El nuevo proceso de asignación de OEF, a través de la subasta para el Cargo por Confiabilidad (CxC), continúa generando alertas dentro del sector eléctrico colombiano. Aunque incorpora cambios normativos, las expertas consultadas identifican riesgos técnicos, señales regulatorias difusas y desbalances financieros, que pueden traducirse en falta de confianza por parte de los inversionistas interesados en participar con plantas nuevas.

“La novedad de la subasta es que parece reconocer las dificultades que han enfrentado los proyectos que resultan adjudicatarios de OEF con la real entrada en operación comercial, pues incorpora, entre otros, un incentivo para asignación de capacidad de transporte de forma más acelerada», advirtió Juanita Villanueva, abogada especialista en derecho minero energético.

Sin embargo, la ejecutiva sostuvo que no existe evidencia de que esta medida realmente solucione los tiempos de desarrollo de los proyectos y olvida que la carga de inversión en garantías sigue siendo muy alta. Aún con una nueva subasta, continúa latente.

El nuevo mecanismo, definido por la Resolución CREG 101 079 de 2025, no resuelve los problemas estructurales heredados de las convocatorias de las Resoluciones CREG 101 024 de 2022 y 101 034A de 2022. 

“La evidencia que hoy tenemos es que a finales del 2025, aún teníamos 30 plantas con OEF adjudicadas de la última subasta, que hoy continúan en etapa de construcción, lo que demuestra que convocar nuevas subastas sin otras mejoras que se requieren a nivel regulatorio no garantiza la confiabilidad esperada”, añadió Villanueva.

Vera Energy recomendó aplazar la subasta de Cargo por Confiabilidad colombiana por falta de condiciones para invertir

Natalia García, CEO de Enermant, con más de 18 años de experiencia y analista de más de 9 GW en proyectos renovables, señaló que las reglas actuales pueden derivar en castigos injustificados para los inversionistas.

 “En el pasado, muchos inversionistas han enfrentado la ejecución de garantías por haber presentado proyectos en etapas de avance insuficientes para  cumplir con los tiempos exigidos en las subastas. El problema es que los inversionistas, quienes no conocen las particularidades del mercado ni los tiempos de desarrollo, construcción y puesta en operación, se guían por requisitos exigidos para participar en los mecanismos», señaló.

Este es un riesgo que no solo toma el inversionista, sino también el sistema y la demanda, quienes son los que finalmente tienen que asumir los sobrecostos por la falta de oferta ocasionada por proyectos incumplidos.  El mecanismo no está generando condiciones mínimas para que los proyectos puedan cumplir con las OEF cuando el sistema lo requiere.

Además, se debe tener en cuenta que la Resolución CREG 101 066 de 2025 y la CREG 101 069 de 2025 introducen modificaciones sustanciales en la metodología de cálculo del precio de escasez y el precio de transacciones en Bolsa (PTB).  

En consecuencia, los generadores que tienen simultáneamente contratos bilaterales y OEF adjudicadas podrían verse obligados a “compensar” la diferencia entre su venta de energía en contratos o bolsa (la cual garantiza la financiación del proyecto), el PTB y su Precio de Escasez (PEI o PES) con dinero de su propio flujo de caja (dinero que no recibió de la bolsa sino de sus contratos bilaterales).

García advirtió a su vez que esto puede generar un desbalance económico para los potenciales participantes.

En paralelo, el uso de menús de contratos para agentes antiguos y nuevos abre una brecha competitiva que distorsiona las señales del mercado. 

“Esto puede favorecer a unos jugadores sobre otros sin una base técnica clara”, sostuvo la experta.

Claudia Ballesteros, abogada  con más de 12 años de experiencia en regulación y mercados eléctricos, cuestionó que la CREG no haya publicado estudios técnicos que validen la necesidad de esta subasta. 

“No hay evidencia de que con la convocatoria  se fortalezca la confiabilidad del sistema”, afirmó.

Ballesteros también advirtió sobre la falta de articulación institucional: “El Ministerio y la CREG han expedido regulación. Lo que ocasiona que ambas entidades traslapen sus competencias. Esto ha ocasionado que algunas medidas de política pública y  regulación sean expedidas sin rigor técnico”.

La percepción de que los cambios en el diseño del mecanismo no están orientados a incorporar las oportunidades de mejora identificadas en  las subastas anteriores, sin garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico como fin principal de las convocatorias del Cargo por Confiabilidad, es compartida por las tres especialistas. 

“Colombia necesita confiabilidad basada en proyectos viables de cualquier tecnología. Este gobierno ha trabajado fuertemente para tener metodologías que permiten agilizar procesos como LASolar, LAEolica y los procesos de conexión express para los proyectos adjudicados con OEF, sin embargo, la pregunta es: ¿el tiempo será suficiente para las nuevas plantas que no tienen siquiera punto de conexión?”, indicó García.

“El sistema necesita una mayor oferta de energía en firme e implementar las lecciones aprendidas de las subastas anteriores. No basta con convocar mecanismos y ejecutar garantías por incumplimientos, se requiere un acompañamiento efectivo por parte de todas las partes interesadas (gobierno, entidades, comunidades, agentes, demanda y demás) para que los proyectos efectivamente entren y no se “apague la luz”, concluyeron las tres especialistas.

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