El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jeri a solo dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril, profundizando un escenario de inestabilidad política que vuelve a impactar sobre sectores estratégicos como el energético. La decisión se produce en plena campaña electoral y en un país que encadena su octavo mandatario en la última década.

Tras la votación parlamentaria, el Legislativo designa como nuevo presidente interino a José Balcázar, quien asume el cargo este 18 de febrero con carácter transitorio. Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio, fecha en la que deberá transferir el poder al presidente que resulte electo en los comicios de abril. El nuevo jefe de Estado proviene del ámbito legislativo y cuenta con trayectoria vinculada a sectores de izquierda, lo que introduce interrogantes respecto al enfoque económico que adoptará durante esta etapa de transición.

La salida de Jeri se inscribe en una secuencia institucional iniciada tras la destitución de Pedro Castillo en 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte, cuya gestión estuvo marcada por conflictividad social y cuestionamientos políticos. Desde entonces, la gobernabilidad se convirtió en una variable crítica para los inversores, particularmente en industrias reguladas como la eléctrica.

En ese sentido, el sector eléctrico atraviesa movimientos en su conducción técnica. Meses atrás, Francisco Mendoza asumió como Viceministro de Electricidad en plena transformación del sector energético, con foco en planificación y modernización del sistema. Posteriormente, Nilo Pereira Torres asume recientemente el Viceministerio, en un momento donde la continuidad administrativa se vuelve clave para sostener la agenda renovable frente al ruido político.

En paralelo al escenario político, el sector renovable también registra movimientos en el ámbito gremial. Raquel Carrero, la hasta ahora Gerente General de la Asociación Peruana de Energías Renovables, anunció su salida y, en su mensaje de despedida, destacó que liderar el gremio “ha sido un honor”. Asimismo, subrayó que “falta mucho por hacer para impulsar una real transición energética en Perú”.

Este episodio político  ocurre en un momento determinante para el sector. Alrededor de USD 12.000 millones en inversiones en energías renovables permanecen en pausa, a la espera de definiciones regulatorias y señales claras que permitan avanzar hacia el cierre financiero y la ejecución de proyectos solares y eólicos.

Uno de los ejes centrales es la reglamentación pendiente de la Ley 32249, considerada estratégica por parte del sector para dinamizar el desarrollo de generación renovable y modernizar el esquema de contratación eléctrica. Sin reglamento operativo, los desarrolladores enfrentan limitaciones para estructurar contratos de suministro, garantizar ingresos estables y asegurar financiamiento internacional. En un contexto de transición política, la previsibilidad regulatoria adquiere mayor relevancia, ya que cualquier modificación en prioridades energéticas podría alterar cronogramas de expansión y mecanismos de adjudicación.

Las licitaciones de energías renovables previstas para 2026 aparecen como un instrumento central para ampliar la participación de fuentes limpias en la matriz eléctrica. Sin embargo, su implementación dependerá del rumbo que adopte el próximo Ejecutivo tras las elecciones del 12 de abril.

Para el sector energético, estas diferencias programáticas no resultan menores. El enfoque que adopte la conducción transitoria y, posteriormente, el Gobierno electo en abril podría incidir en la velocidad de reglamentación de la Ley 32249, en el diseño de futuras licitaciones renovables y en el esquema de participación privada en infraestructura eléctrica.

Con el calendario electoral en marcha y una presidencia interina de carácter temporal, el sector renovable permanece atento a las definiciones que se adopten en el corto plazo, especialmente aquellas vinculadas a reglamentación y planificación eléctrica.

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