El proyecto de decreto que crea la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica) despertó reacciones en la industria y entre analistas. La norma propone un régimen diferencial para proyectos eólicos de entre 10 y 100 MW, con plazos reducidos, criterios claros de localización y exigencias tecnológicas.

Mientras el Gobierno lo presenta como un instrumento para destrabar inversiones, las voces del sector coinciden en que es una señal positiva, aunque con riesgos y ajustes necesarios.

Para Hemberth Suárez Lozano, abogado de OGE Energía, la iniciativa responde a los cuellos de botella acumulados: demoras ambientales, tensiones sociales y brechas de red que frenaron la cartera de proyectos y minaron la confianza inversora.

A su juicio, la LAEólica es lo que el sector estaba esperando: “reglas claras, estudios acotados y plazos definidos son el tipo de señal que pedía la industria para ejecutar CAPEX”.

En diálogo con Energía Estratégica, el abogado señaló que el texto debería precisar aspectos claves como el alcance del diagnóstico que entregará la ANLA junto con los Términos de Referencia y la vigencia exacta de estos, a la par que planteó la necesidad de un cronograma y metodología para la actualización de los cobros de la autoridad.

Asimismo, subrayó como positiva la decisión final en un plazo máximo de quince días tras la información adicional, la simplificación de trámites para mejoras tecnológicas y la posibilidad de que la compensación biótica se materialice a través de Comunidades Energéticas, “alineando licencia y valor social”.

Sectores como la autogeneración a gran escala en cementeras, minería, oil & gas, química e industrias con esquemas PPA, así como portafolios híbridos eólica-solar-almacenamiento, se verán especialmente beneficiados. “La gestión social será el paso clave”, advirtió.

Desde una óptica más crítica, un ensayo técnico-jurídico elaborado por el equipo de Óptima Consultores plantea dudas sobre la arquitectura normativa.

El documento reconoce que el decreto se asienta en un marco habilitante claro y que la estandarización de criterios ambientales aporta seguridad, pero advierte que la compresión extrema de los plazos podría tensionar el debido proceso y aumentar la litigiosidad.

“La racionalización de términos transmite el mensaje de agilidad, pero en expedientes complejos puede acrecentar riesgos de decisiones litigiosas si la capacidad instalada de la ANLA no acompaña el calendario”, menciona el ensayo.

También observa que los criterios espaciales, aunque prudentes para reducir riesgos de colisión y barotrauma en fauna, podrían empujar proyectos tierra adentro, encareciendo los costos de conexión.

Respecto a la línea base, alerta sobre el riesgo de subdetección al permitir solo una campaña de monitoreo antes de la construcción, lo que podría ser insuficiente para especies migratorias.

Aunque coincide con el abogado de OGE Energía, indicó sobre la gestión social que, al no estar anclada al Plan de Manejo Ambiental, puede debilitar su ejecutabilidad y trazabilidad.

“Resultaría más robusto anclar la Estrategia de Gestión Social en obligaciones con metas, cronogramas y medios de verificación”, manifestaron los expertos.

Otro de los puntos críticos son las «inconsistencias de técnica legislativa en el borrador»: referencias cruzadas a capítulos distintos, menciones a LASolar en lugar de LAEólica y la inclusión de proyectos solares en artículos dedicados a reservas forestales, lo que genera inseguridad jurídica.

Concluyen que el decreto es un paso en la dirección correcta, pero que necesita ajustes de precisión normativa, cláusulas de monitoreo estacional y un fortalecimiento de la capacidad de la ANLA para que la celeridad no sacrifique la suficiencia probatoria ni la confianza en los territorios.

El debate está abierto hasta el 15 de septiembre de 2025, fecha límite del plazo de consulta pública fijado por el Ministerio y el desenlace definirá si este decreto se convierte en catalizador de la transición o en fuente de nuevas controversias.

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