogeneración.

En paralelo al despliegue renovable, el regulador aprobó a fines de 2025 las enmiendas al contrato de Energiza, la primera planta térmica proyectada en más de veinte años. De ejecutarse, aportaría 528 MW de capacidad principal y 450 MW de respaldo, reactivando la infraestructura fósil en el sistema eléctrico.

Una posición ambivalente en la región

Puerto Rico ocupa una posición dual en el panorama latinoamericano. Lidera ampliamente en generación distribuida, pero arrastra rezagos crónicos en la ejecución de proyectos a gran escala. Con el ingreso de nuevas plantas solares y sistemas de almacenamiento en 2026, sumado al avance comunitario, la isla podría comenzar a equilibrar su matriz y acelerar su transición.

“Puerto Rico es líder y está a la delantera en la generación distribuida. No creo exista jurisdicción comparable en cuanto al crecimiento en este renglón”, expresó Nieves. A pesar de los desafíos, sostuvo que existe un entorno competitivo en expansión y que, con planificación adecuada, el país podrá cumplir sus metas y consolidar un modelo energético resiliente y limpio.

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