El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorrió el jueves pasado junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, las plantas de Petro Independencia y Petropiar, empresas conjuntas entre Chevron y PDVSA, ubicadas en la Faja del Orinoco.
La CNN informó que durante la visita las banderas de EE.UU. y Venezuela se izaron lado a lado, y Rodríguez, quien se mostró sonriente junto al funcionario, sostuvo varias conversaciones en inglés, idioma que domina por haber estudiado en el Reino Unido, pero que por años se negó a usar públicamente por razones políticas.
Antes de partir, le preguntaron a Wright por Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero por un grupo comando de Estados Unidos y detenido en Nueva York. “Eso es historia. Se trata de seguir adelante. En estas primeras cinco semanas tuvimos un gran comienzo y el futuro creo que es brillante”, respondió.
La visita de Wright ratificó el giro que viene llevando adelante Venezuela desde que Rodríguez aceptó hacerse cargo del gobierno. En una entrevista con la NBC emitida también el jueves pasado ella insistió con que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, pero como anticipó Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el día después de la captura del líder venezolano, lo que hace la administración de Donald Trump es evaluar lo que Delcy Rodríguez hace, más allá de lo que pueda llegar a decir públicamente.
En declaraciones a Bloomberg TV, Wright afirmó que la producción petrolera venezolana, que actualmente ronda el millón de barriles diarios, podría «crecer entre un 30% y un 40% en un año”. David Goldwyn, exdiplomático de Energía del Departamento de Estado de EE. UU. se mostró un poco más conservador y dijo a Reuters que se podría lograr un aumento del 30% en la producción en un plazo de 12 a 18 meses, pero solo si se cumplen ciertas condiciones, como un entorno político estable, contratos competitivos para acuerdos de producción compartida y la cooperación de la petrolera estatal PDVSA.
A comienzos de enero, el ex ejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, aseguró a EconoJournal: «Venezuela puede volver a producir 1,5 millones de barriles por día en unos 18 meses —o menos— con una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero pasar de ahí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que reparar y expandir infraestructura. Venezuela tiene 38 millones de barriles de capacidad de almacenamiento y solo el 40% es usable. El problema se traslada del subsuelo a la superficie.
La principal medida que ha tomado hasta ahora el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, es la reforma de la ley de Hidrocarburos, que tuvo como contraparte la flexibilización del bloqueo petrolero por parte de la administración Trump.
Reforma de la Ley de Hidrocarburos
El Ejecutivo presentó y la Asamblea Nacional aprobó a fin de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a mayor participación privada y extranjera, rompiendo el monopolio exclusivo de PDVSA y permitiendo contratos más flexibles e incentivos fiscales para inversiones. El debate sobre la ley fue rápido, tal como lo exigió Estados Unidos.
Antes de la reforma, el capital extranjero solo podía participar en la producción petrolera venezolana a través de empresas mixtas en las que el gobierno conservaba la propiedad mayoritaria y el control operativo. Ahora las empresas extranjeras pueden participar directamente en las actividades primarias del sector –exploración, extracción, transporte y almacenamiento– mediante contratos con el Estado sin tener que crear necesariamente empresas mixtas donde el Estado sea socio mayoritario.
Aunque la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo estatal, las empresas privadas pueden operar campos petroleros por su cuenta, asumir riesgos y gestionar inversiones de manera más autónoma.
Otro cambio específico se centra en la comercialización del crudo. Anteriormente, solo PDVSA podía gestionar las ventas. Ahora, las empresas privadas pueden realizar la comercialización directa y administrar los ingresos a través de cuentas bancarias en el extranjero.
La reforma incluyó también un tope de 30% a las regalías, incentivos fiscales para inversores y una cláusula que permite la resolución de controversias a través de arbitrajes internacionales y mediación, siendo que antes solo era posible a través de los tribunales venezolanos.
Flexibilización del bloqueo petrolero estadounidense
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó el martes 10 de febrero las operaciones vinculadas al sector energético y logístico de Venezuela a través de las licencias generales 46A, 48 y 30B.
- La Licencia General 46A autoriza a determinadas empresas estadounidenses a participar en la comercialización, transporte y refinación de petróleo de origen venezolano, incluso cuando intervengan PDVSA o entidades controladas por la firma estatal.
- La Licencia General 48 habilita la provisión desde Estados Unidos de bienes, tecnología y servicios para la exploración, desarrollo, producción y mantenimiento de operaciones de petróleo y gas en Venezuela.
- La Licencia General 30B autoriza transacciones indispensables para la operación y el uso de puertos y aeropuertos venezolanos.
Los acuerdos con el régimen venezolano o con PDVSA deben regirse por leyes estadounidenses y cualquier controversia debe resolverse en tribunales de Estados Unidos. Además, todo pago debe canalizarse a cuentas especiales bajo control del gobierno estadounidense.
En el caso del comercio de petróleo venezolano hacia terceros países, las empresas deberán presentar reportes detallados al gobierno de Trump sobre las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos finales y cualquier pago realizado al Estado venezolano.
El texto excluye operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, y prohíbe transacciones con empresas de Venezuela o de Estados Unidos que estén controladas por compañías chinas.
Está claro que las condiciones las impone Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez se limita a obedecer.
Wright declaró en una entrevista a la NBC el jueves que Washington controlará las ventas y el flujo de fondos hasta que se establezca “un gobierno representativo en Venezuela” y agregó que las elecciones libres se celebrarían antes del final del segundo gobierno de Trump.
Promesas de inversión
Ya con la reforma de la ley de Hidrocarburos vigente y la flexibilización del bloqueo por parte de Estados Unidos, Wright y Rodríguez acordaron el miércoles pasado en el Palacio Miraflores avanzar en una “asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética”. Analizaron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, aunque no precisaron plazos.
Luego volaron a la Faja del Orinoco, una extensa franja territorial del este de Venezuela que concentra una de las mayores acumulaciones de crudo extrapesado del mundo. Wright recorrió Petropiar y prometió que “se invertirán más de US$ 100 millones para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento de esta instalación”, operada en conjunto por Chevron y PDVSA. “Están en camino de duplicar la producción en ese campo en los próximos 12 a 18 meses y probablemente quintuplicarla en los próximos cinco años”, agregó Wright.
“Este es el camino a seguir. Este es el camino de la cooperación, y es la agenda para una asociación productiva a largo plazo”, declaró Rodríguez a la CNN. “Chevron ha estado aquí por cien años, y están haciendo un trabajo fantástico”, agregó.
, Fernando Krakowiak
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