La urgencia de una reforma estructural del mercado eléctrico colombiano y de acelerar la entrada en operación de nuevos proyectos de energías renovables no convencionales se ha convertido en una prioridad inaplazable. El CEO de Óptima Consultores, Alejandro Lucio sostiene que el país debería declarar una emergencia energética, con el objetivo de implementar medidas de manera ágil y sin politización, “sin connotaciones políticas».
Reconoce que la próxima gestión del ministro de Minas y Energía —sin importar el cuadro político— tendrá que enfrentar un escenario “muy complejo que requerirá agilidad, compromiso del sector y foco”.
En diálogo con Energía Estratégica, el consultor explicó que Colombia enfrenta un déficit de energía firme desde este mismo año y que las proyecciones indican que hacia 2026/27 faltarán 2 TWh anuales.
Este volumen exige sumar de forma prioritaria 3.000 MW solares si se pretendiera cubrir exclusivamente con esta tecnología, ya que los retrasos históricos en la eólica onshore, particularmente en La Guajira, varios parques adjudicados hace años siguen sin entrar en operación por problemas de conexión, licenciamiento ambiental y aceptación social, factores que también comprometen la viabilidad de la eólica marina.
“Eso es lo que se necesita garantizar, y ahí está la prioridad”, enfatizó. Sin embargo, Lucio adviertió que la probabilidad de que esa capacidad se instale a tiempo es baja, dadas las dificultades actuales para que los proyectos avancen.
Entre prioridades y anuncios
Lucio considera que medidas como la reciente Circular 073 de 2025 de la UPME —que amplía la lista de bienes y servicios con beneficios tributarios para proyectos de energías renovables, gestión eficiente e hidrógeno— tienen un efecto limitado en la viabilidad inmediata del sistema.
“Es racionalizar procesos y ampliar la base de productos y servicios sujetos a beneficios, algo conveniente, pero no creo que su impacto sea significativo”, afirmó.
En cuanto al lanzamiento de la convocatoria para eólica marina, reconoce que puede generar interés de empresas europeas y chinas, pero advierte que la viabilidad económica es remota y que antes deben resolverse los problemas en proyectos onshore.
“No hemos sido capaces de sacar adelante los eólicos en La Guajira, que debieron entrar en operación hace 3 o 4 años, y ya estamos pensando en offshore sin haber hecho tampoco las reformas sectoriales”, cuestionó.
Para Lucio, distraer recursos y atención en iniciativas con retorno incierto a corto o mediano plazo implica perder de vista la urgencia real: garantizar suministro firme ante el próximo fenómeno de El Niño. “Primero lo primero”, sentenció.
Reformas pendientes desde 2018
El especialista subrayó que el marco regulatorio vigente data de 2006, diseñado para una matriz hidro/térmica que ya no responde a la realidad del sector.
“Hay necesidades identificadas y diagnosticadas desde 2018, de ajustar las reglas del mercado en un obsoleto y que además pierde concentración: más actores, más generación distribuida y autogeneración”, concluyó.
Entre los cambios pendientes, menciona la modernización de los mercados de corto plazo, la actualización de los mecanismos de contratación a largo plazo y la revisión del esquema de confiabilidad, con el fin de facilitar la integración de nueva capacidad renovable.
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