El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil abrió una consulta pública para incentivar la producción y consumo de biometano, tanto en los sectores eléctrico, térmico y transporte vehicular, como parte de la iniciativa prevista en la Ley del Combustible del Futuro (Ley 14.993/2024) y que busca fomentar la inclusión del biometano en la matriz energética nacional como herramienta clave para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

De acuerdo con el proyecto de decreto, la reducción de emisiones en el mercado de gas natural se logrará mediante la participación progresiva del biometano en el consumo nacional. El objetivo es iniciar en 2026 con un mandato obligatorio del 1%, condicionado a la disponibilidad de suministro, y escalar gradualmente hasta un máximo del 10%.

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) establecerá las metas anualmente, precedidas de un análisis de impacto regulatorio (AIR), que evaluará la viabilidad técnica y económica.

El mismo deberá considerar, la disponibilidad actual o futura de biometano y del biogás, la capacidad de la infraestructura y de las instalaciones de producción y manipulación, los beneficios de la descarbonización y la preservación de la competitividad, como también prever objetivos indicativos para los próximos cinco años. 

El MME también anunció que la CNPE publicará anualmente un informe detallando el porcentaje de cumplimiento de las metas por cada agente obligado, así como las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas.

Desde el punto de vista de la industria gasífera, esta medida representa un cambio significativo. La conversión de las metas de reducción en metas volumétricas de adquisición de biometano obligará a los agentes del sector a reconfigurar sus estrategias comerciales, dado que las empresas deberán incorporar al menos un 1% de biometano en sus operaciones de venta, autoproducción o autoimportación, siempre que se demuestre su viabilidad técnica y económica.

Además, el programa contempla beneficios directos para los productores e importadores de biometano, quienes podrán certificar su producción a través de agentes certificadores de origen (ACO), quienes tendrán la responsabilidad de verificar los procesos de producción y emitir los Certificados de Garantía de Origen de Biometano (CGOB).

En cuanto a las sanciones, el decreto establece un régimen estricto. Las multas por incumplimiento no podrán ser inferiores al beneficio económico obtenido mediante la infracción y oscilarán entre R$ 100.000 y R$ 50.000.000. Además, se contempla la suspensión temporal o total de las operaciones de las instalaciones en caso de reiterados incumplimientos.

La consulta pública estará abierta hasta las 14 horas del próximo lunes 19 de mayo, ofreciendo a todos los actores del sector la oportunidad de presentar sus aportes sobre la reglamentación de este ambicioso programa que pretende marcar un antes y un después en la descarbonización del sector energético brasileño.

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