Costa Rica consolida su transición energética con una hoja de ruta que prioriza la expansión solar, el almacenamiento en baterías y nuevas condiciones para la generación distribuida, todo en un contexto de planificación firme, regulación técnica y una alta participación del sector privado.
Pablo Bermúdez Vives, asesor en Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), informó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), junto a privados habilitados por la Ley 7200, proyectó 270 MW solares, 122 MW eólicos y 20 MW de biomasa entre 2025 y 2027. “Cinco proyectos fotovoltaicos por un total de 86 MW ya fueron adjudicados”, remarcó Bermúdez.
Uno de los pilares estructurales de la estrategia fue el almacenamiento en red, con una primera meta de 120 MW de baterías de 4 horas, previstas por el Plan de Expansión de la Generación 2024 (PEG-ICE). “Existió la posibilidad de ingresar el primer bloque entre 2028 y 2029, dependiendo del avance en la planta Moín y de la nueva ola solar y eólica”, sostuvo el asesor. Este despliegue buscó amortiguar la variabilidad renovable y reducir los costos operativos.
La bioenergía también se posicionó en la agenda, con propuestas vinculadas al uso de biomasa, biogás, biometano y residuos como insumos energéticos. “Se promovió activamente el uso de fuentes renovables no convencionales, incluyendo biocombustibles líquidos”, agregó el funcionario.
Apertura al sector privado y avances para 2025
El diseño del sistema permitió al sector privado acceder a oportunidades tanto en generación como en infraestructura. “Pudieron participar en contratos PPA bajo la Ley 7200, licitaciones de ingeniería en SICOP, desarrollar autoconsumo industrial, ofrecer almacenamiento detrás del medidor y desplegar puntos de recarga eléctrica”, detalló Bermúdez.
Asimismo, las cooperativas eléctricas continuaron desplegando generación distribuida (DER) en sus redes, apoyadas por metodologías actualizadas por ARESEP y procedimientos definidos en el POASEN. En este sentido, la regulación técnica evolucionó para facilitar la integración de más renovables variables.
En 2024, ARESEP ajustó los cargos de acceso para sistemas distribuidos, y el Decreto 43879-MINAE estableció nuevas reglas para modalidades con o sin inyección de excedentes, con un límite de 5 MW por sistema. “Se avanzó en habilitar mejores condiciones de conexión y operación para las nuevas tecnologías”, afirmó Bermúdez.
La agenda 2025 se proyectó con hitos clave: entrada en operación de proyectos solares y eólicos adjudicados, refuerzo de la infraestructura de recarga pública, alianzas con comercios y hoteles, y nuevas contrataciones tecnológicas por parte del ICE, incluyendo baterías y EPC de plantas solares. Todo esto mientras se consolidan definiciones operativas del POASEN para mejorar la conexión de renovables y almacenamiento a media y alta tensión.
“Costa Rica tomó decisiones desde hoy para sostener su liderazgo energético mañana. Lo hizo con planificación, regulación técnica y una visión clara sobre qué tecnologías desplegar, cuándo y dónde”, concluyó Bermúdez.
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