El Gobierno de Argentina no proyecta actualizar la Ley N° 27191, la norma que establece que al 31 de diciembre de 2025 las energías renovables deben alcanzar una participación de, al menos, 20% en la cobertura de la demanda eléctrica. 

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, sostuvo que los actores de diversas entidades de la industria energética no reclaman nuevos incentivos, sino certeza regulatoria, estabilidad normativa y macroeconómica. 

“La ley de energías renovables ha sido muy exitosa y ha permitido que las renovables representen cerca del objetivo previsto del 20%. Sin embargo, cuando hablamos con players del sector sobre cómo seguir, no nos piden incrementar el objetivo ni beneficios fiscales, sino que solicitan seguridad jurídica, estar seguros que no cambien las reglas bajo las cuales invirtieron”, expresó. 

Los datos oficiales muestran que en 2024 el promedio anual de abastecimiento de la demanda eléctrica con fuentes renovables fue del 16,5%, incluso por debajo del mínimo esperado para fines de 2023. 

Es decir que, a pesar de algunos picos superiores al 20% en los últimos meses del año, los objetivos aún no se han alcanzado. Aun así, el Ejecutivo considera que la mejor manera de atraer inversión no es con una nueva ley, sino cumpliendo la vigente.

“Desde el Gobierno creemos que debemos generar condiciones para que el sector privado pueda desarrollar las oportunidades y los recursos”, remarcó el funcionario durante un evento organizado por el gobierno de Chubut.

La estrategia oficial pasa por fortalecer la institucionalidad legal antes que modificarla, a fin de que la seguridad jurídica se gane en el tiempo cumpliendo las leyes. 

“Vemos con satisfacción la inflación en los niveles que está y que seguirá bajando, un tipo de cambio estable, riesgo país en mínimos que no veíamos hace años, la vuelta del crédito. Además, el sector energético privado es muy pujante y con las condiciones apropiadas, seguirá invirtiendo y creciendo”, confió el secretario, que remarcó la importancia de garantizar previsibilidad como condición para el desarrollo.

Un nuevo ciclo de inversiones: hidroeléctricas y transmisión

Más allá que González no ve claro la actualización de los objetivos de la ley N° 27191, el Gobierno avanza en iniciativas concretas que apuntan a dinamizar la inversión. “En pocos días lanzaremos la licitación para la concesión de cuatro centrales hidroeléctricas en Comahue, cuya concesión venció en 2024”, anticipó González.

A eso se suma un plan de inversiones en 16 obras prioritarias de transmisión eléctrica en 132 y 500 kV, que suman 5610 kilómetros de nuevas líneas en alta tensión. 

Las mismas serán llevadas adelante por el sector privado a través del mecanismo de concesión de obra y se solventarán mediante el pago de un concepto tarifario por parte de los usuarios por los usuarios del servicio público de transporte de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que sean beneficiados con esta nueva infraestructura.

El primer proyecto será AMBA I, al que seguirán nuevas etapas. “Vemos que el sector privado reacciona y lo veremos en transmisión eléctrica, también cuando privaticemos Transener y en la licitación de las centrales hidroeléctricas”, concluyó el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación

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