El 2023 ha sido un año auspicioso para las energías renovables en América Latina y el Caribe. Sin embargo, se advierte un gran potencial para incrementar los esfuerzos e ir aún más allá.
El informe “Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2023” de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) señala la abundancia de recursos naturales como un pilar clave para la diversificación de las matrices energéticas. Además, resalta la evolución positiva de las políticas públicas que fomentan la inversión extranjera directa, respaldadas por entornos políticos e institucionales estables.
Retomando aquel informe, William Villalobos, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE), subrayó la importancia de la convergencia regulatoria entre sectores como la minería, hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones, reconociendo su papel estratégico en el impulso de las energías renovables. Y en este sentido, destacó la relevancia de las reservas de minerales locales que jugarán un rol central para asegurar la electrificación y descarbonización de las economías globales.
«ALC es una región clave para la industria de las renovables por las reservas que posee: 51% de Litio, 38% de Cobre, 22% de Grafito, 39% Plata y 17% en Níquel, Zinc y Tierras raras, minerales requeridos cuando pensamos en paneles solares, baterías, aerogeneradores, vehículos cero emisiones que sin duda son intensivos en el uso de estos minerales», introdujo el presidente de la ASIDE.
Potenciar la minería y aprovechar los recursos naturales para el despliegue de generadoras renovables como eólica y fotovoltaica, no serían las únicas cartas por jugar. Las redes de transmisión y distribución para ampliar el acceso al servicio eléctrico también resulta crucial atender en el corto, mediano y largo plazo.
En octubre pasado la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en su informe “Electricity Grids and Secure Energy Transitions”, expuso un dato más que neurálgico y es que al 2040 se tendrán que adicionar o reemplazar 80 millones de kilómetros de líneas eléctricas; lo cual equivale al tamaño de global de la red construida en los últimos 100 años.
Subrayando el informe de la IEA, Villalobos alerta sobre desafíos cruciales en la expansión de las renovables, especialmente en la actualización y fortalecimiento de las redes, destacando el papel fundamental del sector privado en el despliegue de infraestructuras para la transición, haciendo hincapié en la relevancia de la seguridad jurídica para atraer las inversiones necesarias.
Por ello, desde la perspectiva de Villalobos, para lograrlo es preciso impulsar una acción coordinada entre los sectores público y privado, la academia y los organismos internacionales para aprovechar el potencial de ALC en las energías renovables. Estas estrategias, basadas en la seguridad jurídica, la infraestructura robusta y la cooperación regional, serían fundamentales para convertir a la región en líder en esta transición energética global.
«No resulta pretencioso afirmar que la región reúne condiciones propicias para ser el líder de las renovables a nivel mundial, las razones para afirmar ello son distintas: abundancia de recursos naturales que permiten una eficiente diversificación de las matrices de generación de energía eléctrica, rediseños de políticas públicas que contemplan incentivos y condiciones de seguridad jurídica para la atracción de inversión extranjera directa en varios países cuyo clima de negocios, institucionalidad y estabilidad política resultan propicios para ello».
Regulación y ejecución de proyectos: un desafío latente
Ciertamente, los operadores de cada mercado eléctrico continúan otorgando concesiones o realizando licitaciones para nuevos proyectos de generación. Sin embargo, no todos los proyectos llegan a estar operativos en las fechas comprometidas por contratos y otros que avanzan se enfrentan a renegociaciones de contratos.
En cuanto a los retrasos en la puesta en marcha de proyectos, William Villalobos apuntó a la urgencia de señales claras en las reglas del juego, reforzando la necesidad de seguridad jurídica frente a la inestabilidad regulatoria y menciona la importancia de mejorar los procesos de consultas socioambientales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Sobre las renegociaciones de contratos renovables, el referente consultado enfatizó la importancia de no comprometer principios esenciales como la confiabilidad del suministro, seguridad jurídica e equilibrio económico, insistiendo en lo fundamental que resulta mantener de procesos transparentes y con consenso, evitando futuros conflictos que puedan perjudicar a ambas partes involucradas.
