Chevron volvió a plantear la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos de Venezuela para garantizar condiciones que permitan escalar inversiones en el país.

El pedido fue formulado por el director ejecutivo Mike Wirth durante su intervención en CERAWeek, el foro energético global organizado por S&P Global en Houston, donde la compañía expuso los avances y los límites del actual marco regulatorio venezolano.

La petrolera estadounidense opera en Venezuela bajo licencias del Departamento del Tesoro de EE.UU., que exigen que los contratos se ajusten a legislación estadounidense y contemplen arbitraje internacional para la resolución de disputas. Sin embargo, la normativa venezolana vigente no incorpora estos mecanismos, lo que genera un vacío legal que desalienta inversiones de largo plazo.

Wirth señaló que, si bien la reforma petrolera aprobada por la Asamblea Nacional en enero otorgó mayor autonomía operativa a las empresas mixtas y habilitó la venta directa de crudo, el texto mantiene zonas grises en materia fiscal y contractual. La ley permite reducciones de regalías y beneficios impositivos “a discreción” del Ministerio de Hidrocarburos, sin un esquema específico por tipo de proyecto. Para Chevron, esa discrecionalidad introduce incertidumbre jurídica en un sector que requiere inversiones intensivas y previsibilidad.

La compañía también remarcó la necesidad de que la legislación venezolana refleje las condiciones de las licencias OFAC, que obligan a incluir mecanismos de resolución de disputas en tribunales internacionales y cláusulas de cumplimiento bajo estándares estadounidenses.

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Las empresas mixtas donde PDVSA mantiene mayoría accionaria vienen insistiendo en este punto, ya que la falta de alineación entre ambos marcos normativos limita la capacidad de financiamiento y la expansión de proyectos.

Chevron es actualmente el socio extranjero más relevante de PDVSA, con una producción cercana a 250.000 barriles diarios, equivalente a una cuarta parte del total nacional. La compañía sostiene que podría aumentar ese volumen si existiera un marco legal más claro, estable y compatible con las exigencias regulatorias de Estados Unidos.

En un contexto donde Venezuela busca atraer capital para reconstruir su industria petrolera tras años de caída estructural, la discusión sobre la ley de hidrocarburos se vuelve central. La administración de Delcy Rodríguez, sin embargo, se ha mostrado reticente a abrir una nueva reforma, pese a que el reglamento fiscal prometido en enero aún no fue publicado.

La señal de Chevron es clara: sin seguridad jurídica, arbitraje internacional y reglas fiscales específicas, la recuperación del sector seguirá limitada. Para Venezuela, el desafío es equilibrar el control estatal con condiciones que permitan el ingreso de capital y tecnología en un momento crítico para su industria energética.

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