Colombia se prepara para una nueva subasta enfocada exclusivamente en proyectos de energías limpias, una convocatoria largamente esperada por el mercado y que podría marcar un punto de inflexión para reactivar el pipeline de inversiones.

«Se espera que la licitación se lance a principios de febrero del presente año», aseguraron fuentes cercanas al sector eléctrico en diálogo con Energía Estratégica.

Aunque se trata de una convocatoria anticipada desde octubre del año pasado, el proceso empieza a tomar forma concreta ahora y trae consigo una particularidad: se realizaría de manera simultánea con la subasta de cargo por confiabilidad.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya definió la convocatoria para la subasta de cargo por confiabilidad correspondiente al periodo 2029‑2030, cuya ejecución está programada para marzo de 2026 según el cronograma publicado por el administrador del sistema y que incluye etapas de presentación de garantías, ejecución de ofertas y publicación de resultados.

Esta coincidencia genera inquietudes entre actores del mercado energético, principalmente por la ausencia de lineamientos técnicos sobre cómo se vincularán ambas subastas, algo sin antecedentes en el esquema colombiano. Tampoco se ha definido aún cuánta capacidad se licitará ni bajo qué condiciones, lo que limita la preparación de los desarrolladores.

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Aunque se mantiene en fase de borrador, desde el sector indicaron que la articulación entre los mecanismos será clave para garantizar certidumbre y evitar superposiciones regulatorias, especialmente en un momento donde se espera que nuevos proyectos entren con urgencia al sistema.

Una señal de alarma es el nivel de cumplimiento de los objetivos gubernamentales: a fines de 2025, Colombia solo sumó 2000 MW de nueva capacidad renovable, frente a los 6000 MW comprometidos para el cierre de 2026. Ese rezago encendió alertas entre expertos del rubro, quienes advierten que el país podría enfrentar riesgos de abastecimiento eléctrico hacia 2027 si no se acelera la entrada de infraestructura.

Como parte de los esfuerzos para destrabar el avance de proyectos, el Ministerio de Minas y Energía y la UPME llevaron adelante una depuración de iniciativas sin avances reales, lo que permitió recuperar 5000 MW de capacidad disponible en la red eléctrica nacional. Esta cifra representa cerca del 25% del total instalado del país y deja margen operativo para que nuevos desarrollos puedan conectarse sin restricciones técnicas inmediatas.

Desde el entorno gubernamental afirmaron que la revisión de puntos de conexión permitió “abrir espacio para proyectos viables y con condiciones técnicas sólidas”. La medida busca reactivar el pipeline de inversiones, luego de años marcados por trabas normativas y retrasos de ejecución.

Lecciones recientes también influyen en el diseño de esta próxima convocatoria. En diciembre pasado se celebró la primera subasta eólica offshore del país, con una expectativa de asignar hasta 3 GW de capacidad en el mar Caribe. Sin embargo, solo se presentó una oferta. Fuentes cercanas al proceso reconocieron que el interés internacional existe, pero remarcaron que el mercado colombiano “aún no brinda garantías suficientes para concretar proyectos de gran escala”.

Esta experiencia dejó en evidencia que, sin reglas estables, acceso claro a la red y plazos realistas, el riesgo percibido continúa siendo alto. Por eso, la próxima subasta renovable deberá incorporar estos aprendizajes y establecer señales firmes para los inversores, ya que «el verdadero desafío estará en cómo se conjuguen las dos subastas previstas».

“Hay que revisar muy bien cómo encajan entre sí. Lo que se defina ahora marcará el rumbo de las inversiones para los próximos años”, aseguraron en conversación con este portal de noticias.

La expectativa es que el anuncio oficial se realice a más tardar en febrero y que las bases se publiquen de forma transparente para dar tiempo a los interesados de analizar riesgos, presentar propuestas y garantizar su participación.

Este proceso será un termómetro para medir el compromiso real del país con la transición energética, pero también una oportunidad para corregir cuellos de botella históricos que han demorado el despliegue de energías limpias en un sistema que aún depende fuertemente de la hidroelectricidad.

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