Iniciativas desde ASIDE para el 2024
Ante este escenario de desafíos, la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE) responde con una serie de iniciativas para este año 2024 que promete alinear la cooperación con universidades, organismos internacionales y agencias de regulación para desarrollar marcos regulatorios modernos y sostenibles.
Tal es así que el presidente de la ASIDE anunció a Energía Estratégica la consolidación de alianzas estratégicas, la formación del capítulo de ASIDE en Centroamérica y República Dominicana, la realización del Congreso Iberoamericano de Energía (Octubre en España) y la publicación del VI Anuario Iberoamericano de Energía donde se expresará el panorama general del derecho de la energía actual.
Entrevista completa a William Villalobos
-¿Qué condiciones presentó en 2023 y presenta para el 2024 la región en el contexto de transición energética?
2023 fue un muy buen año para la industria de las renovables en ALC (América Latina y Caribe) y Centroamérica, basta con mirar los resultados de OLADE en su informe Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2023. De ahí que, no resulta pretencioso afirmar que la región reúne condiciones propicias para ser el líder de las renovables a nivel mundial, las razones para afirmar ello son distintas: abundancia de recursos naturales que permiten una eficiente diversificación de las matrices de generación de energía eléctrica, rediseños de políticas públicas que contemplan incentivos y condiciones de seguridad jurídica para la atracción de inversión extranjera directa en varios países cuyo clima de negocios, Institucionalidad y estabilidad política resultan propicios para ello.
Adicionalmente, estamos experimentando una nueva gobernanza que suscita una convergencia regulatoria entre sectores regulados: minería, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones de forma que, si estamos apostando por una mayor dinamización de las renovables en la región; no podemos olvidar el rol estratégico de otros sectores para tal cometido.
Tal es el caso de la Minería, ALC es una región clave para la industria de las renovables por las reservas que posee: 51% de Litio, 38% de Cobre, 22% de Grafito, 39% Plata y 17% en Níquel, Zinc y Tierras raras, minerales requeridos cuando pensamos en paneles solares, baterías, aerogeneradores, vehículos cero emisiones que sin duda son intensivos en el uso de estos minerales.
-¿Qué principales problemáticas identificaron en la regulación vinculada a la penetración de renovables variables y almacenamiento energético? ¿podrían atenderse en este 2024?
Considero que no podemos olvidar que la electromovilidad, los Recursos energéticos distribuidos (DERs) y muchos de los nuevos modelos de negocios en el caso del sector del eléctrico pasan por un tema de redes; de ahí encontramos retos importantes a nivel de fortalecimiento y financiación de la red, y los tiempos de ejecución que conllevan estas inversiones.
Justamente, en octubre pasado la IEA en su informe “Electricity Grids and Secure Energy Transitions”, expuso un dato más que neurálgico y es que al 2040 se tendrán que adicionar o reemplazar 80 millones de kilómetros de líneas eléctricas; lo cual equivale al tamaño de global de la red construida en los últimos 100 años.
De ahí que urge, voltear la mirada en las inversiones en redes si queremos una mayor electrificación de actividades que históricamente han sido dependientes de los combustibles fósiles. La generación solar y eólica, junto con los sistemas de almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos (sin mencionar el transporte de carga en sus modalidades cero emisiones) los cuales ofrecen una oportunidad única para diversificar la matriz energética y reducir las emisiones. Sin embargo, la integración de todo esto requerirá una adecuada planificación y regulación.
En esa misma línea, corresponde hablar de incentivos para la inversión en estas tecnologías, de planificación y de marcos regulatorios que den una real seguridad jurídica. Podemos tener planes sectoriales y políticas públicas que fijen ambiciosas metas, pero, ¿cuán realistas son?
Tenemos oportunidades formidables en nuestros países para lograr las metas, en donde el sector privado y la investigación desde la academia -sin duda- juegan un papel clave en el despliegue de las infraestructuras que la transición requiere porque el Estado por sí solo no podrá; de ahí la importancia de la seguridad jurídica y cuidar el riesgo país para atraer las inversiones necesarias.
De forma incompleta se dice que “sin transmisión no hay transición”, pero lo cierto es que: sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay transmisión y sin ella no hay transición”.
