La Secretaría de Energía de Argentina definió,  a través de la Resolución 311/2025, las primeras tres obras de transmisión que serán concesionadas al sector privado bajo un modelo de licitación nacional e internacional para empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos.

Una de las obras seleccionadas es AMBA I, con más de 500km de infraestructura que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país, donde se concentra el 40% de la demanda de energía nacional.

La segunda obra es la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE.

Mientras que la tercera infraestructura seleccionada es la línea de transmisión 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Dichos proyectos forman parte del recientemente lanzado megaplan de 16 obras prioritarias por más de 5600 kilómetros de líneas de transporte eléctrico en 132 y 500 kV, destinadas a aliviar cuellos de botella y evitar cortes en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

A diferencia de los modelos anteriores, el nuevo esquema se basa en un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado.

Es decir que, tal como anticipó Energía Estratégica (ver nota), los proyectos se financiarán y ejecutarán por players privados, sin costo para el Estado, y se solventarán mediante el pago de un concepto tarifario por parte de los usuarios por los usuarios del servicio público de transporte de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que sean beneficiados con esta nueva infraestructura.

El oferente que gane la licitación podrá recuperar la inversión recién cuando la obra esté concluida y en funcionamiento. Y cumplido el período contractual de operación y mantenimiento de las obras de ampliación, el concesionario deberá transferir a valor cero las instalaciones construidas al Estado Nacional y su operación y mantenimiento podrá asignarse por el Concedente al Transportista de cuyo sistema es parte integrante la ampliación en cuestión.

Si bien aún no hay fechas definidas, el documento aclara que la Secretaría de Energía de la Nación determinará el momento y la secuencia de los llamados a licitación de cada las obras mencionadas.

Mientras que la prioridad de despacho y/o la prioridad de uso de la capacidad disponible frente a terceros otorgada a favor del adjudicatario podrá ser cedida en forma total o parcial a favor de terceros que sean agentes o participantes del MEM.

“Solicitud de prioridad de uso de la capacidad disponible frente a terceros de hasta el 90% de la capacidad de transporte a construir, durante un período que no podrá exceder la vida útil del proyecto de demanda asociado, circunstancia que deberá ser acreditada por el/los Comitente/s del Contrato COM. En casos excepcionales, debidamente justificados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) podrá considerar la solicitud de prioridad de uso de la capacidad disponible frente a terceros, de más del 90% de la capacidad de transporte a construir”, detalla la Resolución 311/25.

Mientras que para las ampliaciones de transporte asociadas a proyectos del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), la reserva de prioridad de despacho frente a terceros tendrá un plazo total de vigencia de 10 años consecutivos. 

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