Centroamérica está experimentando una transformación silenciosa pero profunda en su infraestructura energética y ambiental. Con más de 918 MW en proyectos solares planificados entre 2025 y 2026, y el respaldo de hasta US$10.000 millones en financiamiento multilateral, la región comienza a consolidar una agenda verde en respuesta a su elevada vulnerabilidad climática.
“La infraestructura verde no es un lujo, sino una herramienta esencial para mitigar riesgos y fomentar el desarrollo inclusivo”, manifestó el director general de Grupo Aldesa México, Diego Hernández Martins.
El mercado latinoamericano de infraestructura verde alcanzará los US$491.830 millones en 2025, creciendo desde los US$464.500 millones del año anterior, con una tasa compuesta del 4,2% hasta 2034. Esta dinámica incluye tanto infraestructura física —como corredores biológicos, parques urbanos y sistemas hídricos— como generación y almacenamiento de energías renovables. México y Centroamérica enfrentan amenazas crecientes: fenómenos climáticos extremos podrían aumentar un 25% para 2030, afectando directamente sectores como el turismo, la agricultura y el abastecimiento hídrico.
Las tecnologías renovables más dinámicas en la región son la energía solar fotovoltaica y la eólica, seguidas por geotermia y biomasa en menor medida. En total, 31 nuevos proyectos solares agregarán 918 MW, particularmente en Panamá, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.
“El énfasis en solar y eólica se debe a la rapidez de despliegue, la caída en costos y su facilidad de integración en redes híbridas”, explicó Hernández Martins. Asimismo, el respaldo financiero tiende a alinearse con estas tecnologías por su menor huella de carbono y alta escalabilidad.
Costa Rica lidera la región con una matriz casi 100% renovable, además de un marco normativo sólido. Panamá y El Salvador han simplificado permisos para atraer inversión, mientras Guatemala se destacó por su apertura a subastas competitivas y capital extranjero. Entre las recomendaciones clave para mantener la competitividad destacan la agilización de permisos, subastas tecnológicamente neutras, incentivos fiscales, metas claras hacia 2030 y 2050, y la inversión en redes inteligentes y formación técnica local.
El impulso regional tiene un pilar clave: el financiamiento multilateral. Solo en 2025, instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) canalizarán hasta US$10.000 millones hacia proyectos de almacenamiento energético, redes de distribución adaptadas al clima, restauración de manglares e hidrógeno verde. “Estos fondos abren oportunidades enormes para tecnologías con resiliencia climática como las baterías, redes inteligentes o las microrredes en zonas rurales”, resaltó el directivo de Aldesa.
Aldesa y el liderazgo empresarial en infraestructura resiliente
Aldesa se posiciona como uno de los actores con mayor proyección para ejecutar proyectos clave en Centroamérica. Con presencia consolidada en México y operaciones en Perú, Chile y Uruguay, la empresa busca expandirse a la región a través de megaproyectos e infraestructura resiliente. “Nuestra experiencia en APP y energías renovables nos posiciona como socio ideal para iniciativas como las plantas solares de Baja California o corredores como el Tren Interoceánico”, señaló Hernández Martins.
La empresa apuesta por tres pilares estratégicos: participación en asociaciones público-privadas (APP), aún subutilizadas en la región; integración de soluciones verdes urbanas con eficiencia energética y biodiversidad; y expansión hacia corredores logísticos, con aportes en resiliencia costera y monitoreo climático. “Aldesa no solo construye; genera valor duradero. Con 2.000 profesionales, invertimos en materiales bajos en emisiones y tecnologías de monitoreo”, enfatizó.
Pese al avance, persisten obstáculos estructurales. Uno de ellos es la escasez de áreas verdes en ciudades del norte de México, documentada en febrero de 2025. Otro es el débil marco jurídico para APP en varios países centroamericanos, lo que limita la captación de capital privado. “Las APP representan una oportunidad subestimada para atraer inversión sin sobrecargar las finanzas públicas”, afirmó Hernández Martins.
También urge garantizar equidad en la distribución territorial de los beneficios de esta transición, especialmente en comunidades rurales aisladas. Para ello, los gobiernos deben acelerar marcos regulatorios y reducir barreras burocráticas que aún frenan el despliegue de tecnologías limpias. “Sin reglas claras para almacenamiento y nuevos vectores energéticos, la región podría quedar rezagada frente a competidores como Chile o Brasil”, subrayó el Director General de Aldesa México.
El camino hacia una Centroamérica resiliente, verde e inclusiva está en marcha, pero requerirá acciones políticas audaces, regulación eficiente y una mayor articulación entre sector público, privado y multilaterales. “El cambio climático no espera, pero nosotros sí estamos preparados para actuar”, concluyó Hernández Martins.
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