Puerto Rico enfrenta un desfase técnico en su planificación energética. Aunque el Plan Integrado de Recursos (PIR) fue aprobado en 2020 por el Negociado de Energía, su proceso de revisión aún no ha culminado. Esta demora, lejos de ser un asunto burocrático, representa un freno estructural para la toma de decisiones estratégicas en el sistema eléctrico de la isla.
“De hecho, existe un PIR aprobado”, explica Luis Avilés, experto del sector energético. “El Negociado de Energía emitió la Resolución Final y Orden en agosto de 2020, aprobando el PIR propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), estableciendo un horizonte de planificación de 20 años”, señala. Sin embargo, ese plan hoy opera con información que ya no refleja las condiciones técnicas, regulatorias ni económicas del sistema actual.
“Aunque el plan existe, está en proceso de revisión, y dicha actualización aún no se ha culminado”, advierte. Esto significa que la planificación y ejecución de infraestructura energética —incluyendo generación, almacenamiento y distribución— se está realizando con un marco de referencia potencialmente obsoleto. “Las decisiones estratégicas siguen operando bajo parámetros que podrían ya estar desfasados o ser objeto de revisión”, puntualiza Avilés.
Este desfase técnico tiene consecuencias prácticas. El PIR aprobado contempla seis rondas de subastas (Tranche 1 a Tranche 6) para proyectos solares a gran escala con almacenamiento. “El Tramo 1 ya se adjudicó, y el Tramo 2 está en proceso”, detalla. Pero en ausencia de un plan actualizado, “se introducen dudas sobre si los requisitos establecidos siguen siendo válidos o si podrían cambiar”, lo que genera un entorno de alta volatilidad regulatoria.
La falta de claridad en los criterios técnicos y regulatorios impacta directamente en el costo y riesgo de los proyectos. “Esto complica la toma de decisiones de los desarrolladores, encarece el financiamiento, y puede incluso provocar que algunos actores se retiren o se abstengan de participar en las rondas futuras”, advierte. En un contexto de transición energética acelerada, la falta de precisión y coherencia en la planificación impone sobrecostos innecesarios.
El retraso estructural también genera tensiones con otras piezas normativas, como la Ley 10 de 2021, que regula el esquema de medición neta. “Una modificación sustancial de la Ley 10 sería percibida como una ruptura del marco de confianza que se ha construido en torno a la generación distribuida”, señala Avilés. La conjunción de un PIR desactualizado y la amenaza a este régimen crea un doble factor de riesgo.
“Si se eliminan o degradan los beneficios actuales —por ejemplo, reduciendo el valor del crédito o imponiendo cargos punitivos— se desincentiva de inmediato la adopción de energía solar”, alerta. Esto contradice las metas de resiliencia y descarbonización, pero además distorsiona las decisiones de política pública, que deberían estar guiadas por información técnica actualizada.
El resultado es un mercado ralentizado por la falta de sincronía normativa. Según Avilés, “muchos consumidores y empresas instaladoras están en una especie de pausa estratégica, esperando claridad antes de asumir nuevos compromisos”. Esta inacción se da en el segmento más dinámico del ecosistema renovable: la energía solar distribuida, clave para aliviar la carga de la red centralizada.
La solución, plantea Avilés, comienza con una reafirmación del compromiso institucional. “Lo que se espera es coherencia y firmeza. Que el Gobierno reafirme públicamente su compromiso con los objetivos establecidos en el PIR vigente”, señala. Asimismo, subraya la necesidad de cerrar el proceso de revisión del PIR “con plena transparencia, participación ciudadana y rigor técnico”.
También destaca el rol del sistema judicial como garante de la estabilidad regulatoria. “Se espera que actúe como garante del Estado de Derecho, interviniendo cuando se intenten violar derechos adquiridos, el debido proceso, o el mandato legal de transición energética”, puntualiza.
En lo que queda del año, el sector espera definiciones concretas: “Se espera que el Negociado de Energía publique el PIR actualizado, integrando las nuevas realidades del sistema eléctrico y del mercado global de energías renovables”, sostiene Avilés. Además, se aguarda la finalización del Tramo 2 y la convocatoria del Tramo 3.
Ya con vista al próximo año, hay perspectivas de avance si se logra resolver este bloqueo estructural. “La expectativa es que comience la construcción efectiva de proyectos a gran escala, tanto en generación como en almacenamiento”, indica. También se anticipa impulso a proyectos de “microredes, resiliencia comunitaria, y eficiencia energética”.
Pero Avilés es claro al trazar el límite: “Todo esto dependerá, claro está, de que no se desmantelen los pilares legales que han hecho posible este avance”, concluye.
La entrada Demoras en la planificación energética encarecen la transición renovable en Puerto Rico se publicó primero en Energía Estratégica.
