La industria de las energías renovables alimenta la expectativa inmediata de que el Poder Ejecutivo incorpore al temario de sesiones extraordinarias el proyecto de ley que extiende por 20 años los principales alcances de la Ley 27.191 que estableció el régimen de fomento del sector, o bien que la discusión retome el trámite parlamentario en el período ordinario que inicia el 1 de marzo.

Tras la caducidad el pasado 31 de diciembre y el fallido intento por incluir una prórroga de la estabilidad fiscal en el Presupuesto 2026, el sector entró en una nueva etapa de definiciones legislativas para lograr la continuidad del régimen de fomento vigente la última década. El régimen presente hasta el 31 de diciembre, se asegura, fue el que permitió inversiones por más de US$7.000 millones y la instalación de nueva capacidad de generación por 6,5 Gw.

La industria de energías renovables busca restablecer el paraguas normativo que atravesó cuatro gestiones distintas de gobierno. En diciembre, durante las negociaciones presupuestarias, se intentó una «vía corta» que consistía en un artículo único que extendiera 30 años la seguridad jurídica ante la inminente caída de la ley original.

Sin embargo, ese capítulo fue retirado por el oficialismo del texto final como parte de las negociaciones, lo que incluyó puntos como la resolución de las deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa o la modificación del régimen de zona fría, entre otros.

Al no lograrse esa transición administrativa que diera un plazo más amplio para discutir un nuevo marco normativo, desde el sector se explica que los nuevos proyectos que no alcanzan el umbral de los u$s200 millones para calificar en el RIGI se encuentran, formalmente, sin un marco de promoción específico que garantice estabilidad ante posibles cambios tributarios. Es algo esencial en que los desarrolladores insisten por tratarse de inversiones de décadas de operación comercial.

Puntos clave del proyecto de Energías Renovables

En este contexto, la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) monitorea de cerca los movimientos en el Congreso. La mirada está puesta en el proyecto de ley modificatorio presentado en agosto de 2025 por el entonces diputado Martín Maquieyra. Aquella iniciativa, que contaba con el aval técnico de la Secretaría de Energía, proponía extender los beneficios hasta 2045, adaptando el esquema a la modernización del mercado eléctrico y garantizando que las reglas de juego se mantengan inalteradas por 20 años.

Pese a que el proyecto original conserva estado parlamentario, el recambio legislativo de diciembre provocó la caída del dictamen de comisión que ya se había logrado tras meses de debate. Esto implica que, de no mediar un tratamiento por «vía rápida» en extraordinarias, el texto deberá volver a discutirse en la Comisión de Energía una vez que se conformen sus nuevas autoridades en marzo. Para el sector, este paso también es clave para consolidar la confianza de los organismos de financiamiento internacionales que fondean muchos de los proyectos.

Desde la CEA subrayan que se encuentran «preocupados y ocupados», pero aclaran que el objetivo es evitar la discrecionalidad impositiva. “Proyectos de infraestructura energética, con vidas útiles que superan los 25 años, requieren una certeza que trascienda los mandatos presidenciales. La mayor preocupación no es la falta de incentivos directos, sino la posibilidad de que surjan gravámenes provinciales o municipales que alteren la ecuación económica de los parques”, señalaron.

Fuentes vinculadas a la labor legislativa explicaron que el Gobierno tiene intenciones de avanzar, pero la agenda parlamentaria hoy se encuentra saturada por temas de alto impacto político como la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-UE o la Ley de Glaciares. No obstante, existe la posibilidad de que el Ejecutivo emita un decreto para sumar el proyecto de renovables al temario de extraordinarias aunque los tiempos entraron en cuenta regresiva al 27 de febrero, lo evitaría esperar la conformación de las comisiones ordinarias.

El proyecto en cuestión presentado por una veintena de legisladores que incluía también a los diputados Lorena Villaverde y Cristian Ritondo introduce cambios profundos en la operatoria del mercado. Uno de los puntos más destacados es la eliminación de la intermediación de Cammesa en la compra de energía para grandes usuarios. Esta medida busca desregular el segmento, permitiendo contratos directos entre privados y eliminando precios máximos.

Se trata de una transición hacia un modelo de mercado más abierto, sin la tutela del Estado en la fijación de precios. Pero sobre todo abre un nuevo universo de clientes para el segmento generador que ante la retirada en los hechos de las compras públicas de energía a través de programas como el Renovar, encuentra la posibilidad de ampliar su base a través de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En la actualidad, se asegura que el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), está encontrando su techo.

Por qué el sector busca extender el blindaje tributario y jurídico

El aspecto central que la normativa busca blindar es el artículo 17 de la vieja ley, que establece que la utilización de fuentes renovables no estará alcanzada por ningún tipo de tributo específico, canon o regalía. Para las empresas, esta es la «columna vertebral» de la norma. Argumentan que la estabilidad fiscal no representa un costo para las arcas públicas, ya que se trata de gravámenes que nunca existieron para el sector, sino que funciona como un seguro contra la inseguridad jurídica que suele afectar a los hundimientos de capital de largo plazo.

Incluso con este debate pendiente, la actividad en el terreno continúa. “Los proyectos siguen su curso administrativo, aunque bajo la lupa de los departamentos legales que analizan el impacto de la actual falta de cobertura”, indicaron las fuentes. La industria insiste en que una ley aprobada bajo una gestión, continuada por otras dos y ahora perfeccionada por una cuarta, es la mejor señal de institucionalidad que la Argentina puede dar a los inversores que miran la infraestructura.

Además de la estabilidad, el nuevo texto busca fomentar la medición inteligente y la gestión de la demanda. Se trata de una actualización necesaria para un sistema que ya cuenta con un 19% de participación renovable en la demanda total. El desafío, coinciden las fuentes, ya no es solo generar energía limpia, sino integrarla a una red de transporte que hoy opera al límite y que requiere de este marco legal para proyectar nuevas obras de ampliación.

La viabilidad económica de los proyectos medianos, que son los que dinamizan las economías regionales y el empleo local, depende de esto, aseguran. Al no poder acceder al RIGI por el monto de inversión, la prórroga de los alcances de la Ley 27.191 se vuelve el único camino para mantener la competitividad. “Un banco que financia un parque eólico mira con lupa la vigencia de estas normas para determinar las tasas de interés; a mayor incertidumbre, mayor es el costo del capital”, reseñaron.

El Gobierno, a través de sus negociadores en el Congreso, recibió el pedido formal del sector. Si bien no es la prioridad del oficialismo en comparación con las reformas estructurales del Estado, se reconoce que existe un consenso técnico sobre su importancia. El desenlace en las próximas semanas determinará si la industrias de las renovables logra empalmar el éxito del esquema anterior con una nueva etapa de expansión marcada por un paraguas de seguridad jurídica hasta 2045.

, Ignacio Ortiz