El Poder Ejecutivo de Chile presentó un conjunto de indicaciones al proyecto de ley que amplía los subsidios eléctricos, con una serie de ajustes clave que redefinen el esquema financiero, técnico y regulatorio de la medida. Las modificaciones, ingresadas en el segundo trámite constitucional, apuntan a equilibrar la sostenibilidad fiscal con la viabilidad operativa del sistema eléctrico nacional.

Una de las principales correcciones consiste en acotar temporalmente la aplicación del subsidio. La iniciativa del Ejecutivo elimina el año 2024 como periodo de aplicación y restringe el beneficio a los años 2025 y 2026, dejando fuera cualquier posibilidad de extensión hacia 2027 sin una nueva revisión legislativa.

Asimismo, se propone un tope anual de recursos provenientes del cargo del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) , el cual será de $250.000 millones en 2025 y $260.000 millones en 2026, con una reducción significativa a $135.000 millones para 2027, solo en caso de ser necesario. 

Este ajuste se complementa con el uso exclusivo de instrumentos financieros en moneda local para la administración del Fondo, buscando protegerlo de riesgos cambiarios y dar mayor estabilidad.

Otro eje clave es la redefinición del controvertido Cargo FET, que prevé que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien parte de los subsidios eléctricos, originalmente hasta 2027 o 2028 a través de un eventual cargo de compensación.

Sin embargo, esta medida fue fuertemente criticada por el sector de energías renovables en Chile. La iniciativa fue calificada como un “grave” problema regulatorio y constitucional, acusando que representaba una reforma tributaria encubierta que no aportaba al desarrollo del sector. El impacto directo del Cargo FET en los ingresos de los PMGD fue uno de los argumentos más repetidos por las asociaciones del sector.

Por lo que, entre las nuevas indicaciones, se establece una reducción del valor del Cargo FET a $0,5 por kWh, a todos los retiros que realicen las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 megawatts a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales. 

Además, se introduce un mecanismo de reajuste semestral según el índice de precios al consumidor (IPC), limitando su impacto a la inflación y no al precio de la energía.

El Coordinador Eléctrico Nacional será el encargado de recaudar el Cargo FET y transferir los recursos al Fondo de Estabilización de Tarifas, consolidando su rol como ente técnico-financiero central en el nuevo esquema de subsidios.

El documento oficial también introduce ajustes para que, tras cada proceso de concesión del subsidio, el Ministerio de Energía elabore un informe de proyección financiera, considerando tanto la recaudación esperada del Cargo FET como la nómina adjudicada, para asegurar el flujo constante de recursos.

El nuevo texto mantiene el mecanismo por el cual los aportes fiscales podrán incrementarse en hasta $40.000 millones anuales durante 2026 y 2027, siempre y cuando siga vigente la sobretasa al CO₂ de USD 3 por tonelada (originalmente era de USD 5 x tCO2. También se establece que, a partir de 2028, todos los recursos del Fondo deberán destinarse exclusivamente al pago de documentos emitidos bajo leyes anteriores, sin nuevos subsidios asociados.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo intenta equilibrar el alivio tarifario a los consumidores con la sostenibilidad fiscal y operativa del sistema, mientras responde parcialmente a las críticas del sector privado. Sin embargo, el debate legislativo sigue abierto, y la definición final dependerá de cómo se resuelva el conflicto entre las metas sociales del subsidio y los efectos económicos sobre el desarrollo de nuevas iniciativas renovables.

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