El el sector energético peruano enfrenta un escenario de alta incertidumbre regulatoria, a dos meses de las elecciones presidenciales y con un 30% del electorado aún indeciso (según la última encuesta de CPI). La reglamentación de la Ley N° 32249, el esquema de licitaciones para distribuidoras y el desarrollo del mercado de servicios complementarios quedan condicionados a un calendario político que podría redefinir prioridades entre abril y julio.

El nuevo presidente interino José Balcázar, proveniente de Perú Libre, ha enviado señales de estabilidad institucional. Según explicó Brendan Oviedo, socio del área de Energía y Cambio Climático de Hernández & Cía, el mandatario “quiere continuidad”. 

En esa línea, Balcázar designó a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros y ratificó en sus cargos a la ministra de Economía y Finanzas, Dennis Miralles, así como a otros integrantes del gabinete. Las autoridades jurarán hoy 24 de de febrero, en un intento por proyectar previsibilidad política y económica en medio del proceso electoral, y presentarán a todo el gabinete.

Sin embargo, el margen de acción es limitado. Restan siete semanas hasta los comicios y luego un período de transición hasta el 28 de julio hasta que asuma el presidente electo. En ese contexto, Oviedo advirtió: “Se moverán con mucha cautela, al menos hasta las elecciones, para justamente tratar de evitar cualquier tipo de situación que pudiese afectar los votos”..

La preocupación del mercado no se concentra únicamente en este tramo previo a la votación, sino en el período posterior. “A mí más me preocupa lo que podría pasar después… una vez ya hayan habido las elecciones, qué podría hacer el presidente en esos dos meses que faltan”, afirmó el especialista, en referencia al lapso entre abril y la asunción del nuevo Gobierno.

El proceso de reglamentación de la Ley 32249 es uno de los puntos más sensibles. La norma, destinada a dinamizar las licitaciones de suministro eléctrico por parte de las distribuidoras, abrió comentarios en abril del año pasado y ya habría recibido observaciones técnicas del sector. No obstante, aún no se publica el texto definitivo. “Yo personalmente no le veo mucha esperanza que se publique en este gobierno, aunque espero equivocarme”, reconoció Oviedo respecto a un avance inmediato.

Desde el punto de vista técnico, el documento debería estar consolidado. Sin embargo, la decisión política sobre su publicación, o una eventual nueva ronda de comentarios, dependerá del contexto electoral.

Cabe recordar que según Riquel Mitma, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), hay 58 proyectos renovables listos para avanzar por más 12.5 GW y más de US$12000 millones con “señales claras del gobierno”.

Además, Perú registra una cartera solar fotovoltaica amplia con 13116,1 MW en tramitación ambiental con Estudios de Pre-Operatividad aprobados, según un relevamiento realizado por Energía Estratégica en base a datos de Osinergmin, distribuidos en 65 proyectos. Sin embargo, solo 11 de ellos cuentan con concesión definitiva, lo que representa apenas 2,3 GW habilitados formalmente para avanzar a etapa de construcción.

Por otro lado, el mercado de servicios complementarios enfrenta un escenario incluso más incierto, según apuntan desde el sector..Este componente resulta estratégico para la integración de mayor capacidad renovable, ya que define señales económicas vinculadas a flexibilidad y respaldo del sistema.

En paralelo, el reglamento para la coordinación operativa en sistemas aislados —que habilitaría la participación del COES— estaría más avanzado y en etapa final dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si bien el Perú mantiene una percepción de estabilidad macroeconómica, Oviedo advierte que el trasfondo estructural es la falta de continuidad institucional. “No solo no hay continuidad de los funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones, sino tampoco hay un plan que establezca un cronograma con hitos claros, con objetivos”, analizól socio de Hernández & Cía.

En un contexto de recambios frecuentes de ministros, viceministros y directores generales, y ante la ausencia de una hoja de ruta formal, la ejecución normativa termina dependiendo de decisiones individuales, lo que genera mayor incertidumbre en el sector y dificulta la planificación de mediano y largo plazo.

En el frente electoral, las últimas encuestas posicionan a Rafael López-Aliaga, del partido Renovación Popular, al frente de la intención de voto, seguido por Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, mientras que cerca del 30% de los votantes aún no decide su opción. Ese nivel de indefinición incrementa la cautela en el mercado energético, que aguarda señales sobre la orientación que adoptará la próxima administración respecto a licitaciones, planificación y reglas de mercado.

En definitiva, la definición presidencial no solo configurará el mapa político del país, sino que determinará la velocidad —o la postergación— de la agenda regulatoria energética. “El cambio de jugadores hace difícil que se mantenga el nivel del juego”, concluyó Oviedo.

La entrada Perú mantiene en pausa Ley 32249 y licitaciones renovables por incertidumbre electoral: ¿qué rumbo tomará el sector? se publicó primero en Energía Estratégica.