Colombia avanza hacia la consolidación de un modelo energético más descentralizado y participativo. A la par del lanzamiento de la primera convocatoria nacional para financiar comunidades energéticas innovadoras —con una inversión de $11000 millones—, expertos en regulación y actores del sector analizaron los retos normativos y las oportunidades de asociación público-comunitaria que se abren en el país.

Durante un reciente foro organizado por el gobierno nacional, especialistas en derecho energético y representantes de proyectos piloto resaltaron que la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) y el Decreto 2236 de 2023 habilitaron por primera vez a las comunidades energéticas como actores formales en el sistema.

Estas figuras no solo pueden generar y usar energía limpia, sino también gestionar proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que representa una innovación clave para las zonas rurales y no interconectadas.

“Las comunidades no tienen que limitarse a ser beneficiarias: ahora pueden ser socias en APPs, lo que les garantiza apropiación tecnológica y sostenibilidad en el largo plazo”, explicó uno de los ponentes.

Un punto central es que los activos construidos en este tipo de proyectos no están sujetos a reversión al Estado, lo que permite que la infraestructura quede en manos de las comunidades.

La convocatoria lanzada por MinCiencias, MinEnergía y Ecopetrol busca seleccionar cuatro proyectos piloto, dos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y dos en Zonas No Interconectadas (ZNI), con resultados previstos para marzo de 2026. Estas iniciativas deberán enfocarse en mejorar el acceso a la energía, reducir costos y fomentar la equidad territorial.

Los panelistas subrayaron la importancia de mirar modelos internacionales como el de Chile, con sus estrategias energéticas locales apoyadas por gobiernos municipales, o los de Alemania y España, donde las cooperativas energéticas y los esquemas de servicios energéticos (ESCO) han permitido que los ciudadanos sean dueños de parte de la infraestructura.

“Si bien Colombia apenas está construyendo su camino, ya tenemos las bases normativas para replicar estas experiencias y adaptarlas a nuestra realidad regional”, se destacó durante el evento.

El reto de las renovables para el desarrollo local

A pesar del avance regulatorio y del entusiasmo oficial, el sector empresarial solar pide mayor apertura en estos procesos. Miguel Hernández, director de ACOSOL, advirtió que históricamente estas convocatorias tienden a favorecer a los grandes jugadores.

“Las pymes del sector no logran participar porque las licitaciones quedan siempre en manos de los mismos. Cuando los proyectos son de $50000 o $60000 millones, ninguna empresa emergente puede competir”, señaló en diálogo con Energía Estratégica.

Incluso, anteriormente, ACOSOL logró que el Ministerio dividiera la licitación en lotes más pequeños, lo que permitió que varias empresas nacionales ingresaran a competir. “Eso fue un avance, pero necesitamos que esa lógica se mantenga en las nuevas convocatorias para garantizar inclusión y desarrollo empresarial local”, agregó.

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