El litigio por la expropiación de YPF sumó un giro decisivo. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender todas las demandas y procedimientos contra Argentina hasta que se resuelva la apelación de fondo.

La medida congela el discovery, los pedidos de sanciones y cualquier intento de embargo, y marca el primer freno procesal significativo desde que la jueza Loretta Preska dictó la condena multimillonaria en 2023.

El conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de YPF, entonces en manos de Repsol. La operación se realizó bajo la Ley de Expropiación y el estatuto de la compañía, que exige una oferta pública de adquisición cuando un actor privado toma el control.

Argentina sostuvo desde el inicio que esa obligación no aplica a un Estado expropiante, pero los fondos Petersen y Eton Park —cuyos derechos litigiosos terminaron en manos de Burford Capital— llevaron el caso a Nueva York y reclamaron que la falta de OPA generó un daño millonario.

En 2023, Preska falló a favor de los demandantes y fijó una indemnización que podía superar los USD 16.000 millones. Argentina respondió con una apelación de fondo que cuestiona la aplicación del derecho argentino, la jurisdicción elegida, la metodología de valuación y el alcance del discovery. Ese recurso es el que ahora analiza la Cámara y el que motivó la suspensión total del proceso.

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Mientras la apelación avanzaba, los demandantes impulsaron un discovery agresivo que incluía pedidos de información sobre funcionarios, comunicaciones diplomáticas y activos soberanos. La Procuración del Tesoro denunció que esas medidas eran desproporcionadas y podían generar daños irreversibles.

La discusión escaló cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino con un memorándum inusual: respaldó la posición argentina y advirtió que el discovery planteado era demasiado invasivo y podía afectar principios de cortesía internacional.

Con ese apoyo, Argentina solicitó la suspensión completa del proceso. La Cámara aceptó y ordenó frenar todo hasta que se resuelva la apelación de fondo. La decisión no modifica la sentencia, pero sí altera el equilibrio del caso. Por primera vez desde el fallo de Preska, el proceso deja de avanzar en una sola dirección y reconoce que los argumentos argentinos merecen un análisis profundo.

Desde la lectura político–institucional, la medida implica un cambio de escenario. Argentina gana tiempo, reduce el riesgo inmediato de embargos y recupera margen de maniobra. Los demandantes pierden velocidad y capacidad de presión. Y el respaldo del Departamento de Justicia confirma que el caso dejó de ser un litigio comercial para convertirse en un asunto con implicancias diplomáticas.

El próximo paso será la resolución de la apelación de fondo. Allí se definirá si la sentencia se confirma, se modifica o se revierte. Pero la suspensión total ya es un dato político en sí mismo: por primera vez en años, el tablero procesal dejó de estar inclinado en una sola dirección.

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