Panamá presentó una nueva hoja de ruta para su sistema eléctrico basada en contratos de largo plazo, con precios fijos y condiciones reguladas. El objetivo es reducir la dependencia del mercado spot, evitar picos tarifarios e introducir mayor previsibilidad en la expansión de la matriz energética.

El esquema será ejecutado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), con el aval de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y bajo lineamientos definidos por la Secretaría Nacional de Energía. En total se contemplan cuatro licitaciones: dos en 2026, una en 2027 y otra en 2028.

El proceso comenzará con la licitación LPI ETESA 01-25, postergada para marzo de 2026. Incluirá contratos por 20 años para proyectos eólicos e hidroeléctricos nuevos, 10 años para energía y potencia de plantas existentes y 12 años para unidades térmicas reconvertidas. Además, se permitirá que otras plantas térmicas ofrezcan respaldo al sistema bajo condiciones reguladas, aunque no hayan sido reconvertidas.

La propuesta forma parte del Plan Energético Nacional 2025–2050, que devuelve al Estado su rol planificador. Este marco no solo busca acelerar la incorporación de renovables, sino también mejorar la seguridad operativa del sistema con respaldo térmico flexible. En la práctica, se espera una reducción de la exposición a precios variables del mercado y una mejora en la eficiencia económica del sistema.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, explicó que la estrategia parte de una lógica técnica, sin margen para decisiones coyunturales: “No podemos seguir apostando al mercado spot ya que es volátil y la única forma de garantizar estabilidad en las tarifas es con contratos firmes y planificados”.

El nuevo diseño contractual responde también a experiencias recientes. En 2023, Panamá pospuso una licitación renovable para revisar condiciones que excluían tecnologías de generación variable, como la eólica. Ese proceso derivó en ajustes normativos que ahora se consolidan en un esquema de largo plazo más previsible.

El rediseño contempla contratos sin indexación y con precios fijos, lo que permite a los desarrolladores estructurar proyectos con mayor claridad financiera. Al evitar la volatilidad del mercado spot, el Estado busca proteger a los usuarios regulados de aumentos abruptos en la tarifa.

Otro componente clave es la reconversión de plantas térmicas, que aportarán respaldo rápido al sistema y cubrirán picos de demanda o situaciones de emergencia. Estas unidades, al funcionar bajo esquemas regulados y predefinidos, aportarán flexibilidad sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

La estrategia mantiene una visión de cobertura nacional. Aunque podrían exportarse excedentes de energía, el diseño prioriza el abastecimiento interno.

“El objetivo es nacional. Si hay excedentes, podrían exportarse siempre y cuando se atienda la demanda nacional primero, pero ese no es el propósito principal”, aclaró Rodríguez.

Todo el proceso está regido por reglas uniformes, transparencia técnica y sin espacio para adaptaciones ad hoc. Según el secretario, esa es la única forma de lograr una política energética que brinde estabilidad real al sector.

“La meta es asegurar confiabilidad, cobertura e impacto positivo en la tarifa, sin improvisaciones”, concluyó.

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