-Respecto a demoras en la puesta en marcha de proyectos de generación, en especial renovables, ¿cómo desde una actualización en la regulación de puede contribuir a que los proyectos se ejecuten en mercados tan complejos como los latinoamericanos?
Sin duda, el tiempo apremia; y corresponde voltear la mirada a los marcos regulatorios de nuestros países. Urgen señales claras que den seguridad jurídica a las inversiones frente a la inestabilidad regulatoria que recientemente han mostrado países como México y Colombia. Así mismo urge revisar y mejorar los procesos de consultas socio ambientales, modelos de gobernanza en los proyectos que contribuyan a lograr las metas de los países conforme a los Acuerdos de París, a través de un desarrollo justo y sostenible.
Quienes hacemos parte de los sectores estratégicos (minero, oil & gas, eléctrico y telecom) tenemos sobre nuestros hombros el peso de que nuestras acciones contribuyan al cumplimiento de los ODS particularmente #6, #7, #9 y #12. Lo cual deberá contribuir al apremiante desarrollo e implementación de mecanismos de supervisión, fiscalización, consulta y monitoreo que lejos de paralizar proyectos (como el caso de la Guajira) permitan una mejor integración de sectores y actores en el fomento del desarrollo socioeconómico de los países.
De ahí que, aumentar la penetración de fuentes renovables variables en la región pasa por estos temas: desarrollar e implementar mejoras importantes en los mecanismos de supervisión y monitoreo de los sistemas de transmisión y distribución para ayudar a la integración de tecnologías y aprovechar las innovaciones en flexibilidad que hoy los nuevos modelos de negocio a partir de la descentralización nos presentan. No podemos olvidar la recién declaración de Montevideo en la que los 12 países de la RELAC asumieron el compromiso de alcanzar el 73% de renovables a 2030 en la matriz eléctrica de la región ALC; lo cual denota un esfuerzo de una visión regional más integral.
Respecto a contratos renovables con off-takers del sector público, se presenciaron algunas renegociaciones de contratos algunas a favor de un alza en los costos (caso Puerto Rico) y otras a favor de una reducción en los costos (caso Honduras) durante 2023, ¿qué recomendaciones realizan para una mayor transparencia e intercambio de las partes para próximas renegociaciones?
Sin duda el contexto que estamos viviendo con los cambios de mercado, incorporación de nuevos proyectos, volatilidad de costos, entre otros, obliga a tener claro que, cualquier proceso de renegociación pasa por no olvidar algunos principios que no se pueden lesionar: a) confiabilidad y continuidad del suministro; b) seguridad jurídica de las inversiones y equilibrio económico de los contratos; c) asequibilidad en el costo de la energía.
Estas premisas deben enmarcarse en procesos de consenso transparentes, de buena fé de libre negociación con miras a lograr eficiencias que redunden en beneficios para los usuarios y el sector de energía y el Estado; puesto que, quienes participen de estos procesos tienen que tener posturas muy transparentes y habilidades de negociación robustas amen de evitar futuros arbitrajes de inversión como ha sucedido en otros contextos que no resultan beneficiosos para ninguna de las partes involucradas: Estado e inversionistas.
– ¿Qué iniciativas de promoción y fomento llevarán a cabo desde la ASIDE este año?
Desde ASIDE estamos comprometidos con el impulso, promoción y apoyo a la construcción de espacios que permitan la confluencia de la academia, sector privado, la banca y los actores políticos; con miras a lograr marcos regulatorios modernos, flexibles y dinámicos; así como la construcción de políticas sostenibles en los mercados energéticos de Iberoamérica, como parte de la construcción que hoy denominados el Derecho Global de la Energía.
En esta línea, hemos venido consolidando convenios de Cooperación Interinstitucional con Universidades de la región, con Organismos Internacionales como ARIAE y con Agencias de Regulación (ARESEP en CR). Para este 2024 tenemos previsto la consolidación de nuevas alianzas estratégicas con otros organismos regionales, la constitución del capítulo de ASIDE en República Dominicana y Centroamérica, la publicación del VI Anuario Iberoamericano de Energía el cual tendrá como eje temático: Panorama General del Derecho de la Energía; así como la celebración de nuestro Congreso Iberoamericano de Energía a celebrarse este año en España para el mes de octubre.
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